La Declaración de Impacto Ambiental sobre el PGOU señala que el entorno está saturado y tiene problemas de movilidad. El plan metropolitano prevé una subestación eléctrica en el lugar
Aunque el informe final de la Junta de Andalucía sobre el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Málaga puede tardar aún varios meses en emitirse, en la declaración que ha realizado la delegación de la Consejería de Medio Ambiente se apuntan algunas cuestiones sobre proyectos que, si bien no son claramente objeto de este estudio ambiental, si denotan la postura de los responsables autonómicos sobre ellos. Es el caso de la construcción de torres de pisos en los terrenos que ocuparon los antiguos depósitos de Repsol, junto a la avenida de Juan XXIII.
Según pudo conocer este periódico, en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), la Junta precisa que estas edificaciones en altura pueden suponer «un riesgo de deterioro de la calidad ambiental en un entorno saturado, con alta densidad de población, problemas de movilidad urbana y con un importante déficit de áreas libres y otros equipamientos públicos».
La DIA apunta que la construcción de los rascacielos disminuye «significativamente» la superficie de áreas libres, ya que la calificación anterior de los suelos suponía su dedicación mayoritaria a parques y jardines. Además, Medio Ambiente señala que debe cumplirse un real decreto del año 2005 en lo referente a garantizar la descontaminación de los suelos que en su día albergaron los mencionados depósitos de combustible.
No obstante, esta declaración no entra en la aprobación o no del proyecto de las torres, ya que se encuentra en un suelo urbano y es algo que escapa de las competencias de Medio Ambiente. Por otra parte, este departamento considera positivo que el PGOU prevea el traslado de las naves industriales de San Rafael y aplaude que se realice un gran parque junto a la avenida que se creará sobre el soterramiento de las vías del tren.
Obras Públicas
La Declaración de Impacto Ambiental de la Junta sobre el Plan General es el segundo pronunciamiento oficial de la administración autonómica sobre el proyecto de las torres de Repsol. El primero se produjo el pasado mes de mayo y fue evacuado por la Consejería de Obras Públicas, a la que el Ayuntamiento remitió el expediente de las torres con el fin de tramitarlo al margen del nuevo PGOU. Sin embargo, el equipo de gobierno municipal optó por desistir de esa vía después de que la Junta le comunicara en ese escrito que el órgano competente para la autorización del proyecto era la consejería, por tratarse de un cambio estructural del planeamiento urbanístico.
De este modo, el gobierno local se encontró con un claro inconveniente para su intención de tramitar el expediente con mayor rapidez. Además, Obras Públicas reflejó en su escrito una decena de reparos a las torres de Repsol -que han sido asumidas por Caixa Galicia y el grupo Dae tras la marcha de la promotora granadina Comarex-, por los que consideraba incompleto el expediente.
Equipamientos
Entre estos reparos, la Junta mencionó que no estaban justificadas de manera expresa y concreta las medidas para mantener la proporción de dotaciones públicas -equipamientos deportivos, escolares o sociales- pese al aumento de población que supone introducir unos tres mil habitantes más en la zona. Además, indicó que el plan metropolitano prevé en el sector una nueva subestación eléctrica que requiere la reserva de una superficie mínima de tres mil metros cuadrados.
Según pudo conocer este periódico, en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), la Junta precisa que estas edificaciones en altura pueden suponer «un riesgo de deterioro de la calidad ambiental en un entorno saturado, con alta densidad de población, problemas de movilidad urbana y con un importante déficit de áreas libres y otros equipamientos públicos».
La DIA apunta que la construcción de los rascacielos disminuye «significativamente» la superficie de áreas libres, ya que la calificación anterior de los suelos suponía su dedicación mayoritaria a parques y jardines. Además, Medio Ambiente señala que debe cumplirse un real decreto del año 2005 en lo referente a garantizar la descontaminación de los suelos que en su día albergaron los mencionados depósitos de combustible.
No obstante, esta declaración no entra en la aprobación o no del proyecto de las torres, ya que se encuentra en un suelo urbano y es algo que escapa de las competencias de Medio Ambiente. Por otra parte, este departamento considera positivo que el PGOU prevea el traslado de las naves industriales de San Rafael y aplaude que se realice un gran parque junto a la avenida que se creará sobre el soterramiento de las vías del tren.
Obras Públicas
La Declaración de Impacto Ambiental de la Junta sobre el Plan General es el segundo pronunciamiento oficial de la administración autonómica sobre el proyecto de las torres de Repsol. El primero se produjo el pasado mes de mayo y fue evacuado por la Consejería de Obras Públicas, a la que el Ayuntamiento remitió el expediente de las torres con el fin de tramitarlo al margen del nuevo PGOU. Sin embargo, el equipo de gobierno municipal optó por desistir de esa vía después de que la Junta le comunicara en ese escrito que el órgano competente para la autorización del proyecto era la consejería, por tratarse de un cambio estructural del planeamiento urbanístico.
De este modo, el gobierno local se encontró con un claro inconveniente para su intención de tramitar el expediente con mayor rapidez. Además, Obras Públicas reflejó en su escrito una decena de reparos a las torres de Repsol -que han sido asumidas por Caixa Galicia y el grupo Dae tras la marcha de la promotora granadina Comarex-, por los que consideraba incompleto el expediente.
Equipamientos
Entre estos reparos, la Junta mencionó que no estaban justificadas de manera expresa y concreta las medidas para mantener la proporción de dotaciones públicas -equipamientos deportivos, escolares o sociales- pese al aumento de población que supone introducir unos tres mil habitantes más en la zona. Además, indicó que el plan metropolitano prevé en el sector una nueva subestación eléctrica que requiere la reserva de una superficie mínima de tres mil metros cuadrados.
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