La acusación pública solicita inculpar a Juan Martín Serón por cohecho, blanqueo y delito urbanístico · También reclama enjuiciar por el caso Troya a su esposa, al edil de Urbanismo y a una veintena de empresarios
La Fiscalía de Málaga considera que existen indicios de delito en la actuación de Juan Martín Serón (PP) al frente del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, investigada en la operación Troya contra una trama de corrupción urbanística, y ha pedido al instructor del caso que mantenga la imputación contra el regidor y otras 24 personas, es decir, que transforme las diligencias de investigación en un procedimiento abreviado. Además de Martín Serón, el Ministerio Público solicita la inculpación de su concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra; de su esposa, María Teresa Santos; de dos técnicos municipales; y de una veintena de promotores y empresarios de la construcción.
En un escrito presentado en el juzgado número 2 de Coín, la Fiscalía sostiene que en el Consistorio de Alhaurín el Grande "funcionaba una trama" liderada por el alcalde y el concejal que tenía como objetivo "un enriquecimiento personal ilícito". Lo que hacían, presuntamente, era ofrecer más edificabilidad en las construcciones a cambio de la "oportuna" retribución económica.
Esos pagos están "indiciariamente" acreditados en anotaciones manuscritas y en los archivos informáticos que fueron intervenidos en los registros practicados cuando estalló el caso, en enero de 2007. Según la Fiscalía, la ilegalidad estaba "tasada": el metro cuadrado extra de edificabilidad se pagaba a 80 euros y cada vivienda adicional, a 6.000 euros.
Los dos cargos públicos dirigían la presunta trama de corrupción urbanística y el concejal de Urbanismo era quien "controlaba" tanto los pagos efectuados como los que debían ejecutar los empresarios a cambio de obtener licencias ilegales. Dos asesores jurídicos del Ayuntamiento están imputados en el caso por emitir informes favorables pese a saber que las obras proyectadas "no se ajustaban a la normativa urbanística".
El Ministerio Público solicita imputar al alcalde de Alhaurín el Grande por los presuntos delitos de cohecho, blanqueo de capitales y delito urbanístico y al concejal de Urbanismo, por cohecho y prevaricación urbanística, los mismos cargos que reclama para los empresarios que supuestamente pagaron para lograr favores del gobierno local. La Fiscalía enumera una docena de presuntos sobornos, realizados o pactados, que superan los 660.000 euros a cambio de licencias ilegales otorgadas, casi siempre, a través de decretos firmados por el concejal de Urbanismo. Los pagos varían y oscilan, según el caso, entre los 6.000 y los 168.545 euros.
Esta cantidad, por ejemplo, habría sido abonada por un promotor a cambio de una licencia de obras que le permitía construir 47 viviendas en una parcela en la que, según el PGOU de Alhaurín el Grande, sólo se pueden levantar 21,95. Es decir -sostiene la Fiscalía-, se produjo un incremento de edificabilidad de casi el 200% respecto al planeamiento vigente.
En todos los casos, en el expediente administrativo obraba un informe favorable de alguno de los asesores jurídicos imputados, a pesar de que el arquitecto municipal -estuvo imputado en el caso, pero los cargos se archivaron hace unos meses- había emitido una opinión desfavorable.
Presuntamente, los pagos de los empresarios a los cargos públicos se habrían "ocultado" a través de la empresa Conextran S. L., una sociedad con una relación "muy fluida" con el Ayuntamiento y que en 2004 facturó al Consistorio algo más de 404.000 euros. La Fiscalía pide que el administrador único de esta sociedad se imputado por blanqueo.
Otro caso que se relata es el de un empresario al que se le exigió "sin éxito" el pago de 122.000 euros como contrapartida a una licencia de obras ilegal. Estos hechos estarían acreditados por la declaración del propio afectado y por las grabaciones telefónicas que habían sido autorizadas por el juzgado.
En un escrito presentado en el juzgado número 2 de Coín, la Fiscalía sostiene que en el Consistorio de Alhaurín el Grande "funcionaba una trama" liderada por el alcalde y el concejal que tenía como objetivo "un enriquecimiento personal ilícito". Lo que hacían, presuntamente, era ofrecer más edificabilidad en las construcciones a cambio de la "oportuna" retribución económica.
Esos pagos están "indiciariamente" acreditados en anotaciones manuscritas y en los archivos informáticos que fueron intervenidos en los registros practicados cuando estalló el caso, en enero de 2007. Según la Fiscalía, la ilegalidad estaba "tasada": el metro cuadrado extra de edificabilidad se pagaba a 80 euros y cada vivienda adicional, a 6.000 euros.
Los dos cargos públicos dirigían la presunta trama de corrupción urbanística y el concejal de Urbanismo era quien "controlaba" tanto los pagos efectuados como los que debían ejecutar los empresarios a cambio de obtener licencias ilegales. Dos asesores jurídicos del Ayuntamiento están imputados en el caso por emitir informes favorables pese a saber que las obras proyectadas "no se ajustaban a la normativa urbanística".
El Ministerio Público solicita imputar al alcalde de Alhaurín el Grande por los presuntos delitos de cohecho, blanqueo de capitales y delito urbanístico y al concejal de Urbanismo, por cohecho y prevaricación urbanística, los mismos cargos que reclama para los empresarios que supuestamente pagaron para lograr favores del gobierno local. La Fiscalía enumera una docena de presuntos sobornos, realizados o pactados, que superan los 660.000 euros a cambio de licencias ilegales otorgadas, casi siempre, a través de decretos firmados por el concejal de Urbanismo. Los pagos varían y oscilan, según el caso, entre los 6.000 y los 168.545 euros.
Esta cantidad, por ejemplo, habría sido abonada por un promotor a cambio de una licencia de obras que le permitía construir 47 viviendas en una parcela en la que, según el PGOU de Alhaurín el Grande, sólo se pueden levantar 21,95. Es decir -sostiene la Fiscalía-, se produjo un incremento de edificabilidad de casi el 200% respecto al planeamiento vigente.
En todos los casos, en el expediente administrativo obraba un informe favorable de alguno de los asesores jurídicos imputados, a pesar de que el arquitecto municipal -estuvo imputado en el caso, pero los cargos se archivaron hace unos meses- había emitido una opinión desfavorable.
Presuntamente, los pagos de los empresarios a los cargos públicos se habrían "ocultado" a través de la empresa Conextran S. L., una sociedad con una relación "muy fluida" con el Ayuntamiento y que en 2004 facturó al Consistorio algo más de 404.000 euros. La Fiscalía pide que el administrador único de esta sociedad se imputado por blanqueo.
Otro caso que se relata es el de un empresario al que se le exigió "sin éxito" el pago de 122.000 euros como contrapartida a una licencia de obras ilegal. Estos hechos estarían acreditados por la declaración del propio afectado y por las grabaciones telefónicas que habían sido autorizadas por el juzgado.
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