El convento de la Trinidad y el cine Ochoa. Marbella (SUR)

RECONQUISTADA la ciudad de manos musulmanas, se procedió al reparto de sus tierras y casas entre aquellos a quienes se quería recompensar, por sus servicios de armas, y repobladores venidos 'ex professo'. En el reparto se tuvo en cuenta la necesidad espiritual de la nueva población, fundándose dos iglesias (Santa María de la Encarnación y Santiago) y una capilla dedicada a Santa Catalina, que fue otorgada al ermitaño fray Guillermo de Tolosa en tanto se decidía la orden religiosa más apropiada para la fundación de un convento. Hecho este que ocurrió en el año de 1500 y fray Guillermo entregó la dicha capilla a la Orden Trinitaria, edificándose convento con iglesia. Durante el siglo XVIII los cenobios trinitarios entraron en crisis, abocando al cierre de muchos de ellos y a la disminución del número de sus frailes. El de Marbella quedó en este segundo caso.

La mala administración de nuestro país llevó al Gobierno a emitir Títulos de la Deuda, cuyo rendimiento se hacía penosísimo. Para ello se decidió desamortizar numerosísimas fincas y edificios que nada rendían, puesto que estaban en poder de 'manos muertas', al objeto de allegar fondos para el pago de la Deuda; a la par de que entraran a contribuir al Fisco y la posibilidad, a su vez, de que éstas posesiones pasaran al mercado libre, viabilizando una redistribución al facilitar el acceso a la propiedad de pequeños labradores y colonos (ni que decir tiene que esto no ocurrió así).

Este fue el fin al que se destinó el convento de la Trinidad. Desalojado de frailes, en cumplimiento de la ley promulgada en octubre de 1837, sobre la incautación de joyas y alhajas al clero, fueron llevados a la Casa de la Moneda de Sevilla numerosos objetos litúrgicos y de exorno del monasterio. Posteriormente, el 7 de noviembre de 1843, mediante 'venta judicial', se adjudicó el edificio al vecino de Marbella Antonio Hormigo, cuyos herederos lo fueron vendiendo a 'trozos'. Así, el 24 de diciembre de 1863, el teniente coronel José Trujillo Celani se hizo con la iglesia del cenobio; a su muerte, acaecida el 17 de septiembre de 1872, le heredó su esposa Luisa Quijada Rosado que disfrutó de la propiedad hasta el 21 de enero de 1926, fecha en que la vendió a Rafael Ochoa Alcázar quien puso en funcionamiento el que fue denominado 'Cine Ochoa'.

En el documento de compraventa se insertó esta condición: 'Si, como es propósito del comprador, éste construyera teatro o sala de espectáculos públicos sobre el solar que adquiere, se obliga a reservar a favor de doña Luisa Trujillo Quijada, vitaliciamente, dos localidades de butaca para todas las funciones que se celebren'.

Los juzgados decidirán tras la aprobación del PGOU sobre un centenar de sentencias de derribo. Marbella (SUR)

El número de resoluciones judiciales pueden incrementarse hasta 300 en los próximos meses

La ejecución se ha aplazado hasta la entrada en vigor del Plan, prevista para el próximo otoño.

Desde hace tres años las sentencias judiciales que anulan licencias urbanísticas concedidas por el Ayuntamiento de Marbella durante el mandato de los alcaldes del GIL se van acumulando en los juzgados a la espera de su ejecución. Hasta el momento son más de un centenar las resoluciones dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en las que se establece la obligación de restituir la legalidad, es decir, el derribo de la edificación levantada al amparo de un permiso de obras que vulnera el planeamiento urbanístico vigente.

Una cantidad cercana al doble de esa cifra se encuentra pendientes de resolución, por lo que el número de sentencias puede incrementarse hasta las 300 en los próximos meses. La ejecución de todas ellas, muchas de las cuales afectan a promociones inmobiliarias habitadas, está pendiente de la aprobación definitiva del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella.

Desde la etapa en la que la comisión gestora se puso al frente del Ayuntamiento tras la disolución de la Corporación municipal a raíz del 'caso Malaya', por cada notificación recibida de una sentencia de anulación de licencia urbanística, existe a su vez una solicitud del Consistorio al TSJA para que se suspenda su ejecución hasta la entrada en vigor del nuevo ordenamiento. El mecanismo ante la comunicación de estas resoluciones judiciales siempre es el mismo. El servicio de disciplina urbanística inicia la tramitación del expediente para la ejecución de la sentencia y, de forma paralela, promueve un incidente de ejecución referente a la reposición de la realidad alterada sobre el que deben decidir con posterioridad las autoridades judiciales. La Junta de Andalucía se ha mostrado también de acuerdo con la tesis planteada en este sentido por el Gobierno municipal marbellí.

Reanudación del proceso

La aprobación definitiva del PGOU por parte del Gobierno autonómico, prevista para el próximo otoño, abrirá un nuevo escenario en relación con las miles de viviendas sobre las que pesan sentencias firmes de derribo. Entonces, según fuentes municipales, cualquiera de las partes personadas en los procedimientos judiciales podrá solicitar la reanudación del proceso, y con ello el inicio del expediente de derribo. En cada caso, el Ayuntamiento de Marbella informará del nuevo ordenamiento urbanístico vigente en el municipio al TSJA, y a partir de aquí se inicia el capítulo de las hipótesis, dado que los tribunales decidirán cada caso de manera particular.

Tanto la Administración regional como el Consistorio marbellí consideran que el nuevo documento urbanístico aporta la base para la legalización de las edificaciones, por lo que el tratamiento de las sentencias establecerá la imposibilidad de ejecutar las mismas en lo referente a posibles demoliciones. Eso sí, según el equipo de Gobierno, las resoluciones judiciales anulan estas licencias de obras, otorgadas al amparo de un planeamiento que no entró en vigor, por lo que se deberán conceder los permisos urbanísticos en relación con el nuevo PGOU. En cualquier caso, serán los juzgados los que decidan cada uno de los supuestos, hecho que podría desembocar en resoluciones dispares.

