El fiscal Juan Carlos López Caballero describe un sistema de tarifas que supuestamente cobraba la trama dirigida por el alcalde de Alhaurín a cambio de resoluciones urbanísticas ilegales. "Estaba tasado el precio a pagar por el incremento en los metros cuadrados de edificabilidad y del número de viviendas respecto de lo legalmente establecido. El metro cuadrado de techo edificable de más se cifraba en 80 euros, mientras que a la vivienda proyectada en exceso se aplicaba la suma de 6.000 euros".
En su escrito, el fiscal recoge el supuesto intento de extorsión al promotor José Burgos Leiva. Una grabación autorizada por el juez muestra cómo el concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, le reclamaba al constructor 122.000 euros como contrapartida a una licencia de obras para levantar 14 viviendas y locales que le concedió el Ayuntamiento y que infringía la normativa urbanística municipal.
Según Burgos Leiva, el edil le exigía esa cantidad "en billetes" y se negaba a dar ningún justificante del pago. "Cuando le pregunté para qué quería el dinero, el concejal de Urbanismo me respondió: 'Eso a ti no te importa", aseguró Burgos Leiva a este periódico en mayo de 2007.
El capital obtenido de forma ilegal se blanqueaba supuestamente a través de la empresa Conextran, propiedad de Manuel Márquez, suplente en las listas del PP a las elecciones municipales de 2003. Conextran "mantenía una relación mercantil muy fluida" con el consistorio desde 2001, año en que Martín Serón llegó al poder. En el año 2004 esta relación alcanzó su "punto álgido": Conextrán facturó al Ayuntamiento por importe de 404.229 euros.
En su escrito, el fiscal recoge el supuesto intento de extorsión al promotor José Burgos Leiva. Una grabación autorizada por el juez muestra cómo el concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, le reclamaba al constructor 122.000 euros como contrapartida a una licencia de obras para levantar 14 viviendas y locales que le concedió el Ayuntamiento y que infringía la normativa urbanística municipal.
Según Burgos Leiva, el edil le exigía esa cantidad "en billetes" y se negaba a dar ningún justificante del pago. "Cuando le pregunté para qué quería el dinero, el concejal de Urbanismo me respondió: 'Eso a ti no te importa", aseguró Burgos Leiva a este periódico en mayo de 2007.
El capital obtenido de forma ilegal se blanqueaba supuestamente a través de la empresa Conextran, propiedad de Manuel Márquez, suplente en las listas del PP a las elecciones municipales de 2003. Conextran "mantenía una relación mercantil muy fluida" con el consistorio desde 2001, año en que Martín Serón llegó al poder. En el año 2004 esta relación alcanzó su "punto álgido": Conextrán facturó al Ayuntamiento por importe de 404.229 euros.
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