jueves, 1 de octubre de 2009

El concurso de Aifos colapsa el registro de escritos judiciales (LAOPINION)

El 25% de los documentos que se presentan, un total de 2.000 cada día, está relacionado con la empresa. La secretaria del Decanato solicitará a la Junta de Andalucía la inclusión del órgano en el plan de horas extra para poder hacer frente a la avalancha de asuntos.


JOSÉ ANTONIO SAU. MÁLAGA La promotora Aifos solicitó al juzgado de lo Mercantil número 1 de Málaga el concurso voluntario de acreedores, petición que le fue concedida el pasado 22 de julio. La compañía posee más de 2.000 acreedores y debe alrededor de 800 millones de euros a 34 sociedades, pero el hecho de acudir a la figura de la antigua suspensión de pagos es una apuesta de la empresa por su supervivencia.

En cualquier caso, el volumen del proceso es tal y el número de acreedores ha adquirido una proporción tan importante –unos 2.000– que la causa ha acabado colapsando el registro de escritos del Decanato. Los acreedores tenían hasta ayer, 30 de septiembre, para presentar ante el juzgado el importe que la compañía les adeuda. Por ello, en las últimas dos semanas se ha producido una auténtica avalancha en el registro de escritos, según confirmó a La Opinión de Málaga la secretaria del Decanato, Francisca Castellanos, aunque el goteo comenzó a finales de julio.

Cada jornada desde hace dos semanas han entrado en estas dependencias 2.000 escritos relativos a los diversos temas que se tramitan en los juzgados de la Ciudad de la Justicia, de los que alrededor de 500 están relacionados con Aifos, habitualmente de empresas o particulares que reclaman a la sociedad lo que se les debe, aunque también hay recursos y peticiones que afectan a otros trámites procesales.

La solicitud de concurso fue realizada por la empresa malagueña al no poder llegar a un acuerdo con sus acreedores en la fase preconcursal. En esta etapa del trámite, se puede realizar un convenio que, a su vez, recoge un calendario de pagos, lo que supone asimismo una importante reducción de la deuda. Esto, ahora, deberá hacerse más tarde, una vez que se conozca con exactitud el débito que arrastra la empresa.

Entre los acreedores hay 34 entidades, la mayoría financieras, a las que se les debe en torno a 800 millones de euros, aunque también se le adeudan importantes cantidades tanto a la Seguridad Social como a la Agencia Tributaria. El pasivo de la promotora supera los 1.000 millones de euros.

El juez de lo Mercantil aseguró en su auto que la promotora estaba "en un estado de insolvencia inminente" y que, sólo en 2008, la empresa perdió 106 millones. El magistrado entiende que Aifos "carece de la capacidad necesaria para cumplir regular y puntualmente sus obligaciones, por lo que el concurso voluntario de acreedores es su tabla de salvación. La propia compañía emitió el viernes 23 de julio un comunicado en el que aseguraba que la suspensión de pagos le "permitirá reordenar su deuda para combatir la crisis inmobiliaria y garantizar la pervivencia de la actividad, el cumplimiento de los contratos con terceros y el mantenimiento de los puestos de trabajo". Actualmente, la plantilla cuenta con 610 trabajadores.

Pero no todo es negro. La empresa prevé terminar en los próximos meses 3.000 viviendas, lo que aliviaría sus arcas y permitiría la subsistencia de la compañía.

El hecho es que el proceso es tan voluminoso que no sólo se ha colapsado el registro de escritos, sino que también el juzgado número 1 de lo Mercantil, ya de por sí saturado, se encuentra en una difícil situación. Hasta el 6 de septiembre, había en el órgano 257 concursos vivos y otros 300 en tramitación.

La secretaria del Decanato ha solicitado a la Junta de Andalucía que el registro de escritos sea admitido en el plan de prolongación de jornada, lo que supondrá un desembolso económico por parte de la Administración regional para pagar las horas extra.

Los magistrados de Málaga irán a la huelga
Los magistrados de la Audiencia Provincial de Málaga irán a la huelga el próximo 8 de octubre. Dieciocho miembros de la judicatura pidieron al presidente, Francisco Arroyo Fiestas, que convocara una Junta General de Magistrados –´plenillo´– para decidir si se apoyaba o no el paro. Así, acudieron diecisiete, votando doce a favor de secundar la huelga. Cinco de los presentes se abstuvieron.

Esto quiere decir que la Junta General de Magistrados ha sido uno de los primeros órganos del país en sumarse a la huelga, cuya convocatoria sólo mantiene hoy la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en Málaga. Jueces para la Democracia, Foro Judicial Independiente y Francisco de Vitoria decidieron retirar su apoyo al paro hace meses, al entender que no hay consenso.

Las reclamaciones siguen siendo las mismas: hay falta de medios materiales y humanos en la Administración de Justicia y, además de suplir esas carencias, es necesaria una profunda renovación tecnológica del servicio, amén de una reforma de calado de las leyes procesales. En definitiva, lo que se exige es una inversión fuerte y mantenida por parte del Gobierno en esta materia. Las tres asociaciones que no convocan la huelga piensan que las conversaciones con el Ministerio de Justicia van por buen camino, mientras que la APM quiere más respuestas del Ejecutivo Socialista.

Ahora tendrá que pronunciarse la Junta Provincial de Jueces, compuesta por 123 personas. El seguimiento del paro del pasado 18 de febrero se situó en el 72,3% de la plantilla, según el comité de huelga, mientras que el TSJA redujo esta cifra hasta el 50,6%. El caso es que la histórica huelga de jueces fue un éxito en la provincia, al igual que en Madrid, Barcelona o Sevilla, mientras que fracasó en otras ciudades.

Fuentes judiciales afirman que algunos magistrados están suspendiendo ya los juicios señalados para el 8 de octubre para minimizar el perjuicio a los ciudadanos y a los operadores que participarán en las vistas. En el último paro, fueron suspendidos 169 plenarios. Algo se movió con el gesto de la judicatura.

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