Diferentes casos

No todos los casos tienen el mismo telón de fondo. Frente a las cerca de 17.000 viviendas ilegales que se incorporan el proceso de regulación por compensaciones que recoge el Plan, se encuentran las tres promociones que quedan fuera de ordenación: Banana Beach, La Víbora y Río Real. «Aún en el caso de que el nuevo plan declare su compatibilidad con el modelo territorial propuesto, no implica necesariamente su no demolición, puesto que si los tribunales adoptaran la ejecución de la sentencia con independencia de las previsiones del nuevo plan general, se procedería a su demolición». Son palabras del coordinador del equipo redactor del nuevo PGOU de Marbella, Manuel González Fustegueras, en relación con el Banana Beach, aunque la reflexión del arquitecto jerezano podría hacerse extensible al resto de edificaciones ilegales.

Tampoco todas las sentencias de anulación de licencias tienen su origen en las cerca de 380 impugnaciones llevadas a cabo por la Junta de Andalucía a lo largo de once años. Algunas de ellas responden a las denuncias presentadas por particulares o comunidades de propietarios. En estos casos, serán los denunciantes quienes solicitarán la ejecución de las sentencias y, por tanto, la demolición de los inmuebles, mientras que el Ayuntamiento defenderá la misma postura en relación a la regularización de las edificaciones en virtud del nuevo PGOU. Según el edil socialista Javier de Luis, en estos supuestos los particulares podrán solicitar una indemnización por responsabilidad patrimonial tanto al promotor de la obra como al Consistorio. La opinión del equipo de Gobierno es distinta. Su portavoz, Félix Romero, considera que la denuncia de un particular no genera ningún derecho, sino que es similar a una acción popular.

Un defensor del Patrimonio. Málaga (LAOPINION)

Antonio Espejo tiene detrás una larga vida en el movimiento vecinal. Desde 1998 lleva luchando para recuperar el convento del Carmen y transformarlo en un centro cultural para El Perchel

El Carmen. Antonio Espejo, asomado al convento del Perchel que, denuncia, sigue en general en un estado lamentable.

Lo primero que Antonio Espejo señala al comenzar la entrevista es que prefiere que se hable del convento del Carmen antes que hablar de él. Sin embargo, su trayectoria en defensa del Patrimonio de Málaga no se entiende sin unas pinceladas biográficas.

Nació Antonio en 1930 en la calle Peregrino del Perchel y fue uno de los niños que escaparon por la Carretera de Almería en el 37, cuando la llegada de las tropas rebeldes a Málaga. "Salimos mi madre y mis tres hermanos y llegamos más allá de Motril", cuenta. Al regreso, la madre se entera de la detención de su marido. Antonio todavía recuerda el cadáver de su padre tras ser fusilado en San Rafael. "Mi madre tuvo que pagar al enterrador para que lo enterraran aparte".

La familia de Antonio salió adelante por la entrega de la madre. "Mi madre puso unos barriles de pie, iba a Pescadería, freía un pulpo y ponía vino y con eso se alimentaban las criaturas", recuerda.

Antonio Espejo sintió desde pequeño un afán por mejorar la situación en la que vivía España y se afilió joven al PCE. Se convierte en camionero y la actividad política le lleva a Francia. "Allí continué con la militancia", explica. Tras 12 años en París, vuelve a Málaga, al barrio de La Luz y en 1998 regresa al Perchel.

El convento. En El Perchel, ingresa en la asociación de vecinos ´Los Percheles´ y forma parte de la revista ´Corralón´, que sostiene que "conservar el Patrimonio Histórico es la inversión más importante". Antonio explica: "Yo veía que hacía falta un centro cultural", y propuso que se instalara en el convento carmelita de San Andrés. "La primera asociación que se preocupa por el estado del convento fueron ´Los Percheles", subraya.

La propuesta cultural caló en el barrio pero no en las administraciones. En 1999 el Ayuntamiento está a punto de derribar el convento y Antonio Espejo y los vecinos se movilizan para evitar el derribo. "En aquel momento teníamos bastante fuerza y dijimos que si se derribaba formaríamos la grande porque era especulación, y conseguimos que el Ayuntamiento parara el derribo".

Cuando dejó el barrio de La Luz, este defensor del Patrimonio se trajo a las monitoras del barrio para que también hicieran talleres en El Perchel, de ahí que fuera más que consciente de las necesidades culturales de su barrio natal. "El mejor destino para el convento sería un centro cultural porque aquí en El Perchel no hay nada", deja claro.

Con respecto a las últimas obras de mejora del convento, incluidas en el plan Zapatero, piensa que sólo son ´un lavado de cara´ y recuerda cómo está la mayoría del convento: "Hemos tenido cuatro incendios, hay que venir aquí y darse cuenta de que hay ratas, cucarachas, infección de mosquitos, hay bastantes pañiles abandonados y esto es un peligro", denuncia.

A Antonio Espejo le parece bien el destino que se dará al refectorio del convento, que estará dedicado a la figura del general Torrijos quien pasó allí la última noche con sus compañeros antes de ser fusilado en la playa de San Andrés.

En cuanto a la propuesta de hacer en el resto del edificio un Museo de Arquitectura, cree que también puede haber espacio para el centro cultural que, recalca, tanto necesita El Perchel. "Si se construye bien puede caber todo. Es necesario unificar fuerzas, sentarnos asociaciones y personas de la cultura con el Ayuntamiento y ver qué vamos a hacer". Cerca ya de los 80 años, la lucha de Antonio Espejo por mejorar Málaga no tiene edad.

El sector inmobiliario tardará cuatro años en recuperarse. (LAOPINION)

El consejero delegado de Analistas Económicos de Andalucía pronostica que ese será el periodo necesario para absorber el exceso de oferta en España.

