El concejal de Urbanismo la culpa de mantener frenadas viviendas en Trinidad-Perchel, en áreas concertadas del Centro, Lagar de Oliveros y en Sánchez Blanca
El gobierno municipal del Ayuntamiento de Málaga ha decidido meter presión a los responsables de la Junta de Andalucía en materia de construcción de viviendas protegidas (VPO). Acusa al Ejecutivo de Manuel Chaves de ser el único responsable en el retraso en la construcción de VPO en la capital malagueña.Los populares han tomado la iniciativa en este sentido y en el pleno municipal de hoy presentarán una propuesta en la que reclamarán a la Junta de Andalucía "el desbloqueo de unas 5.000 viviendas de protección que en la actualidad están frenadas por el Gobierno andaluz", según explicó ayer el concejal de Urbanismo, Manuel Díaz. Manuel Díaz se refirió a las 1.100 viviendas de la urbanización Sánchez Blanca, "bloqueadas desde hace dos años a la espera de que la Junta apruebe de manera definitiva el plan de sectorización del sector". Otras 2.500 en la zona de Lagar de Oliveros, donde la Junta "debe aprobar de manera definitiva la modificación de elementos del PGOU que desarrolle esos suelos". En tercer lugar, hay más de mil viviendas pendientes de ser desarrolladas por la Junta en Trinidad-Perchel, "donde tiene más de 200 solares disponibles". Por último, la Junta "mantiene frenadas" viviendas en las tres áreas de rehabilitación concertadas del Centro Histórico, según indicó el concejal. "Todo ello pone de manifiesto que la Junta de Andalucía no tiene ningún interés en impulsar viviendas protegidas en Málaga, donde en los últimos años sólo ha hecho 36" explicó Díaz. El Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) ha impulsado en la última legislatura la construcción de 4.812 viviendas, de las que se han entregado 1.530, están en construcción 1.882 y en proyecto 1.400.El concejal argumentó que tanto el Pacto por la Vivienda que promueve el presidente de la Junta de Andalucía, como el plan estratégico sobre el mismo tema, presentado por el grupo socialista, "son una falsedad y un auténtico brindis al sol, pues se demuestra que interés en la vivienda protegida no tienen ninguno".También urgió a que se agilizaran los planes de desarrollo para la regeneración de las áreas concertadas del Centro Histórico donde hay previstos cerca de 800 pisos, especialmente para jóvenes.La respuesta a estas acusaciones fue inmediata por parte de la delegada de Obras Públicas de la Junta, Josefa López, que quiso "desmontar" los argumentos municipales. Negó que el expediente de la zona de Sánchez Blanca esté pendiente de resolver por la Junta. "Al contrario, en octubre pasado le enviamos un requerimiento para que subsanaran una documentación y aún estamos esperando su respuesta, mientras el expediente está lógicamente parado. Por tanto, en este asunto la pelota está en el tejado del alcalde". Informes. Más claro está para la delegada de Obras Públicas el caso de Lagar de Oliveros. El Ayuntamiento inició una modificación de elementos del PGOU y acordó la aprobación inicial del mismo. "Pero el documento con la aprobación inicial aún no ha llegado a Obras Públicas, por tanto, es imposible que tengamos bloqueada la fase siguiente que es la aprobación provisional".Por su parte, el delegado de Medio Ambiente, Ignacio Trillo, aclaró que el documento de aprobación inicial sí ha llegado a su delegación, pero ahora debe cumplimentarse con varios informes sectoriales como un mapa de ruido, una modificación de una parte del terreno por ser zona inundable y otro elemento que la Junta rechaza, como es que el exceso de edificabilidad lo compense Urbanismo incluyendo como parte del terreno el antiguo vertedero de Los Asperones.
El gobierno municipal del Ayuntamiento de Málaga ha decidido meter presión a los responsables de la Junta de Andalucía en materia de construcción de viviendas protegidas (VPO). Acusa al Ejecutivo de Manuel Chaves de ser el único responsable en el retraso en la construcción de VPO en la capital malagueña.Los populares han tomado la iniciativa en este sentido y en el pleno municipal de hoy presentarán una propuesta en la que reclamarán a la Junta de Andalucía "el desbloqueo de unas 5.000 viviendas de protección que en la actualidad están frenadas por el Gobierno andaluz", según explicó ayer el concejal de Urbanismo, Manuel Díaz. Manuel Díaz se refirió a las 1.100 viviendas de la urbanización Sánchez Blanca, "bloqueadas desde hace dos años a la espera de que la Junta apruebe de manera definitiva el plan de sectorización del sector". Otras 2.500 en la zona de Lagar de Oliveros, donde la Junta "debe aprobar de manera definitiva la modificación de elementos del PGOU que desarrolle esos suelos". En tercer lugar, hay más de mil viviendas pendientes de ser desarrolladas por la Junta en Trinidad-Perchel, "donde tiene más de 200 solares disponibles". Por último, la Junta "mantiene frenadas" viviendas en las tres áreas de rehabilitación concertadas del Centro Histórico, según indicó el concejal. "Todo ello pone de manifiesto que la Junta de Andalucía no tiene ningún interés en impulsar viviendas protegidas en Málaga, donde en los últimos años sólo ha hecho 36" explicó Díaz. El Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) ha impulsado en la última legislatura la construcción de 4.812 viviendas, de las que se han entregado 1.530, están en construcción 1.882 y en proyecto 1.400.El concejal argumentó que tanto el Pacto por la Vivienda que promueve el presidente de la Junta de Andalucía, como el plan estratégico sobre el mismo tema, presentado por el grupo socialista, "son una falsedad y un auténtico brindis al sol, pues se demuestra que interés en la vivienda protegida no tienen ninguno".También urgió a que se agilizaran los planes de desarrollo para la regeneración de las áreas concertadas del Centro Histórico donde hay previstos cerca de 800 pisos, especialmente para jóvenes.La respuesta a estas acusaciones fue inmediata por parte de la delegada de Obras Públicas de la Junta, Josefa López, que quiso "desmontar" los argumentos municipales. Negó que el expediente de la zona de Sánchez Blanca esté pendiente de resolver por la Junta. "Al contrario, en octubre pasado le enviamos un requerimiento para que subsanaran una documentación y aún estamos esperando su respuesta, mientras el expediente está lógicamente parado. Por tanto, en este asunto la pelota está en el tejado del alcalde". Informes. Más claro está para la delegada de Obras Públicas el caso de Lagar de Oliveros. El Ayuntamiento inició una modificación de elementos del PGOU y acordó la aprobación inicial del mismo. "Pero el documento con la aprobación inicial aún no ha llegado a Obras Públicas, por tanto, es imposible que tengamos bloqueada la fase siguiente que es la aprobación provisional".Por su parte, el delegado de Medio Ambiente, Ignacio Trillo, aclaró que el documento de aprobación inicial sí ha llegado a su delegación, pero ahora debe cumplimentarse con varios informes sectoriales como un mapa de ruido, una modificación de una parte del terreno por ser zona inundable y otro elemento que la Junta rechaza, como es que el exceso de edificabilidad lo compense Urbanismo incluyendo como parte del terreno el antiguo vertedero de Los Asperones.
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