sábado, 14 de febrero de 2009

Gobierno y oposición de Mijas acordarán cómo tratar la regularización de viviendas. Mijas (SUR)

Antonio Sánchez invita al resto de grupos a mantener un encuentro en el que se plantee un calendario de trabajo «hay que dejar a un lado los colores políticos», pide el alcalde

El Ayuntamiento no está dispuesto a perder ni un segundo más en la búsqueda de soluciones para la regularización de las viviendas ilegales del municipio. Con este ánimo, el alcalde, Antonio Sánchez, va a trasladar a la oposición su ofrecimiento para reunirse en el plazo de unos diez días con el objetivo de fijar un calendario de actuaciones concretas para abordar este problema urbanístico y social.
El mandatario aseguró que es momento de «dejar a un lado los colores políticos y demostrar que por encima de todo está el interés de las familias». Por ello, hace una apuesta por el diálogo para llegar a la mejor salida posible «sin imposiciones ni condiciones previas por ninguna parte», recalcó.
De esta manera, y siguiendo las pautas marcadas por el informe jurídico del catedrático Jesús Jordano unido al catálogo de viviendas que los técnicos han realizado, se pretende «trabajar desde un punto de vista más real del asunto y sus consecuencias conociendo además las posibilidades tanto legales como de planeamiento que existen y que se pueden emplear como herramientas de trabajo».
Para todos los partidos políticos con representación (PSOE, PP y el concejal no adscrito José Antonio Sánchez) se trata de una iniciativa «positiva en la que se debe trabajar de manera eficaz y coordinada para resolver una situación que mantiene en vilo a muchos vecinos de la localidad». Los tres coinciden en que «en momentos como éste el diálogo es importante para llegar a un acuerdo que beneficie a toda la ciudadanía».
A disposición
Desde el Partido Popular, su líder Ángel Nozal ofreció la disposición «máxima» de su grupo para trabajar por la solución del problema asegurando además que «se quiere solicitar que el proceso de regularización no se use como una vía de recaudación». Para ello, propondrán que las sanciones por la ilegalidad de las obras, impuesto que cobra la administración local, «se reduzca al mínimo dentro de los parámetros establecidos por ley», aclaró Nozal.
Por otro lado, los populares consideran de vital importancia que junto al catálogo de edificaciones ilegales vigentes se plantee otro con «todas aquellas construcciones que aún hechas de forma irregular, no estén dentro del proceso de regularización porque hayan prescrito». Junto a ello, pretenden proponer un nuevo acuerdo con el objetivo de que «no se vuelva a poner un sólo ladrillo sin licencia sin que se paralice una obra», resumió el edil.
Por su parte el concejal no adscrito Jose Antonio Sánchez alegó que «el informe del experto deja algunas lagunas que deberán estudiarse a fondo» y propuso que también se tenga en cuenta los estudios realizados por los juristas de la asociación de vecinos Chaparral-Alberquilla.
Casos concretos
Uno de los aspectos importantes a tratar serán los casos más puntuales que existen dentro de los expedientes. «La diversidad del infracciones requiere de un trabajo pormenorizado», recordó el primer edil. Por ello, el PP adelantó que solicitará «abordar los casos de forma pormenorizada para poder aclarar hasta las situaciones más particulares, anteponiendo siempre la legalidad». En este sentido, José Antonio Sánchez propuso la comparación del PGOU vigente con las nuevas adaptaciones «que podrían solucionar muchas de las irregularidades existentes». Mientras se concreta la fecha exacta del encuentro, los tres grupos ya están analizando al completo el informe, así como las vías de trabajo.

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