El consejero delegado de Analistas Económicos de Andalucía, Francisco Villalba, ha pronosticado que el sector inmobiliario tardará al menos cuatro años en "absorber el exceso de oferta que existe en España", responsable de la crisis que vive el sector en la actualidad.

"Hoy en día hay demasiada oferta inmobiliaria y en tanto el mercado no la absorba se mantendrán las dificultades del sector", ha asegurado Villalba a Efe.

En España se ha pasado por una ´burbuja inmobiliaria´ en la que los precios de la vivienda se dispararon más de lo que el mercado podía soportar y, según el experto, "hasta que no se produzca un ajuste en el nivel de precios se ve difícil la situación del sector inmobiliario".

Villalba prevé que mientras la situación se estabiliza, las empresas del sector tendrán que "buscar la manera de reestructurarse" con el fin de mantenerse a flote.

Con respecto a la situación de la promotora malagueña Aifos, que ha entrado en concurso voluntario de acreedores con un pasivo de mil millones de euros, ha dicho que es "consecuencia directa" de la recesión que ha afectado a decenas de empresas en los últimos años.

Según los datos aparecidos este mismo mes, en España de cada dos casas que se edifican, una se queda sin vender. Hasta mayo de 2009, en nuestro país sólo se vendieron 92.731 inmuebles nuevos, la mitad de los construidos en ese periodo. Las patronales inmobiliarias creen que en 2009 no se alcanzarán las 150.000 viviendas.

La inmobiliaria paga los daños. Málaga (LAOPINION)

Una sentencia da la razón a una comunidad de propietarios de Parque Litoral que reclamaba a la inmobiliaria el arreglo de defectos de construcción que no asumía como propios.

Parque Litoral. Ramón Ríos delante de la urbanización, en la avenida Imperio Argentina. arciniega

La comunidad de propietarios de Pueblo Litoral, una promoción de 273 viviendas en Parque Litoral construida en 2004, ha conseguido que la justicia falle a su favor en la demanda interpuesta contra la inmobiliaria Ferrovial, en la actualidad Promociones Habitat, por no hacerse cargo de numerosas deficiencias.

En concreto, ha sido el juzgado de Instrucción número 8 de Málaga el que hace responsable a la inmobiliaria de realizar una serie de reparaciones para eliminar estos defectos en las zonas comunes de la urbanización.

Ramón Ríos, portavoz de la asociación de vecinos y miembro de la comunidad de propietarios de Pueblo Litoral, explica que cuando los vecinos empezaron a ocupar sus casas, "comenzamos a ver fallos que no nos parecían lógicos". Ríos explica que Ferrovial tenía en la misma urbanización las oficinas y al acudir para exigir las reparaciones, "nos decían que era cosa del mantenimiento, que prácticamente teníamos que pagarlo todo nosotros".

Hacia 2005, la comunidad de propietarios, viendo la respuesta de la inmobiliaria, contrató un perito, "para que hiciera una valoración de los defectos de construcción y de lo que no era". Según señala el portavoz vecinal, el peritaje mostraba unas deficiencias valoradas "en unos 800.000 euros".

La sentencia, comenta Ramón Ríos, "nos da la razón a los vecinos en un 80 por ciento". Entre las reparaciones que el juzgado de instrucción señala que tendrá que realizar el demandado se encuentran las filtraciones y humedades, grietas y fisuras, el arreglo de la dilatación de las solerías y lo que el portavoz vecinal considera la obra más cara, el arreglo de una parte de la fachada de la urbanización. "El aplacado hay que quitarlo entero, se cayeron placas y tuvieron que venir los bomberos", recuerda. De hecho, en la actualidad puede verse cómo faltan algunas placas.

Ríos señala que estas reclamaciones contaron desde un principio con el apoyo de la asociación de vecinos y de hecho, en 2007 La Opinión ya se hizo eco en un reportaje sobre el barrio de las quejas de la urbanización.

En ese reportaje, Ramón Ríos declaraba que, al ver las deficiencias generalizadas en la urbanización, "le dijimos al Ayuntamiento cómo se atrevía a dar la licencia de primera ocupación y nos respondieron que no había personal suficiente para inspeccionar". "Aquí se ha hecho todo con subcontratas, se vendía y rápidamente a construir y el Ayuntamiento ha pasado la mano a las constructoras", añadía entonces.

Ramón Ríos destaca ahora que cuando se cumpla la sentencia, "los pisos se van a revalorizar al recuperar las zonas comunes por la dejadez que teníamos encima".

Queda un último escollo y es que, como informa Ríos, Ferrovial está en un proceso concursal. Los vecinos están a la espera, en un juzgado mercantil de Barcelona, de que pueda hacerse realidad la sentencia.

Una nueva mirada al centro. Málaga (MALAGAHOY)

Solares baldíos y edificios en ruinas en la calle Tomás de Cózar, situada a pocos metros de la pinacoteca.

Varios turistas esperan a las puertas del Museo Picasso.

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La mirada se posa de nuevo sobre el centro histórico de Málaga, sobre sus calles maltrechas, sobre sus edificios abandonados, sobre las entrañas mismas de una ciudad en la que la figura de Pablo Ruiz Picasso empieza a tomar protagonismo. Y lo hace justo en el momento en que el plan turístico recién firmado por la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de la ciudad permite atisbar una solución al olvido en el que han permanecido durante años vías como Tomás de Cózar o Beatas o proyectos como la recuperación de la Judería, espacios estratégicos del corazón urbano que se extienden a apenas decenas de metros del museo dedicado a la figura y obra del universal pintor.

