La causa, abierta por la juez el lunes y bajo secreto de sumario, ha surgido de nuevas líneas de investigación policial del caso Hidalgo desarrollado en la Costa del Sol y ya habría varias personas imputadas
La Policía Nacional investiga un Registro de la Propiedad de Marbella presuntamente relacionado con delitos de blanqueo de capitales por los que ya habrían sido imputadas diversas personas. Las pesquisas han evidenciado estos hechos delictivos que se han desprendido de la operación Hidalgo, por lo que la jueza que instruye esta causa, la titular del juzgado de Instrucción número 2 de la localidad, María Jesús del Pilar, ha abierto una pieza aparte bajo secreto de sumario.
Fuentes judiciales explicaron que la magistrada acordó la apertura de esta causa el lunes -aunque la Policía entregó un informe el 15 de octubre- tras considerar que hay pruebas suficientes que evidenciarían una serie de irregularidades en un Registro de la Propiedad marbellí cuyo destino final sería el blanqueo de dinero.
Éstas manifestaron que la investigación, que está desarrollando la Sección de Blanqueo de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Costa del Sol, se ha cobrado sus primeras víctimas, que supuestamente habrían incurrido en delitos de blanqueo de capitales, falsedad documental y contra la hacienda pública.
Las citadas fuentes manifestaron que las irregularidades estarían relacionadas con la inscripción de viviendas, aunque no precisaron más aspectos sobre el modus operandi. Las pesquisas sobre esta causa han derivado de nuevas líneas de investigación surgidas del análisis de la información incautada en el caso Hidalgo y que aún siguen estudiando los agentes. Al tratarse de diligencias nuevas, la jueza ha querido preservar el desarrollo de la instrucción separando la pieza del caso principal y decretando su secreto.
Hay que recordar que el denominado caso Hidalgo es uno de los principales golpes al blanqueo de capitales que se ha llevado a cabo en el país. El bufete de abogados Cruz-Conde de Marbella era el supuesto epicentro del entramado y la Policía Nacional informó entonces de que se le relacionaba con 800 sociedades constituidas de forma similar y que podrían ser meros instrumentos para ocultar la procedencia y titularidad de los fondos que se manejaban, así como para "integrar en el circuito financiero legal elevadas sumas de dinero generado mediante la comisión de actos delictivos, a la vez que procuran la obtención de beneficios que reviertan a sus clientes".
Los agentes intervinieron unos 92 millones de euros en las 632 cuentas bancarias que constan en 22 entidades diferentes; así como 300.000 euros en efectivo, y 60 automóviles, la mayoría de lujo.
También se intervinieron varios centenares de propiedades inmobiliarias, cuyo valor era de difícil evaluación, pero muy elevado, ya que gran parte de las mismas se encuentran en las zonas más cotizadas de la Costa del Sol, excediendo en mucho el valor real al catastral.
El abogado Rafael Cruz-Conde, fundador del bufete estaría presuntamente especializado en "ingeniería financiera para el blanqueo de capitales procedentes de todo tipo de actividades delictivas" y la creación de entramados societarios "con la finalidad de ocultar el origen y la propiedad de los bienes".
La Policía Nacional investiga un Registro de la Propiedad de Marbella presuntamente relacionado con delitos de blanqueo de capitales por los que ya habrían sido imputadas diversas personas. Las pesquisas han evidenciado estos hechos delictivos que se han desprendido de la operación Hidalgo, por lo que la jueza que instruye esta causa, la titular del juzgado de Instrucción número 2 de la localidad, María Jesús del Pilar, ha abierto una pieza aparte bajo secreto de sumario.
Fuentes judiciales explicaron que la magistrada acordó la apertura de esta causa el lunes -aunque la Policía entregó un informe el 15 de octubre- tras considerar que hay pruebas suficientes que evidenciarían una serie de irregularidades en un Registro de la Propiedad marbellí cuyo destino final sería el blanqueo de dinero.
Éstas manifestaron que la investigación, que está desarrollando la Sección de Blanqueo de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Costa del Sol, se ha cobrado sus primeras víctimas, que supuestamente habrían incurrido en delitos de blanqueo de capitales, falsedad documental y contra la hacienda pública.
Las citadas fuentes manifestaron que las irregularidades estarían relacionadas con la inscripción de viviendas, aunque no precisaron más aspectos sobre el modus operandi. Las pesquisas sobre esta causa han derivado de nuevas líneas de investigación surgidas del análisis de la información incautada en el caso Hidalgo y que aún siguen estudiando los agentes. Al tratarse de diligencias nuevas, la jueza ha querido preservar el desarrollo de la instrucción separando la pieza del caso principal y decretando su secreto.
Hay que recordar que el denominado caso Hidalgo es uno de los principales golpes al blanqueo de capitales que se ha llevado a cabo en el país. El bufete de abogados Cruz-Conde de Marbella era el supuesto epicentro del entramado y la Policía Nacional informó entonces de que se le relacionaba con 800 sociedades constituidas de forma similar y que podrían ser meros instrumentos para ocultar la procedencia y titularidad de los fondos que se manejaban, así como para "integrar en el circuito financiero legal elevadas sumas de dinero generado mediante la comisión de actos delictivos, a la vez que procuran la obtención de beneficios que reviertan a sus clientes".
Los agentes intervinieron unos 92 millones de euros en las 632 cuentas bancarias que constan en 22 entidades diferentes; así como 300.000 euros en efectivo, y 60 automóviles, la mayoría de lujo.
También se intervinieron varios centenares de propiedades inmobiliarias, cuyo valor era de difícil evaluación, pero muy elevado, ya que gran parte de las mismas se encuentran en las zonas más cotizadas de la Costa del Sol, excediendo en mucho el valor real al catastral.
El abogado Rafael Cruz-Conde, fundador del bufete estaría presuntamente especializado en "ingeniería financiera para el blanqueo de capitales procedentes de todo tipo de actividades delictivas" y la creación de entramados societarios "con la finalidad de ocultar el origen y la propiedad de los bienes".
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