jueves, 30 de julio de 2009

Marbella aprueba el PGOU que pone orden tras la 'era Gil'

El documento dota de garantías jurídicas a cerca de 17.000 viviendashasta ahora en situación irregular
Entrará en vigor en otoño tras el refrendo de la Junta de Andalucía

Marbella aprueba el PGOU que pone orden tras la 'era Gil'
Momento en que se produce la aprobación del nuevo Plan. /JOSELE-LANZA
El Ayuntamiento de Marbella avanzó ayer un paso más para contar con un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) después de 23 años, desde que en 1986 entrara en vigor el documento por el que todavía se rige el planeamiento del municipio. La Corporación municipal acordó la segunda aprobación provisional del texto que pondrá fin al caos urbanístico heredado de la 'época GIL' y que será remitido a la Junta de Andalucía para su visto bueno definitivo. El documento fue avalado por el PP y el PSOE de forma mayoritaria durante la celebración de un pleno calificado de histórico por el equipo de Gobierno. No hubo unanimidad, dado que el concejal de IU votó en contra, rechazo al que también se sumó finalmente el edil socialista Juan Luis Mena, que rompió así con la disciplina de su partido.
Tanto la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, que abrió con su intervención el pleno extraordinario, como la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Susana Radío, coincidieron a la hora de destacar las bondades de un Plan que ofrece un marco jurídico para la regularización de cerca de 17.000 viviendas ilegales mediante un sistema de compensaciones que deberán asumir los promotores. El documento establece una superficie de casi 4,8 millones de metros cuadrados para espacios libres y prevé más de dos millones de metros cuadrados de equipamientos públicos.
La regidora destacó que el texto modificado por el equipo de Gobierno ha incrementado la ratio de estas dotaciones urbanísticas, situándolas muy por encima de los patrones fijados por la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). Resaltó además que 9.500 de los 16.000 inmuebles programados en el futuro desarrollo de la ciudad se corresponderán con viviendas de protección oficial y subrayó que el documento, a lo largo de su tramitación, ha incorporado 13.000 de las 17.000 alegaciones presentadas por los vecinos, lo que constituye un 76 por ciento.
Durante su intervención, la alcaldesa repasó los últimos 20 años de despropósitos urbanísticos. Un «pasado caótico» en materia de planeamiento que, alimentado por los anteriores gobiernos municipales, trajo consigo cientos de procesos judiciales, recursos y órdenes de paralización o derribo y que desembocó en la retirada de competencias al Ayuntamiento por parte del Gobierno andaluz y en una situación de inseguridad jurídica para miles de familias y cientos de comercios.
Fuera de ordenación
En este sentido, Muñoz lamentó que el nuevo PGOU deja fuera de ordenación a cerca de 500 de viviendas ilegales habitadas, así como otro millar de inmuebles no ocupados, repartidas entre el edificio Banana Beach y dos promociones en La Víbora y Río Real. El PP renunció a incluir estas edificaciones en el proceso de regularización ante la advertencia de la Administración autonómica de que el Plan sería rechazado. La regidora anunció que hoy mantendrá una reunión con los vecinos afectados y aseguró que el Consistorio seguirá trabajando para buscar una fórmula jurídica que solvente esta situación antes de la aprobación definitiva del documento.
El PSOE coincidió con el Ejecutivo local al valorar las líneas maestras del nuevo texto urbanístico para argumentar su respaldo al mismo. Radío afirmó que el PGOU sentará las bases de la legalidad y permitirá la normalización del urbanismo en Marbella, además de garantizar la reserva de suelo educativo y sanitario. Otros elementos positivos que contempla el documento son una importante previsión de zonas verdes, la ejecución de grandes infraestructuras o la construcción de viviendas a precios asequibles, según señaló la portavoz socialista, que destacó que el Plan posibilitará además recuperar la confianza de los inversores y poner fin a la incertidumbre de unas 17.000 familias que habitan viviendas irregulares.
No todo fueron argumentos similares ni elogios a un plan urbanístico que, como han observado en los últimos días partidos y colectivos, no convence de forma global a nadie. Radío censuró la falta de participación ciudadana en la tramitación del documento, las lindes que se establecen respecto a los municipios limítrofes y la reducción de compensaciones a los promotores acometida por el equipo de Gobierno. «Nuestro voto favorable no es un cheque en blanco», apuntó la portavoz socialista, que aseguró que su formación estará vigilante para que se cumplan las cesiones de suelo por parte de los empresarios.
Rechazo de IU
El concejal de IU, Enrique Monterroso, fue más crítico con un PGOU que, a su juicio, «legaliza la corrupción», no plantea un verdadero modelo de ciudad y no garantiza la recuperación del patrimonio de suelo expoliado a los vecinos de Marbella durante más de una década. Según el edil de la coalición de izquierdas, el nuevo documento es «legal, pero inmoral»", puesto que nace viciado de origen al contemplar como principal objetivo la normalización de lo construido ilegalmente. Aseguró que el texto urbanístico se ha gestionado sin contar con la participación de los vecinos, presenta un sistema de compensaciones injusto y su ejecución es insostenible. Por este motivo, solicitó que la aprobación del documento se quedara sobre la mesa y se aplazara hasta el próximo mes de septiembre, una vez recabada la opinión de los vecinos.
La moción fue rechazada con los votos en contra de los dos partidos mayoritarios, a excepción del socialista Juan Luis Mena, que apoyó a la coalición de izquierdas en esta propuesta y en la votación sobre la segunda aprobación provisional del PGOU, que fue respaldada por 24 de los 26 concejales presentes. E
El Salón de Plenos completó su aforo con la presencia de medios de comunicación, vecinos y representantes de colectivos sociales y económicos. Entre ellos, el presidente del Centro de Iniciativas Turísticas (CIT), Miguel Gómez y Molina, que mostró su satisfacción por la aprobación de un documento que constituye «una herramienta para que Marbella se consolide como ciudad turística de primer nivel mundial».

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