La apuesta de ambas instituciones contempla el diseño de acciones encaminadas a adecentar y potenciar el atractivo turístico de los alrededores del Museo Picasso y de la Casa Natal del pintor, situada en la Plaza de la Merced, y del entorno de la Catedral, en el que se prevé incrementar los espacios de uso peatonal. En total, la estrategia a seguir, que verá sus resultados a lo largo de los próximos cuatro años, pone sobre la mesa 14 millones de euros para estas intervenciones, que vienen a sumarse, según precisaron responsables del plan, a las iniciativas ya previstas por otras vías, llámese Fondos Estatales de Inversión Local (FEIL) o fondos europeos.

Sin embargo, la suma de soluciones que ahora se proponen para esta parte de la ciudad evidencia, igualmente, la inacción de años pretéritos, especialmente alarmante cuando el Museo Picasso abrió sus puertas casi seis años atrás. El escenario con el que se topaban los visitantes a la ciudad en aquellos meses era el de una zona urbana deteriorada hasta el extremo, sin que se hubiesen desarrollado las promesas de intervención sobre inmuebles, solares y calles que meses antes de la inauguración del gran baluarte cultural de la capital malagueña se hicieron.

Y el escaparate de esta parte de la ciudad no ha variado sustancialmente; en todo caso lo ha hecho a peor. A día de hoy no es realidad el proyecto de la Judería, del que el Ayuntamiento viene hablando desde hace más de diez años, que pretendía remozar el entorno de la calle Granada con la construcción de una sinagoga, impulsada por la comunidad sefardí; la rehabilitación del torreón mudéjar y la implantación en el mismo de una oficina de turismo; la creación de una plaza de uso ciudadano junto a la trasera del Museo Picasso, o la edificación de un hotel de cinco estrellas en el Palacio del Marqués de la Sonora, paralizado desde hace años... Y no lo es tampoco la prometida revitalización de Tomás de Cózar y Beatas, sobre las que ahora se ciernen actuaciones de reurbanización con las que lavarles la cara.

Esta es parte de la imagen que han retenido en sus pupilas los miles de turistas que se adentraban en las arterias del centro atraídos por la llamada de la obra del pintor. Muchos, los que osaban traspasar la frontera que delimita la sombra del Palacio de Buenavista, se topaban de lleno con la otra realidad de este barrio, esa realidad que muestra el contrario de lo que es la calle Larios o la Plaza de la Constitución, esa realidad que se resume en una simple fotografía de la ruina de Tomás de Cózar.

Para el equipo de gobierno del PP lo programado en los próximos años, fruto de la suma de diversas líneas de acción e inversión, va a permitir transformar la imagen del casco antiguo. "Va a haber un antes y un después en el turismo de la ciudad con la puesta en funcionamiento de este plan", augura Elías Bendodo, concejal de Turismo. A su juicio, el objetivo último es el de "convertir el centro en un museo al aire libre, en el que pasear para los visitantes sea una maravilla". Con este fin, el plan turístico de la capital prevé un importante número de acciones sobre calles y plazas, que sumadas a las de los fondos FEIL y fondos europeos, hará que "en dos o tres años el centro tenga una reconversión tremenda".

En la misma línea, el nuevo gerente del plan, José Asenjo, hizo hincapié en que a diferencia de ciertas obras de reurbanización que ahora se impulsan, la pretensión del plan es que lo que se acometa en el marco de esta estrategia "sea un elemento distintivo". "Esta iniciativa no viene a suplementar las acciones municipales, sino que busca intervenciones con singularidad propia", dijo. Asenjo subrayó la necesidad de actuar en el entorno del Picasso, donde "queda mucho por hacer", aunque se apresuró a precisar que el plan "no lo abarca todo".

Pero éste, como no lo ha sido ninguno de los planes anteriores, no será el antídoto final para el mal que padece el centro. La ciudad del paraíso que dibujó con sus palabras Vicente Aleixandre está aún alejada de esta Málaga que busca en su hijo universal, Picasso, la mano que pinte su nuevo y añorado futuro.

Una reliquia dunar que nada tiene que envidiar a Arraijanal. Marbella (MALAGAHOY)

La Sociedad Española de Ornitología advierte de que las dunas del Alicate en Marbella están seriamente amenazadas por la pretensión del PGOU de construir en ellas

No ha ocupado tantos titulares de prensa ni ha centrado el debate entre los responsables políticos como lo ha hecho el arenal de Arraijanal, pero a pesar de su anonimato es una de las pocas reliquias dunares que aún se conservan en el litoral y que ahora la construcción de 152 viviendas previstas en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella amenazan con destruir para siempre. El ladrillo ha ido rodeando desde hace años la duna del Alicate, una formación única en toda la Costa del Sol por sus dimensiones y su paisaje, y que la Sociedad Española de Ortinología (SEO) está dispuesta a proteger. Las dunas del Alicate están rodeadas por varias urbanizaciones en Marbella.

En apenas 500 metros de ancho, esta duna alberga la mejor muestra de matorral mediterráneo costero del litoral malagueño y las asociaciones vegetales que conserva están incluidas en la directiva comunitaria Hábitat. Un motivo más que suficiente, según este colectivo, para que sea protegida de las garras amenazantes del urbanismo.

Junto con las dunas de Artola, la franja dunar de la playa del Alicate es el mejor resto de este tipo de ecosistema en Marbella. Su anchura duplica la de las dunas de Artola y llega hasta la carretera N-340. Posee un valor paisajístico superior, es un enclave geológico de muy elevado interés y representa uno de los pocos espacios completamente libres de edificaciones en todo el litoral marbellí.

Sin embargo, el Ayuntamiento del municipio no parece considerarlo así porque en el documento donde desarrolla su planeamiento urbanístico para los próximos años, aprobado de forma provisional, lo clasifica como suelo no urbanizable sectorizado transitorio. O lo que es lo mismo, permite la construcción de 152 viviendas que si finalmente se hacen "condenaría a la desaparición irremisible a esta joya ecológica", según la SEO.

