La Fiscalía investiga la presunta inactividad del Consistorio en ejecutar sentencias firmes que anulan licencias. Marbella (SUR)

En la denuncia contra Ángeles Muñoz por presunta prevaricación se citan cuatro procedimientos iniciados por los vecinos de Los Monteros

La Fiscalía de Málaga ha abierto una investigación a raíz de una denuncia presentada en diciembre pasado por la abogada Inmaculada Gálvez, en nombre de la comunidad de propietarios de Los Monteros, contra la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, por presunta inactividad a la hora de ejecutar cuatro sentencias firmes favorables dictadas por los tribunales que anulaban otras tantas licencias de obras concedidas en su día al margen del planeamiento urbanístico vigente. En el escrito, al que ha tenido acceso este periódico, la letrada denunciante indica que «pese a ser la ejecución de la sentencia un derecho fundamental de las partes y estando la Administración obligada a prestar la colaboración debida para la satisfacción de las partes», en los requerimientos que se les ha efectuado al Ayuntamiento marbellí «éste no ha contestado ni ha realizado actuación alguna para llevarla a efecto», pese a que es competencia exclusiva de la alcaldesa. En este caso, alude a cuatro procedimientos seguidos a instancia de la comunidad de propietarios de Los Monteros, entre ellos figura la sentencia estimatoria en que se anula la licencia concedida a la entidad Nemic Muss SL y ratifica que se debe demoler una parte de la casa del actor Antonio Banderas en Marbella. El pasado 17 de enero, la denunciante amplía la denuncia contra Ángeles Muñoz por presunta prevaricación en su forma de comisión por omisión «al constarle la orden de no proceder a la ejecución de las sentencias firmes dictadas por los juzgados y tribunales». Para ello, adjunta copias de declaraciones efectuadas en este sentido por la primer edil marbellí en medios de comunicación. Es más, Gálvez justificó la ampliación de la denuncia en que luego comprobó que existía «una nota interna suscrita por la alcaldesa, así como por la concejala de Urbanismo, Alba Echeverría, dando instrucciones para que se paralicen los expedientes de ejecución de sentencia», sin haber seguido el procedimiento establecido por ley mediante la oposición en el recurso. Para la denunciante, supone «el más deprecio a los principios que rigen nuestro ordenamiento jurídico». La Fiscalía le tomó ayer declaración para que explicara y aclara los hechos denunciados.