Los colectivos vecinales de Marbella vuelven a la carga contra las construcciones ilegales levantadas en los últimos años. Ayer, los miembros de la asociación Arroyo Guadalpín se concentraron en las obras de Jardines del Príncipe, un complejo de 89 apartamentos de lujo cuya licencia ha sido anulada por una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), para denunciar que la inmobiliaria Kristina Szekely continúa comercializando este inmueble. La portavoz de este movimiento vecinal, Mercedes Vázquez, señaló que los colaboradores de la agencia siguen "acompañando a los interesados" hasta la misma promoción y que, además, "les tratan de convencer de que compren ahora porque los pisos están baratos", ya que en cuanto se legalice su situación "subirán mucho de precio".
Vázquez explicó que Jardines del Príncipe sólo podría regularizarse en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) si se demuele el 60 por ciento de las obras ejecutadas, porque el documento redactado por Manuel González Fustegueras establece que en la parcela sólo se puede mantener una edificación de planta baja más dos, algo que dista mucho de las seis que existen actualmente.
Además, los vecinos se quejan de que desde la inmobiliaria "se atrevan a asegurar" que "ya está todo pactado con el Ayuntamiento", por lo que la legalización de estos dos bloques de apartamentos será "inmediata" a la aprobación del nuevo PGOU.
Ante estas informaciones, la asociación Arroyo Guadalpín ha solicitado una reunión con la alcaldesa, Ángeles Muñoz, y la concejala de Urbanismo, Alba Echeverría, en la que le exigirán "una respuesta pública" sobre la postura que mantiene el equipo de gobierno con esta promoción que obtuvo la licencia de obras en junio de 1999.
Además, van a pedirle a Muñoz que ejecute la demolición completa de esta construcción, tal y como se contempla en la sentencia del TSJA de 2005 donde se insta al Ayuntamiento a que restituya la parcela a su estado original.
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