Como contraprestación a la recalificación del suelo no urbanizable urbanizado ilegalmente a suelo urbano y el desastre ecológico provocado en el municipio durante décadas, el colectivo ecologista considera que la Junta de Andalucía debería impedir que la duna del Alicate fuera urbanizada "de forma semejante" a como lo está haciendo con los terrenos de Arraijanal en la capital enfrentándose al propio Ayuntamiento que proyecta en la zona la construcción de unas 600 viviendas y equipamiento hotelero.

En el caso del sistema dunar de Marbella sería, en su opinión, incluso más fácil de recalificar porque únicamente ocupa ya unas 5,5 hectáreas, diez menos que Arraijanal que casi llega a las 55 hectáreas. La SEO está intentando por todo los medios que no se urbanice la zona y el pasado 5 de enero presentó alegaciones al PGOU marbellí para proponer su protección. Pero, de momento, ni caso a pesar de que el Pleno del Ayuntamiento aprobó de forma provisional el plan urbanístico hace diez días.

"Llama poderosamente la atención que mientras para salvar Arraijanal la Junta de Andalucía ha mostrado un loable empeño desde el principio para comprar a los propietarios por una respetable cantidad, para la duna del Alicante no haya dado ningún paso", insistió.

Tampoco ha querido pronunciarse hasta el momento. Fuentes de la Delegación Provincial de Vivienda y Ordenación del Territorio aseguraron que hasta que el Consistorio no remita el documento "no podremos valorar la viabilidad de lo que se proyecta allí". El problema es que la duna del Alicate no tiene tanto tiempo y el PGOU que ahora se ha aprobado es su última oportunidad para sobrevivir al desarrollo ilimitado de la franja costera del municipio. Lo que la SEO confía es que se tenga en cuenta que la legislación nacional e internacional protege los ecosistemas litorales, especialmente los amenazados como éste que además posee la mayor superficie de lentiscos de la Costa del Sol y algunas especies vegetales protegidas en la Lista Roja de la Flora Vascular de Andalucía.

También la Ley de Costas y la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) amparan la zona de influencia del litoral de 500 metros de anchura "en la que entra completamente esta duna", recordaron. La pelota está ahora en el tejado de las administraciones que deberán decidir si apuestan o no por la preservación de uno de los pocos reductos naturales que han logrado sobrevivir al proceso urbanizador.

Visto bueno de Medio Ambiente al proyecto del primer puerto deportivo en la costa oriental. (SUR)

La Delegación Provincial de Medio Ambiente ha informado favorablemente al estudio de impacto medioambiental del futuro puerto deportivo entre Nerja y Torrox, que contará con 508 puntos de atraque. Así lo confirmó ayer a SUR la delegada provincial, Remedios Martel, después de que el grupo municipal del PSOE torroxeño emitiera una nota de prensa anunciando este trámite favorable. Martel explicó que el estudio fija como ubicación más positiva, para el que será el primer recinto portuario para embarcaciones deportivas de la Costa del Sol Oriental, la playa torroxeña de Vílchez, en el límite con Nerja.

De esta forma, se descartan otras dos posibles ubicaciones, una en la zona de El Playazo, en Nerja, y otra más al oeste, cerca de Calaceite, también en Torrox. El estudio de impacto medioambiental era una trámite pendiente para la continuación de los trámites del proyecto, que es muy reclamado por los ayuntamientos de ambos municipios y el sector empresarial de la zona. Su evacuación estaba pendiente desde hace más de un año y medio.

La delegada provincial también destacó que el estudio elaborado por los técnicos de su departamento deja muy claras las medidas compensatorias y correctoras que habrán de tomarse a la hora de iniciar las obras «para dañar lo menos posible a los ecosistemas de la zona», dijo. En este sentido, la empresa que se encargue de su construcción y gestión -se hará mediante una concesión de obra pública- deberá hacer un inventario de la flora, la fauna, los valores paisajísticos, los recursos hidrológicos y la dinámica del litoral de la zona.

«Vergüenza y escándalo»

Ahora, una vez superado este trámite, corresponde a la Empresa Pública de Puertos de Andalucía (EPPA), proseguir con el proyecto. El compromiso de la Junta era que las obras se iniciarían antes del final de esta legislatura municipal.

Por su parte, los alcaldes de Nerja y Torrox mostraron ayer su malestar por conocer la noticia a través del PSOE torroxeño y de los medios de comunicación. «Es una vergüenza y un escándalo como confunden el partido y las instituciones. La delegada no ha cumplido con su compromiso de informar primero a los ayuntamientos», manifestó a este periódico el regidor nerjeño, José Alberto Armijo, quien no obstante mostró su satisfacción.

Fomento suprimirá tres pasos a nivel en Álora. (SUR)

Un total de 6,3 millones de euros se invertirán para suprimir tres pasos a nivel en la línea ferroviaria de Córdoba-Málaga, en el término municipal de Álora (Málaga). Dichas obras cuenta con un plazo de ejecución de catorce meses y forman parte de del Plan de Supresión y Mejora de Pasos a Nivel puesto en marcha por el Ministerio de Fomento en 2005. La licitación -aprobada por el Consejo del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) - tiene carácter de obra por cuenta del Estado y se realiza con cargo al Fondo Especial del Estado para Dinamización de la Economía y del Empleo, según informó el Ministerio de Fomento. Para suprimir dos de tres pasos a nivel -concretamente, los que se encuentran situados en los puntos kilométricos 155/011, 155/378- se construirá un paso inferior peatonal y otro más elevado para vehículos, por lo que habrá que realizar varias demoliciones de edificaciones que podrían afectar la zona.

El Ayuntamiento aboga por preservar las casas de El Palo como bien cultural. (SUR)

Costas asegura que el Ministerio de Medio Ambiente no planea demolición alguna.

