La situación del urbanismo en la Axarquía sigue estando en el candelero. Así, la Diputación Provincial de Málaga aprobó ayer de forma unánime en el pleno instar a la Junta de Andalucía al desarrollo reglamentario de la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía (LOUA), a través de una moción, presentada inicialmente por el PP, y que pasó a ser institucional.
Lo que todo los partidos políticos con representación en la Diputación quieren es que la Junta defina mediante un reglamento las actuaciones permitidas y prohibidas en el tratamiento del suelo no urbanizable para acabar con lo que han calificado como indefinición actual.
Código penal
Por otra parte, el secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo, ha reiterado esta semana el compromiso del Gobierno y su 'tolerancia cero' contra todas las formas de corrupción urbanística y subrayó que la reforma del Código Penal, actualmente en trámite parlamentario, prevé sanciones más duras para quienes cometan este tipo de delitos.
Campo ha respondido así en la Comisión de Justicia del Senado a una pregunta de la senadora Patricia Navarro sobre la petición de los alcaldes de la Axarquía para que se reforme la Ley de Ordenación Urbanística andaluza (LOUA) de modo que no se aplique la legislación penal en los delitos relacionados con el urbanismo.
Lejos de apoyar la medida, con la que los alcaldes pretenden reimpulsar el sector de la construcción, que consideran ahora paralizado debido a los procedimientos judiciales abiertos, Campo ha subrayado que la propuesta de reforma del Código Penal amplía hasta cuatro años de cárcel por cada obra ilegal, prevé multas hasta el triple del beneficio obtenido, determina que las ganancias se decomisarán siempre y castigará penalmente a funcionarios y autoridades que amparen obras ilegales, entre otras medidas.
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