La Junta aclara que la norma se pondrá en marcha con fondos autonómicos y del Gobierno. La FAMP había criticado la nueva carga para los municipios
LA OPINIÓN. SEVILLA La Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio salió ayer al paso de la polémica sobre la repercusión económica en los ayuntamientos de la Ley del derecho a la vivienda y aseguró que las administraciones locales no tendrán que hacer ningún esfuerzo presupuestario para poner en marcha la norma.
Fuentes de ese departamento aseguraron que la financiación de la Ley del Derecho a la Vivienda, que aprobó el pasado martes el Consejo de Gobierno y a partir de ahora iniciará el trámite parlamentario, corresponde a la Junta.
Con estas declaraciones, las fuentes salen al paso de las críticas realizadas desde diversos sectores y algunos partidos a la Junta por cargar sobre los ayuntamientos la responsabilidad de la puesta en marcha de la futura ley.
No obstante y, según las fuentes, la financiación de esa ley proviene del plan de vivienda, que cuenta con fondos de la Junta y del Gobierno, por lo que los ayuntamientos "en ningún momento" van a tener que poner recursos o hacer frente a las ayudas económicas para el acceso a la vivienda que contempla la normativa.
Quejas. El jueves, el presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Francisco Toscano, valoró la puesta en marcha de la nueva ley, aunque advirtió de que los ayuntamientos no pueden asumir todos los costes económicos que ésta represente. "No podrán asumir costes más allá de los registros municipales, crear las bolsas de suelo y conocer cuáles son las necesidades", dijo.
Tanto PP como IU también criticaron que se cargue más a los ayuntamientos. Así, la popular Alicia Martínez mostró su rechazo a la ley, ya que "significa trasladar la responsabilidad a los ayuntamientos", incluido el coste. Igualmente, el líder de IULV-CA, Diego Valderas, consideró "imposible" que los ayuntamientos pudieran asumir los gastos.
LA OPINIÓN. SEVILLA La Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio salió ayer al paso de la polémica sobre la repercusión económica en los ayuntamientos de la Ley del derecho a la vivienda y aseguró que las administraciones locales no tendrán que hacer ningún esfuerzo presupuestario para poner en marcha la norma.
Fuentes de ese departamento aseguraron que la financiación de la Ley del Derecho a la Vivienda, que aprobó el pasado martes el Consejo de Gobierno y a partir de ahora iniciará el trámite parlamentario, corresponde a la Junta.
Con estas declaraciones, las fuentes salen al paso de las críticas realizadas desde diversos sectores y algunos partidos a la Junta por cargar sobre los ayuntamientos la responsabilidad de la puesta en marcha de la futura ley.
No obstante y, según las fuentes, la financiación de esa ley proviene del plan de vivienda, que cuenta con fondos de la Junta y del Gobierno, por lo que los ayuntamientos "en ningún momento" van a tener que poner recursos o hacer frente a las ayudas económicas para el acceso a la vivienda que contempla la normativa.
Quejas. El jueves, el presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Francisco Toscano, valoró la puesta en marcha de la nueva ley, aunque advirtió de que los ayuntamientos no pueden asumir todos los costes económicos que ésta represente. "No podrán asumir costes más allá de los registros municipales, crear las bolsas de suelo y conocer cuáles son las necesidades", dijo.
Tanto PP como IU también criticaron que se cargue más a los ayuntamientos. Así, la popular Alicia Martínez mostró su rechazo a la ley, ya que "significa trasladar la responsabilidad a los ayuntamientos", incluido el coste. Igualmente, el líder de IULV-CA, Diego Valderas, consideró "imposible" que los ayuntamientos pudieran asumir los gastos.
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