sábado, 8 de noviembre de 2008

Familias adjudicatarias de VPO de Mijas no pueden hacer frente a la hipoteca (Málaga Hoy)

Sólo 40 de los 120 aspirantes pueden afrontar los pagos
Cinco años han transcurrido hasta que el Ayuntamiento de Mijas (PSOE) terminara de edificar las 120 nuevas viviendas de VPO de La Cala, una construcción que ha sufrido varios retrasos y modificaciones, según informó ayer la edil de la oposición (PP) Lourdes Burgos. Durante este tiempo, las familias adjudicatarias abonaron a la promotora las letras mensuales y la parte del IVA correspondiente. Ahora, sin haberse fijado la fecha para la entrega de pisos, prevista para el pasado mes de abril, la promotora les exige pagar unos 8.000 euros que corresponden al final del IVA y las tramitaciones de las hipotecas. Un dinero del que no disponen todas las familias, que el próximo 12 de noviembre podrán ver su piso por primera vez.

Pero eso no es todo. De las 120 familias adjudicatarias sólo a 40 les han concedido la hipoteca. "Los bancos limitan cada vez más las capacidades de crédito y ahora los adjudicatarios han de subrogarse la hipoteca que tiene concedida la promotora con la entidad bancaria de Fuengirola", contó Burgos. Un problema que se agrava aún más, ya que las familias corren el riesgo de perder las ayudas de la Junta de Andalucía si cambian de entidad bancaria. En este sentido, una de las vecinas afectadas, que prefirió no revelar su nombre, habló en nombre de las demás: "A una persona con 600 euros de nómina no le dan hipoteca, la mía es de 508 y tampoco me la van a dar".

Algunos de los afectados han recurrido a los Servicios Sociales de Mijas, donde se les aconsejó renunciar a la vivienda. En este caso, la persona en cuestión debe firmar un documento en el que se les anuncia las cantidades abonadas en los últimos dos años, una media de 20.000 euros (el importe del piso es de 90.000), para que sean reembolsadas en un plazo mínimo de seis meses, sin fijarse máximo de devolución.

Una de las soluciones propuestas por el PP es tomar los 30.000 euros que "sobraron" de las partidas presupuestarias de las guarderías, a lo que fuentes municipales comunicaron a este periódico que éstas "se habían consignado a otras actividades locales". En este sentido, informó la fuente, el problema está "entre la promotora y el banco".

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