miércoles, 30 de enero de 2008

El Ayuntamiento asegura que 'hará lo posible' para evitar los derribos. Mijas (SUR)


Más de 200 mijeños con expedientes de demolición y sanciones económicas por construir sus viviendas en suelo no urbanizable se concentran en el Ayuntamiento. Los vecinos afectados logran el respaldo unánime de la corporación
La desesperación y la incertidumbre se van apoderando de Juan. Hace unos años decidió construirse una casa en una parcela de Arroyo Seco que perteneció a su abuelo. Conocedor de que la finca se encuentra en suelo rústico no urbanizable, acudió a la Delegación Municipal de Urbanismo, donde le dijeron que «siguiera adelante, que no pasaba nada y que ya se arreglaría en el futuro». Pues bien, ese momento ha llegado, pero en forma de expediente de demolición, el mismo documento que han recibido unos 300 vecinos de Mijas que además se enfrentan a la amenaza que supone el derribo de sus respectivos hogares. La mayoría están ubicados en diseminados como La Alquería, Entrerríos, Macorra, La Majadilla, La Alberquilla, Candelaria, Fuente Algarrobo, Valtocado y Osunillas. Además, hay unos 3.000 expedientes abiertos por diferentes infracciones urbanísticas con sanciones económicas que oscilan entre los 5.000 y los 130.000 euros. Constituidos en plataforma desde el pasado día 20, los vecinos afectados dieron ayer un primer paso: lograr el compromiso de la Corporación Municipal de intentar regularizar el mayor número de viviendas posible.
Tensión
La sesión plenaria de ayer se recordará como una de las más tensas de los últimos años y aquella en la que los más de 200 vecinos que abarrotaron la sala pudieron mantener un diálogo con el propio alcalde, Antonio Sánchez, quien sacó adelante por unanimidad una moción con el objetivo de «normalizar la situación de cuantas viviendas irregulares sea posible, utilizando para ello todos los medios legales y de planeamiento disponibles, actuando con la mayor rapidez y con el único objetivo de que las familias no pierdan su vivienda». «Haremos todo lo que nos permita la ley para evitar los derribos», resumió.El primer edil aseguró comprender los «difíciles momentos» que están viviendo estas familias y la alarma social generada, pero insistió en que «no es cierto que las demoliciones vayan a ser inminentes». Aún así, reconoció que se trata de un problema complejo, que habrá que abordar de forma individualizada para estudiar en profundidad los aproximadamente 300 expedientes que se encuentran en estas circunstancias. En ese sentido, quiso dejar claro que, aunque se trate de un porcentaje muy pequeño de casos, habrá situaciones insalvables por tratarse de construcciones sobre dominio público o en puntos de especial protección. Sánchez llegó a dirigirse en varias ocasiones a los más de 200 vecinos que asistieron al pleno municipal, a los que también recordó que, aunque se regularicen las viviendas, los afectados no quedarán exentos de las sanciones económicas. «Las multas por delito urbanístico no se pueden anular por una decisión política», subrayó el alcalde, que llegó a advertir a los presentes con el desalojo del salón de plenos si continuaban interviniendo.
«Perderlo todo»
Una situación fruto de la angustia que acecha a «muchas familias para las que perder su casa significa perderlo todo», como explica Juan Antonio Blanco, presidente de la plataforma. «No sé quién tiene la culpa, nos han dejado que hagamos la casa y han esperado a que esté terminada para decirnos que tenemos que demolerla», se lamentó este joven, quien abogó por «intentar que el PGOU se amolde a las necesidades de todos».Por su parte, el portavoz del PP, Ángel Nozal, criticó la «permisividad» de los anteriores equipos de gobierno socialistas, a los que acusó de «haber mirado para otro lado durante años» y, aunque respaldó la moción del alcalde, la valoró como «una mera declaración de intenciones». En este punto, el concejal popular, José Antonio Sánchez, preguntó: «¿son también ilegales los impuestos que pagan los propietarios de estas viviendas?». El edil de la oposición aprovechó para recordar que la autoconstrucción es «una costumbre del pueblo que se puede hacer ley», por lo que instó a buscar una solución inmediata a los derribos y, después, ampliarla a los diseminados.

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