Prohíbe edificar a menos de cien metros de la orilla. / SUR

La polémica sobre el futuro de las viviendas situadas en primera línea de playa en El Palo, Pedregalejo, Las Acacias, El Dedo y La Araña sigue en la palestra informativa. Ayer, el Ayuntamiento anunció que planteará a la Junta de Andalucía que estas casas, afectadas por lo estipulado en la Ley de Costas, que recoge que no puede haber edificaciones a menos de 100 metros de la orilla, tengan una protección para mantenerlas, como ser declaradas Bien de Interés Cultural (BIC), «porque hay argumentos para hacerlo», explicó el alcalde, Francisco de la Torre, que, no obstante, insistió en que la solución definitiva pasaría por un deslinde.

Respecto a la posibilidad de que estas casas sean declaradas BIC, una propuesta que el grupo municipal de IU realizó recientemente, De la Torre indicó que «es un mecanismo más para asegurar la legalidad» de las viviendas, pero aseguró que lo que le preocupa a los vecinos es que puedan obtener la propiedad de los hogares en los que viven, «y para ello es necesario un deslinde distinto».

Por su parte, el jefe de la Demarcación de Costas Andalucía-Mediterráneo en Málaga , Francisco Javier Hermoso, aseguró ayer que la intención del Ministerio de Medio Ambiente no es demoler las viviendas, pese a que un reciente informe de este departamento sobre el Plan General de Ordenación Urbana aboga por su «erradicación», como ayer informó este periódico.

De hecho, hizo hincapié en que «no hay abierto ningún expediente de derribo», siendo su objetivo consensuar una solución legal con el Ayuntamiento y la Junta.

Adjudican las obras de mejora en la antigua carretera entre los dos alhaurines. (SUR)

La Diputación de Málaga ha adjudicado las obras de mejora de la antigua carretera que comunica Alhaurín de la Torre y Alhaurín el Grande (MA-3300), donde se invertirán un total de 169.186 euros. La actuación incluye la apertura y limpieza de más de 800 metros de cunetas, así como la renovación de las señales de seguridad.

Se trata de un proyecto que ha sido demandado en varias ocasiones por los dos ayuntamientos, que, no obstante, reclaman una actuación de mayor calado en la conocida como la carretera de la Vía, porque aprovecha el trazado de la antigua línea ferroviaria que cruzaba la zona. Actualmente, la carretera supone además el principal acceso al centro penitenciario de Alhaurín.

Actauciones en Totalán

Por otro lado, la Diputación ha adjudicado además la sexta fase de la obra de embovedado y urbanización de la Cañada Tío Miguel, en el término municipal de Totalán. Los trabajos costarán en total 45.171 euros, la mayor parte de los cuales serán aportados por el organismo provincial, aunque la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento también ponen una parte. Las obras comenzarán en septiembre y se prolongarán por un periodo de seis meses.

La Junta allana el camino al futuro puerto Nerja-Torrox. (LAOPINION)

La Consejería de Medio Ambiente de la Junta ha dado luz verde al estudio de impacto medioambiental como paso definitivo a la licitación de este proyecto.

TORROX La Consejería de Medio Ambiente ha dictaminado favorablemente la declaración de impacto ambiental vinculada al proyecto básico del puerto deportivo Nerja-Torrox, de manera que se ha resuelto el paso casi definitivo ante la licitación de esta importante infraestructura turística.

La delegada de esta consejería, Remedios Martel, explicó a este periódico que se trata de un documento "vinculante que de las tres propuestas iniciales opta por la construcción de este nuevo puerto junto a la playa torroxeña Vilches", matizó.

Ayer, tanto la alcaldesa torroxeña, Toñi Claros (IU), como el alcalde nerjeño, José Alberto Armijo (PP), declinaron opinar sobre este nuevo paso administrativo, ya que conjuntamente ofrecerán el lunes una rueda de prensa sobre el enclave donde irá ubicado el puerto, justo en el límite entre ambos términos municipales.

No obstante, el primer teniente de alcalde de Torrox y concejal de Turismo, José Pérez (PSA), sí que lamentó "conocer la noticia a través del grupo municipal socialista y no mediante una comunicación oficial de la Delegación de Medio Ambiente".

Martel apuntó que trasladó a la parlamentaria María Estrella Tomé la aprobación de la declaración de impacto medioambiental en un encuentro celebrado esta semana, donde también aclaró que se establece que este puerto "deberá ejecutarse adoptando una serie de medidas para preservar la flora, la fauna y los hábitats existentes en el enclave que se ha elegido para este equipamiento".

Pérez aclaró que la situación del nuevo puerto entre los dos municipios más orientales del litoral malagueño reportará beneficios a ambas administraciones locales por igual: "Nerja se va a beneficiar más por cercanía y Torrox, de confirmarse el emplazamiento en la playa de Vilches, por impuestos; pero lo realmente importante ha sido desbloquear este escollo y que la Junta pueda licitar las obras".

La delegada de Medio Ambiente confirmó también que el nuevo puerto tendrá una capacidad definitiva superior a los 500 atraques y que se construirá un dique de más de un millar de metros longitudinales, situado al oeste de la desembocadura del arroyo Frontiles que divide ambos términos municipales en esta parte de la comarca axárquica.

El puerto Nerja-Torrox es uno de los proyectos turísticos más esperados en la Costa del Sol más oriental, debido al gran desequilibrio que existe entre ambos litorales malagueños en número de puntos de atraque.

La Junta subraya que el nuevo PGOU de Marbella legalizará el hotel y las 80 casas. (LAOPINION)

EUROPA PRESS La delegada provincial del Gobierno andaluz, María Gámez, señaló que "es difícil entender el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella (Málaga) parcialmente o analizar la situación de 80 viviendas y un hotel", en referencia a las construcciones de la urbanización Guadalmina cuya demolición ordena una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). A su juicio, es necesario verlo "como un sistema que puede tener el aval legal desde el punto de vista que se compensa a la ciudad".

