Los malagueños son los más preocupados por la excesiva extensión del urbanismo desaforado, aunque el problema medioambiental que más quebraderos de cabeza les causa es la contaminación de las playas
JOSÉ ANTONIO SAU. MÁLAGA Probablemente no haga falta ninguna encuesta para llegar a la conclusión de que el urbanismo salvaje ha incidido en un deterioro de la calidad de vida de los andaluces. Los malagueños, de hecho, son quienes más han sufrido esta agresividad constructora y a los que más les duele la misma. Lo que ya percibía el ciudadano de a pie lo ha confirmado el Ecobarómetro andaluz de 2008, un estudio efectuado por la Consejería de Medio Ambiente y el Instituto de Estudios Sociales de Andalucía (IESA).
Los malagueños son los ciudadanos que valoran en términos más negativos la influencia del desarrollo urbanístico en su entorno a lo largo de los últimos cinco años: un 54,8% de los habitantes de la provincia considera que la situación del medio ambiente se ha deteriorado algo o bastante, mientras que sólo el 26,1% ha visto algún punto positivo en la extensión de la actividad edificadora.
Jaén, por contra, es la provincia que refleja la tendencia opuesta: un 42,6% de los encuestados afirma que el urbanismo ha mejorado la situación medioambiental en sus localidades, frente al 19,5% que piensa que la ha empeorado.
Estas conclusiones no pueden sorprender si se tiene en cuenta que Málaga es una de las provincias más castigadas por las construcciones ilegales: sólo en Marbella existen 30.000 viviendas fuera de ordenación, y en Estepona hay unos 3.000 diseminados irregulares. A nadie se le escapa que Cártama o Mijas también soportan numerosas casas en suelos ajenos a la legalidad urbanística y, por otro lado, ésta es la provincia andaluza con mayor cantidad de fiscales Anticorrupción y de Medio Ambiente.
El urbanismo salvaje esconde, además de una agresividad inherente hacia el medio, un componente que lo relaciona con actividades delictivas: el elemento inmobiliario ofrece muchas posibilidades de lavar dinero a las mafias. Este problema evidentemente es puntual, pero los propios malagueños han concluido que la situación de la provincia es dramática en este aspecto.
Pero hay más. Cuatro de cada seis andaluces estiman que el fenómeno urbanístico ha empeorado su entorno más inmediato durante los últimos cinco años, una percepción que ha aumentado en cuatro puntos porcentuales en relación al Ecobarómetro de 2007. Sólo el 33% cree que la situación ha mejorado.
Otra tendencia interesante reside en que en 2007 la división de opiniones sobre la patología social que supone el urbanismo sin medida era mucho más evidente; hoy, la balanza se inclina por el lado de la mesura.
Tamaños. También queda patente en el estudio que los habitantes que viven en municipios inferiores a 20.000 habitantes atribuyen a la construcción un valor de calidad ambiental. En 2005, el 75% de los andaluces señalaba al urbanismo como el principal de los males ambientales y apoyaba que la Junta de Andalucía interviniera en los municipios que fueran necesario. Y así lo hizo. Todos recuerdan cuando la Administración autonómica dejó a Marbella sin sus competencias en disciplina urbanística (capacidad de dar licencias y sancionar), pocos meses antes del estallido de la operación ´Malaya´.
La Fiscalía de Málaga, por ejemplo, acusó al alcalde de Tolox, Juan Vera (CA), de 23 delitos urbanísticos por numerosas viviendas fuera de ordenación (uno o dos años de cárcel por cada ilícito, además de la pertinente inhabilitación).
Málaga también destaca en otros aspectos. Es la provincia que aglutina un mayor porcentaje de opiniones negativas en relación a la situación de la evolución ambiental: concretamente un 48,5% de los malagueños considera que el entorno andaluz ha empeorado algo o mucho en los últimos tres años.
En otro orden de cosas, mientras que el problema local que más preocupa a los andaluces es el ruido (sobre todo en municipios con más de 5.000 habitantes), en localidades con menos de 20.000 lo más destacado es la falta de zonas verdes. En las ciudades de mayor tamaño, la mayoría apunta a la suciedad de las calles.
En la región, son los incendios lo que más llama la atención. Cada verano el fuego devora inevitablemente numerosos bosques andaluces, y, a pesar de que el plan de extinción de incendios autonómico tiene gran calidad y eficacia, todo el mundo recuerda con amargura la amalgama de siniestros que asoló la comunidad hace dos veranos.
Mientras que es el fuego el problema ambiental más citado en la mayor parte de las provincias, Almería y Jaén muestran sus quejas en torno a la desertificación y la falta de agua que están sufriendo. La provincia del Poniente andaluz es sin duda la más castigada en este sentido y, por ello, la gestión del agua se ha revelado eficaz en la zona: el riego por goteo es allí todo un arte.
Saneamiento integral. En Málaga, sin embargo, se vuelve a incidir en una preocupación histórica: la contaminación de playas y mares. Este aspecto es fundamental para el sector turístico, cuyos representantes llevan décadas pidiendo por activa y por pasiva que se acometa de una vez el saneamiento integral de la Costa del Sol. Por ahora, se han dado pasos para completar la iniciativa, aunque resta mucho para culminar este proyecto histórico que ya se ha convertido en una reivindicación clásica como el embovedamiento del río Guadalmedina de la capital.
