Entre PGOU y PGOU Los desmanes que acabaron en escándalo. Marbella (La Opinión)

El plan de 1986 no fue válido hasta que no se publicó en el BOP en el año 2000, la excusa perfecta para Gil, que aprobó en solitario otro documento rechazado por la Junta y el TSJA

Jesús Gil.

I. A. CASTILLO. MARBELLA Jesús Gil llevaba adelante una política urbanística de hechos consumados que se volvieron en su contra y acabaron en escándalos que aún colean en los tribunales de justicia. Entre PGOU y PGOU han pasado 23 años de incertidumbre e inseguridad, presididos por la corrupción y el ladrillo por doquier. Gil supo rentabilizar como nadie la gran laguna legal existente en la ordenación del territorio marbellí, ya que el Plan General de Ordenación Urbana de 1986 no fue válido frente a terceros hasta que no se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) en el año 2000.

Para el Ayuntamiento, el único eficaz era el de 1968, es decir, cuando Marbella no era más que un pequeño pueblo. Marbella fue creciendo a golpe de convenios, licencias y comisiones. Por su cuenta, con nocturnidad, alevosía, en verano y con el rechazo de la oposición y de la Junta (aceptó sólo 28 de las 2.001 alegaciones presentadas), aprobó en 1998 un PGOU que fue devuelto de nuevo por el Gobierno andaluz, que le instó en innumerables ocasiones a elaborar otro texto refundido con las condiciones que le marcaba.

De forma paralela, se registraban las primeras manifestaciones de vecinos que protestaban por la invasión de zonas verdes y protegidas, como en Banana Beach; o en defensa del estadio municipal de fútbol.

En mayo de 2000, una vez subsanados los errores, el gobierno local volvió a enviar el PGOU a la Junta, tras su aprobación sólo con los votos del GIL. Se seguía sembrando de bloques las pocas zonas verdes que quedaban. En 2003, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) anulaba la aprobación del texto refundido al vulnerar los derechos fundamentales de los ediles de la oposición, que no pudieron participar en su redacción.

Al mismo tiempo, la Junta iba retirando competencias urbanísticas al Ayuntamiento... mientras que el equipo municipal se empecinaba, y no le quedaba otra para tapar agujeros, en validar la vigencia de este PGOU de 1998 del que sólo se aprobó un tercio.

Hasta que se abrió la caja de Pandora y se confirmaron todas las sospechas. Jesús Gil, que fue inhabilitado, y sus sucesores, Julián Muñoz, Marisol Yagüe y la mayor parte de sus concejales y asesores, con José Antonio Roca, de Urbanismo, a la cabeza, se sentaron en el banquillo e ingresaron en prisión como resultado de las investigaciones realizadas en el marco de la ´Operación Malaya´.

Gestora. Hasta las víctimas se convirtieron en verdugos, como Isabel García Marcos, el azote del GIL que terminó aliándose en la moción de censura que derrocó a Muñoz en 2003, junto con Yagüe y el ahora fugitivo Carlos Fernández (PA), que siguieron la misma línea, hasta que en 2006 la Junta retiró todas las competencias al Ayuntamiento y se nombró una comisión gestora, presidida por Diego Martín Reyes, que se encargó de reconducir la situación hasta las elecciones de hace dos años, en las que se impuso el PP de Ángeles Muñoz, que siempre apostó por regularizar todas las viviendas y proteger así a los compradores.

La aprobación del PGOU de ayer cierra un paréntesis y devuelve la normalidad a la ciudad, aunque aún quedan preguntas: ¿qué va a pasar con los inmuebles que se han quedado fuera del planeamiento?