Gámez, que precisó que la premisa de la Junta de Andalucía es el respeto a las resoluciones judiciales, afirmó a Europa Press que, aunque el PGOU marbellí aún no ha sido aprobado definitivamente por el Ejecutivo andaluz, éste "avalaría un sistema donde se entienda la aprobación del Plan como un todo con sus correspondientes compensaciones". De hecho, incidió en que hay determinadas construcciones que "se quedan al margen del ordenamiento y no será posible ni siquiera su compensación."

En este sentido, dejó claro que "las construcciones que se pueden entender ahora dentro del ordenamiento no es porque gratuitamente se quieran legalizar, sino porque en un sistema general se compensa a la ciudad con aquello que ha perdido, de equipamiento y zonas verdes". "Sólo así se entiende que un plan sea coherente", subrayó.

"Únicamente bajo esa óptica de compensar al municipio por aquello que no recibió como consecuencia de construcciones al margen de la legalidad se pueden entender legalizables unas construcciones", declaró la delegada del Gobierno andaluz en Málaga.

Según Gámez, "devolver seguridad jurídica y normalidad al planeamiento parte de la premisa de un PGOU como un todo y que aquello que entre dentro de la ordenación responda a un sistema de compensación". "La entrada en la legalidad sólo se entiende por compensar a los ciudadanos por aquello que perdieron por desmanes políticos de etapas pasadas", concluyó.

Recurso del Ayuntamiento

El equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Marbella ya anunció que pedirá la suspensión de la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA que ordena la demolición de estas 80 viviendas y un hotel de cuatro estrellas construidos por Fadesa en la urbanización Guadalmina, junto al núcleo poblacional de San Pedro Alcántara, algo que Gámez dijo respetar.

Así, el portavoz municipal del PP, Félix Romero, indicó que el Consistorio estudiará el fallo para determinar su acomodo en la nueva situación que establece el PGOU, aprobado por segunda vez de forma provisional el pasado 29 de julio y que será ratificado definitivamente por la Junta de Andalucía.

Dado que el nuevo Plan de la ciudad legaliza estas construcciones y establece una calificación de suelo que permite la ubicación de dicha edificación, "no tendría lógica ni sentido común demolerlas", apuntó, a lo que añadió que se puede causar un perjuicio "mucho mayor" que el beneficio que se pretende conseguir con esta sentencia, ya que su inmediata ejecución "implicaría la demolición y el pago de una indemnización a su titular, para, posteriormente, otorgarle una licencia para construir el mismo inmueble, ya que eso es lo que prevé la legalización de tal construcción".

Licitadas las actuaciones para el estudio de movilidad del corredor ferroviario. (LAOPINION)

La nueva línea de ferrocarril reducirá "notablemente" el uso del automóvil y la congestión en la A-7.

EFE La Junta de Andalucía ha licitado por 500.000 euros el contrato de servicios para la ejecución de las actuaciones relativas al estudio sobre la movilidad en el ámbito de implantación del corredor ferroviario de la Costa del Sol, según publica hoy el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El objeto del contrato es la prestación de servicios de asistencia técnica a la empresa Ferrocarriles de la Junta de Andalucía para la redacción de un estudio cuyo objetivo será caracterizar la movilidad actual existente y estimar la demanda transportada por el nuevo ferrocarril.

Según los estudios preliminares elaborados por Ferrocarriles de la Junta de Andalucía, que van a ser completados en un futuro, el ferrocarril de la Costa del Sol tiene una demanda aproximada de unos 100 millones de pasajeros al año en el conjunto de todas las líneas y servicios previstos.

Los servicios de transporte público existentes actualmente (ferrocarril y autobús) tienen un tráfico conjunto de unos 20 millones de pasajeros al año, por lo que se prevé que la nueva línea de ferrocarril reduzca "notablemente" el uso del automóvil y la congestión en la A-7, según señala el pliego de condiciones.

Con el objetivo de conocer la oferta actual de transporte público de viajeros en el ámbito de estudio se analizaran los diferentes modos de transporte tanto en infraestructuras como en servicios (horarios, frecuencias, tarifas), así como la estacionalidad.

Una vez estudiada demanda del nuevo ferrocarril, la empresa adjudicataria deberá analizar la explotación ferroviaria, para lo que deberá definir aspectos como las características mínimas de los trenes para asegurar la atención, el diseño de las marchas y de los horarios, de los tiempos de recorrido y de los costes de explotación.

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 29 de septiembre.

El corredor ferroviario de la Costa del Sol está incluido en los planes de infraestructuras del Estado y de la Junta, y gracias a un acuerdo entre ambas administraciones, el Gobierno andaluz asume el desarrollo y ejecución de los proyectos y obras entre Estepona y Fuengirola.

Por su parte, el Ministerio de Fomento adaptará la actual línea de cercanías Málaga-Fuengirola para posibilitar también la circulación de servicios ferroviarios de altas prestaciones.

Costas niega que la "erradicación" de las casas de El Palo sea sinónimo de derribo. Málaga (MALAGAHOY)

Admite que la propuesta al PGOU pasa por mantenerlas "fuera de ordenación" y aboga por buscar una solución "definitiva" entre todas las administraciones · De la Torre plantea su declaración como BIC.

La publicación del último informe de la Dirección General de Costas al Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Málaga, en el que habla de la "erradicación" de las casas levantadas sobre dominio público marítimo terrestre en El Palo, Pedregalejo, Las Acacias y Playa Virginia ha hecho saltar, por enésima vez, todas las alarmas entre los vecinos de la zona. Los expuesto por este departamento se suma al largo listado de episodios que han tenido lugar a lo largo de las últimas décadas con estas edificaciones como eje del debate.

Hermoso subrayó que la solución final pasa por un acuerdo entre las tres administraciones implicadas, es decir, el Gobierno, la Junta y el Ayuntamiento. "Hay que ser coherentes, porque lleva muchos años enquistado y nunca se le ha encontrado una solución, quizá porque no ha habido una coordinación", explicó. Cuestionado por los pasos que ha dado su departamento para tratar de hallar una salida, dijo que se han barajado diversas opciones.