En Huelva preocupa también la contaminación del aire, mientras que el cambio climático es la realidad más señalada por los ciudadanos andaluces como la rémora medioambiental más importante del planeta.
JOSÉ ANTONIO SAU. MÁLAGA Probablemente no haga falta ninguna encuesta para llegar a la conclusión de que el urbanismo salvaje ha incidido en un deterioro de la calidad de vida de los andaluces. Los malagueños, de hecho, son quienes más han sufrido esta agresividad constructora y a los que más les duele la misma. Lo que ya percibía el ciudadano de a pie lo ha confirmado el Ecobarómetro andaluz de 2008, un estudio efectuado por la Consejería de Medio Ambiente y el Instituto de Estudios Sociales de Andalucía (IESA).
Los malagueños son los ciudadanos que valoran en términos más negativos la influencia del desarrollo urbanístico en su entorno a lo largo de los últimos cinco años: un 54,8% de los habitantes de la provincia considera que la situación del medio ambiente se ha deteriorado algo o bastante, mientras que sólo el 26,1% ha visto algún punto positivo en la extensión de la actividad edificadora.
Jaén, por contra, es la provincia que refleja la tendencia opuesta: un 42,6% de los encuestados afirma que el urbanismo ha mejorado la situación medioambiental en sus localidades, frente al 19,5% que piensa que la ha empeorado.
Estas conclusiones no pueden sorprender si se tiene en cuenta que Málaga es una de las provincias más castigadas por las construcciones ilegales: sólo en Marbella existen 30.000 viviendas fuera de ordenación, y en Estepona hay unos 3.000 diseminados irregulares. A nadie se le escapa que Cártama o Mijas también soportan numerosas casas en suelos ajenos a la legalidad urbanística y, por otro lado, ésta es la provincia andaluza con mayor cantidad de fiscales Anticorrupción y de Medio Ambiente.
El urbanismo salvaje esconde, además de una agresividad inherente hacia el medio, un componente que lo relaciona con actividades delictivas: el elemento inmobiliario ofrece muchas posibilidades de lavar dinero a las mafias. Este problema evidentemente es puntual, pero los propios malagueños han concluido que la situación de la provincia es dramática en este aspecto.
Pero hay más. Cuatro de cada seis andaluces estiman que el fenómeno urbanístico ha empeorado su entorno más inmediato durante los últimos cinco años, una percepción que ha aumentado en cuatro puntos porcentuales en relación al Ecobarómetro de 2007. Sólo el 33% cree que la situación ha mejorado.
Otra tendencia interesante reside en que en 2007 la división de opiniones sobre la patología social que supone el urbanismo sin medida era mucho más evidente; hoy, la balanza se inclina por el lado de la mesura.
Tamaños. También queda patente en el estudio que los habitantes que viven en municipios inferiores a 20.000 habitantes atribuyen a la construcción un valor de calidad ambiental. En 2005, el 75% de los andaluces señalaba al urbanismo como el principal de los males ambientales y apoyaba que la Junta de Andalucía interviniera en los municipios que fueran necesario. Y así lo hizo. Todos recuerdan cuando la Administración autonómica dejó a Marbella sin sus competencias en disciplina urbanística (capacidad de dar licencias y sancionar), pocos meses antes del estallido de la operación ´Malaya´.
La Fiscalía de Málaga, por ejemplo, acusó al alcalde de Tolox, Juan Vera (CA), de 23 delitos urbanísticos por numerosas viviendas fuera de ordenación (uno o dos años de cárcel por cada ilícito, además de la pertinente inhabilitación).
Málaga también destaca en otros aspectos. Es la provincia que aglutina un mayor porcentaje de opiniones negativas en relación a la situación de la evolución ambiental: concretamente un 48,5% de los malagueños considera que el entorno andaluz ha empeorado algo o mucho en los últimos tres años.
En otro orden de cosas, mientras que el problema local que más preocupa a los andaluces es el ruido (sobre todo en municipios con más de 5.000 habitantes), en localidades con menos de 20.000 lo más destacado es la falta de zonas verdes. En las ciudades de mayor tamaño, la mayoría apunta a la suciedad de las calles.
En la región, son los incendios lo que más llama la atención. Cada verano el fuego devora inevitablemente numerosos bosques andaluces, y, a pesar de que el plan de extinción de incendios autonómico tiene gran calidad y eficacia, todo el mundo recuerda con amargura la amalgama de siniestros que asoló la comunidad hace dos veranos.
Mientras que es el fuego el problema ambiental más citado en la mayor parte de las provincias, Almería y Jaén muestran sus quejas en torno a la desertificación y la falta de agua que están sufriendo. La provincia del Poniente andaluz es sin duda la más castigada en este sentido y, por ello, la gestión del agua se ha revelado eficaz en la zona: el riego por goteo es allí todo un arte.
Saneamiento integral. En Málaga, sin embargo, se vuelve a incidir en una preocupación histórica: la contaminación de playas y mares. Este aspecto es fundamental para el sector turístico, cuyos representantes llevan décadas pidiendo por activa y por pasiva que se acometa de una vez el saneamiento integral de la Costa del Sol. Por ahora, se han dado pasos para completar la iniciativa, aunque resta mucho para culminar este proyecto histórico que ya se ha convertido en una reivindicación clásica como el embovedamiento del río Guadalmedina de la capital.
En Huelva preocupa también la contaminación del aire, mientras que el cambio climático es la realidad más señalada por los ciudadanos andaluces como la rémora medioambiental más importante del planeta.
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