La iniciativa persigue la modificación de la LOUA y resolver el problema de las casas ilegales en el campo.
Tres meses después del acuerdo de la Mancomunidad de Municipios de la Costa de Sol-Axarquía de solicitar a la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio la modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) para dar garantía jurídica a los propietarios de las viviendas ilegales construidas en el campo y reactivar la construcción, la entidad no ha conseguido aún constituir la mesa de trabajo que debería encargarse de consensuar los cambios que se exigirán al Gobierno andaluz en la normativa urbanística.
Según el presidente de la Mancomunidad, el socialista José Jesús Domínguez Palma, el problema es que la mayoría de los organismos y ayuntamientos invitados a participar en la mesa no han designado aún a sus representantes y por consiguiente ni se ha constituido ni se ha celebrado ninguna reunión para conseguir que las casas fuera de ordenación puedan ser regularizadas.
Por este motivo, Domínguez ha anunciado su intención de volver a requerir a los ayuntamientos axárquicos, la Junta de Andalucía, la Diputación y los colegios profesionales de arquitectos y abogados, que son los estamentos invitados, para que designen a sus representantes.
Final de año
Domínguez se ha mostrado confiado sin embrago en poder tener la mesa de trabajo creada antes de final de año. «La mesa debe empezar con el máximo rigor y para ello es necesario que todos los estamentos cuenten con un representante en este órgano», ha señalado Domínguez.
El acuerdo de creación de la mesa y la solicitud de modificación de la LOUA tuvo lugar en julio de este año ante la presión ejercida por los alcaldes socialistas de la comarca, que llegaron a entregar al Ministerio de Justicia, Francisco Caamaño, un escrito exigiendo que la legislación aplicable en los casos de los presuntos delitos contra la ordenación del territorio abiertos a algunos mandatarios sean tramitados por la vía del Contencioso-Administrativo y no la penal.
Ese mismo escrito fue remitido también al consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, y la Fiscalía de Málaga.
Según los alcaldes, las conductas que han dado origen a la mayor parte de las imputaciones tienen su origen en la concesión de licencias de obra para viviendas aisladas en suelo no urbanizable en contra del informe preceptivo y no vinculante de la Junta, a pesar de contar con proyectos de actuación aprobados por el pleno, tal y como exige la LOUA.
Objetivo
El objetivo de la Mancomunidad es que se acometan las modificaciones pertinentes que establezca la mesa de trabajo en el Plan de Ordenación Territorial de la Axarquía (POTAX) y la Ley andaluza. De este modo, se dará garantía jurídica a los propietarios de viviendas irregulares. Asimismo reclaman un marco jurídico unitario de aplicación por los responsables municipales, ya que los regidores se quejan de que la legislación actual es demasiado confusa.
El acuerdo suscrito por la totalidad de los 31 alcaldes de la Axarquía en la Mancomunidad incluye asimismo exigir el desarrollo del reglamento de la LOUA, aprobada hace siete años; instar a los poderes públicos, partidos políticos y agentes sociales y económicos un pacto social por el urbanismo en la comarca para reimpulsar el sector de la construcción, y exigir a la Junta de Andalucía que ejecute las inversiones recogidas en el POTAX, entre las que figura el corredor ferroviario y la estaciones depuradoras necesarias para lograr el vertido cero de aguas residuales en toda la Axarquía.
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