Pero si llamativa fue la explicación de Costas para quitar hierro, no lo fue menos la propuesta del alcalde, Francisco de la Torre, para salvaguardar estas construcciones. El regidor, que pareció atender a lo que el pasado jueves propuso la asamblea de IU en El Palo, planteó su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC), al entender que hay argumentos para ello. No obstante, precisó que la solución final pasa por modificar el deslinde. A su juicio, esta medida "es un mecanismo más para asegurar la legalidad" de estas casas, aunque dijo que lo que le preocupa es que los vecinos puedan obtener la propiedad de las viviendas, para lo que se precisa "un deslinde distinto". Más contundente fue el presidente del PP en la provincia, Elías Bendodo, quien acusó al Gobierno de haber puesto sus ojos en Málaga en los últimos meses y de dedicarse "a fastidiar". "Primero, con los chiringuitos, y ahora vuelve al ataque con la idea de poner en peligro las casas de El Palo", denunció. Desde el PSOE, su secretario de Organización, Francisco Conejo, planteó la creación de una mesa de negociación para buscar la mejor opción. "Creemos que se puede establecer un símil con lo que se ha hecho con los chiringuitos", comentó, al tiempo que subrayó la necesidad de dar las máximas garantías jurídicas a los vecinos.

El origen de los problemas a los que hoy siguen enfrentándose los vecinos de El Palo y Pedregalejo se remonta a varias décadas atrás, hecho del que da fe el ex jefe de Costas Luis López Peláez. Haciendo memoria, recuerda cómo se realizaban los deslindes en los años 60. "Se hacían de cualquier forma. Iba el presidente del Puerto, porque entonces no había Demarcación de Costas, o el jefe de Obras Públicas, el delegado de Hacienda y el comandante de Marina y le preguntaban a un vecino 'usted dónde cree que llegó por última vez el oleaje'. Y lo pintaban en el plano".

Es historia viva de este conflicto y tras tantos años dice no entender que aún no haya una solución definitiva, que podría haber llegado si los responsables del Ministerio de Medio Ambiente hubiesen atendido la propuesta que hizo, en 2000, para variar el deslinde y llevarlo hasta la facha misma de las casas. Incluso, apunta que en 1997, el máximo responsable de Costas le propuso "el desalojo inmediato" de las casas de El Palo. "Resistí porque me pareció un disparate", comenta, al tiempo que ensalza el papel de la entonces alcaldesa, Celia Villalobos, quien terció con la ministra de Medio Ambiente para revertir la situación.

La UMA cede al Ayuntamiento 4.000 metros de suelo en El Ejido. Malaga (MALAGAHOY)

La Universidad tiene previsto entregar en el mes de septiembre al Consistorio los barracones que hasta ahora han albergado las aulas de la Escuela de Empresariales.

El Ayuntamiento enriquecerá a partir de septiembre el patrimonio municipal con una superficie de más de 4.000 metros cuadrados que en conjunto suman los barracones en los que se ha impartido la diplomatura de Empresariales durante los últimos 23 años. El traslado de la Escuela Universitaria de Empresariales al nuevo Complejo de Estudios Sociales y Económicos, en la zona de ampliación del Campus de Teatinos, dejará sin uso docente unas aulas que han acogido más de 2.000 alumnos cada año.

De acuerdo con el compromiso que en 2005 sellaron la rectora de la Universidad de Málaga (UMA), Adelaida de la Calle, y el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, las instalaciones serán entregadas al municipio a medida que pierdan uso académico para compensar el suelo que el Consistorio cedió en Teatinos para poder acometer la expansión de la universidad. El vicerrector de Infraestructuras, Rafael Morales, confirmó ayer que responsables municipales realizaron el pasado mes de julio una primera visita al edificio y que la cesión se formalizará a partir del mes de septiembre.

El concejal de Urbanismo, Manuel Díaz, reconoció que el Ayuntamiento aún no ha decidido el uso que se dará a la superficie que le entregue la universidad. "Estamos a la espera de conocer el espacio definitivo del que se va a disponer. Una vez que se concrete se podrán disponer los usos". No obstante, Díaz garantizó que los suelos que gane el municipio en el Campus de El Ejido serán destinados exclusivamente a equipamientos para la ciudad. En este sentido, indicó que ha sugerido a las áreas de Cultura, Participación Social y Bienestar Social, además de al Distrito Centro y al Instituto Municipal de Formación y Empleo (IMFE), que elaboren propuestas. En este sentido, la concejala de Bienestar Social, María Victoria Romero, señaló ya en 2005, tras la firma del acuerdo entre la UMA y el Ayuntamiento, que su área barajaba levantar una guardería municipal en esta zona.

La Universidad de Málaga ha firmado la recepción parcial tanto del Complejo de Estudios Sociales y Empresariales como del Complejo de Ingenierías, lo que ha permitido iniciar la mudanza de los centros académicos y el equipamiento de ambos edificios. El primero acoge a partir del inicio del próximo curso las titulaciones de Ciencias del Trabajo y de Empresariales, mientras que en el segundo se impartirán tanto las ingenierías técnicas como la superior de Industriales. En conjunto suman más de 7.000 alumnos.

Rafael Morales resaltó ayer la colaboración prestada por la dirección de los centros y por los equipos del Vicerrectorado de Infraestructuras y de la Gerencia de la UMA para acometer unas mudanzas que van más allá del mero equipamiento de las aulas, porque también implican aspectos más complejos como el traslado y montaje de laboratorios. La recepción definitiva de los dos edificios se producirá una vez que termine la totalidad de los trabajos que se ultiman en estos días. "Apenas si queda la división de algunos de los laboratorios del Complejo de Ingenierías pero tenemos la confianza de que las clases podrán comenzar sin ningún problema ni retraso", precisó el vicerrector de Infraestructuras.