El alcalde de Mijas apuesta por regularizar las 3.000 viviendas ilegales que hay en el municipio (La Opinión)

Más de un centenar de vecinos afectados por este problema se manifestaron ayer ante el Ayuntamiento y utilizarán todas las herramientas legales a su alcance
El pleno celebrado ayer en Mijas aprobó una moción de urgencia propuesta por el PSOE para resolver la situación en que se encuentran las viviendas irregulares del municipio. Esta moción tiene como objetivo "normalizar la situación de cuantas viviendas irregulares sea posible, utilizando para ello todos los medios legales y de planeamiento disponibles", declaró Sánchez.En un pleno abarrotado de vecinos afectados por esta situación, el alcalde de Mijas explicó que "el único objetivo es que las familias no pierdan su vivienda". La problemática de las viviendas ilegales afecta a unas 3.000 construcciones en Mijas, según datos del Partido Popular, de las cuales 300 tienen ya un expediente de demolición, aunque no afectan únicamente a viviendas. Aún así, la mayoría de los afectados se quejan de las abusivas sanciones que han recibido por la construcción de su residencia. En este sentido, el alcalde, Antonio Sánchez, dejó claro que "hay que cumplir estrictamente la ley y esta medida no eximirá a los propietarios de las obligaciones urbanísticas que en su día no cumplieron, por lo que no se trata de hacer borrón y cuenta nueva". Sánchez añadió que habrá casos en que no se pueda hacer nada ya que las construcciones estén en zonas de dominio público o en terrenos calificados "de protección".No obstante, en un discurso interrumpido a menudo por comentarios de algunos asistentes al pleno, el alcalde dejó claro que "el caso de Mijas es muy distinto al de otros municipios donde está en cuestión la legalidad de grandes promociones de lujo", ya que las casas de Mijas son, en su gran mayoría, viviendas donde residen familias de la localidad, a menudo levantadas en parcelas heredadas en zonas rurales.Para la mayoría de los afectados, que ahora se ven en la obligación de pagar una multa excesivamente alta además de demoler la vivienda, en algunos casos, a petición de la Junta de Andalucía, esta es la primera residencia en la que viven desde hace años.A preguntas de una vecina, el alcalde respondió que actualmente no se pueden recurrir ni suspender las sanciones que los afectados están recibiendo por las construcciones ilegales.A pesar de que el Partido Popular apoyó la moción del PSOE, sus miembros acusaron a la corporación municipal de "haber sacado provecho de la situación durante muchos años, debido al cobro de impuestos en viviendas que eran ilegales".Por su parte, el líder local del PP, Ángel Nozal, insistió en que "es necesario crear una comisión para que siga estos expedientes con la mayor rapidez y celeridad posible". Nozal calificó este asunto como "el problema más grave que tiene Mijas y hay que resolverlo de forma ecuánime".
Los vecinos afectados crean una plataformaAntes de comenzar el pleno, más de un centenar de ciudadanos afectados por los expedientes urbanísticos se concentraron ante las puertas del Ayuntamiento de Mijas. Allí, el presidente de la asociación, Juan Antonio Blanco, mostró la intención de "invitar a todos los afectados a que soliciten individualmente en el registro del Consistorio la información completa del estado de sus expedientes para saber cuál es el resultado".Según Blanco, la intención es la de regularizar "los legítimos derechos de propiedad de las familias afectadas por los expedientes urbanísticos, desde el mayor respeto posible a la legalidad". En la manifestación se repartió el formulario que los afectados deben hacer llegar al alcalde, a través del registro, para conocer el estado actual de cada expediente.