martes, 14 de abril de 2009

La Junta no descarta negociar con los privados la recuperación de Arraijanal. SUR

Asegura que la expropiación no es la única opción y que estudian todas las fórmulas
La gran pelota de Arraijanal sigue de tejado en tejado. Hace sólo unas semanas la aprobación provisional del Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Málaga (POTAUM) desestimó la alegación del Ayuntamiento de la capital para poder urbanizar en estos terrenos. Al día siguiente, la Junta de Gobierno local dio luz verde a la distribución de los suelos de este espacio virgen junto a Guadalmar, que persigue la construcción de 664 viviendas, hoteles y edificios de uso empresarial en el sector. Ambas administraciones siguen sin alcanzar un acuerdo, aunque la Junta volvió a recalcar ayer que Arraijanal será «la gran conquista del Plan»; una meta para la que no descartan «ninguna fórmula»: «Desde la expropiación a la colaboración público-privada para llegar al interés público. No vamos a parar».
La advertencia fue lanzada por la secretaria general de Planificación y Desarrollo Territorial de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, Rocío Allepuz, que asistió ayer a las jornadas 'Málaga metropolitana. Ordenación del territorio y proyectos estratégicos'.
Durante su comparecencia ante los medios, Allepuz criticó que el Consistorio siga dando pasos «que lo hacen complicado» -denunció que los terrenos les saldrán más caros conforme avance su desarrollo- al tiempo que insistió en que la apuesta de su departamento es que la parcela quede libre para «el disfrute de Málaga».
La opinión del Consistorio
Por su parte, el alcalde Francisco de la Torre negó que el coste del suelo aumente con la evolución del planeamiento, e instó al Gobierno autonómico a asumir la cuantía derivada de su cambio de uso. «La Junta debe plantearse quién paga la modificación de las reglas de juego. Nosotros iremos viendo qué es lo mejor para que Málaga aproveche el potencial de su litoral», dijo.
El documento de la administración regional clasifica el suelo como 'sistema general de espacios libres', y reserva una franja de 500 metros desde la orilla hacia el interior, con lo que invalida la posibilidad de que los propietarios puedan edificar.

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