Dos fallos judiciales y el aval de la Junta respaldan que exista una renta mínima para una VPO (La Opinión)

El Ayuntamiento desmonta la acusación del Defensor del Pueblo que estima ilegal que el IMV establezca el requisito de tener una renta ponderada anual de 6.000 euros

JAVIER GARCÍA RECIO. MÁLAGA El concejal de Vivienda, Diego?Maldonado, aseguró ayer que el Ayuntamiento de Málaga "no comete ninguna ilegalidad" al solicitar como requisito a los aspirantes a una VPO el tener una renta familiar, ponderada y anual, de como mínimo 6.000 euros; más bien al contrario, ya que Maldonado explicó que dicho requisito "es absolutamente legal" y cuenta con el respaldo administrativo de la Junta de Andalucía y con el respaldo judicial de dos sentencias que dan la razón al Ayuntamiento.

Maldonado respondía así a la publicación de un informe de la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, que considera "ilegal" que el Ayuntamiento exija este requisito "sin que exista en el momento de los hechos una norma legal estatal o autonómica que amparara tal exigencia".

Maldonado mostró sus "preocupación y sorpresa" por esta "ligereza" de la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz que "en ningún momento ha sido contrastada, ya que en ningún momento nos han reclamado información o documentación alguna".

El concejal de Vivienda desmontó en primer lugar la aseveración del Defensor del Pueblo Andaluz de que el requisito no es legal pues no está incluido en la normativa aprobada por la Junta para acceder a las convocatorias de VPO. Al respecto, Maldonado explicó que "los ayuntamientos tienen competencia para incluir en esas normativas aquellos puntos que consideren convenientes en cada municipio, que es lo que hemos hecho nosotros". Además este nuevo requisito fue remitido a la Junta de Andalucía que "lo dio por bueno y por válido", por lo que cuenta "con el respaldo administrativo de la Administración autonómica".

Tal es así, insistió Maldonado, que la Junta va a incluir este requisito en la normativa del nuevo plan concertado de vivienda para el periodo 2009/13. 

Empadronamiento. En segundo lugar, Maldonado dio cuenta de dos sentencias judiciales, fruto de las demandas interpuestas por ciudadanos que quedaron excluidos del sorteo para una VPO en diciembre de 2006, que dan la razón al Ayuntamiento "al amparar legalmente la inclusión de este requisito". Por tanto, culminó Maldonado, las bases de esta convocatoria están respaldadas legalmente tras su aprobación del Ayuntamiento de Málaga y la Junta de Andalucía y por varias sentencias judiciales. 

En cuanto al requisito del empadronamiento en la ciudad de Málaga, el concejal recordó que el Ayuntamiento administra los impuestos que pagan los malagueños y que ejecuta políticas para los ciudadanos malagueños por ser el término municipal de Málaga el único territorio donde puede ejercer sus competencias; por ello, es lógico que las viviendas protegidas que gestiona como entidad municipal se adjudiquen a las personas empadronadas.