El propietario del inmueble, en el que se imparten cursos de formación, afirma que el Consistorio no ejerció a tiempo la opción de compra y pide esta cantidad. IU propone crear una comisión de investigación para depurar responsabilidades
EL EDIFICIO OVOIDE
Propietario: Jesús Serafín Mayoral.
Alquiler: El Ayuntamiento alquiló el edificio en 1997 por un periodo de diez años, con opción de compra. Una vez concluido este plazo y al no efectuarse esta opción a tiempo, el dueño reclamó su abandono. Actualmente, el caso está en los tribunales. El inmueble se sigue usando como centro de formación.
Compra: El dueño pide 1,5 millones de euros por el edificio, situado en el paseo del Generalife.
Comisión de investigación: IU ha propuesto que se cree una comisión de investigación sobre el tema.
El Ayuntamiento de Benalmádena deberá abonar un millón y medio de euros al dueño del edificio Ovoide para poder seguir usándolo como centro municipal de formación. El propietario de este emblemático edificio, situado en el paseo del Generalife de Arroyo de la Miel, reclamó en enero de 2007 su desalojo, después de que el Consistorio le adeudara varias mensualidades acordadas en el contrato suscrito en 1997 por un periodo de diez años a razón de 6.000 euros mensuales y que contemplaba una opción de compra.El entonces alcalde, el independiente Enrique Bolín, ordenó pagar esas deudas y la cantidad prevista en el contrato -180.000 euros-, pero el dueño lo rechazó por efectuarse fuera de plazo. La nueva corporación surgida de las elecciones del pasado 27 de mayo se encontró en julio con una orden de desahucio. El alcalde, Javier Carnero (PSOE), negoció con el propietario, Jesús Serafín Mayoral, para que el Consistorio siga usando el inmueble hasta que los tribunales resuelvan la demanda interpuesta.
«Un escándalo»
El regidor municipal lamentó ayer que «la falta de eficacia» en la gestión del equipo de gobierno anterior -al no ejercer a tiempo la opción de compra- obligue ahora al Ayuntamiento a desembolsar 1,5 millones de euros para mantener el uso municipal del Ovoide. Por su parte, la concejala de Educación, Elena Galán (IU), consideró «un escándalo» esta situación y anunció que su grupo presentará al próximo pleno una moción para reclamar la constitución de una comisión de investigación que dilucide las responsabilidades en este caso.El concejal de Deportes, Francisco Artacho (IU), explicó que, «casi con total seguridad», los tribunales darán la razón al dueño, «por lo que no nos quedará más remedio que desembolsar un millón y medio de euros, que es lo que pide por el inmueble», relató. «Si se hubieran hecho las cosas bien en su momento, el edificio hubiera costado 180.000 euros, el resultado de restar a 1,2 millones de euros las mensualidad abonadas durante los diez años del contrato», dijo Artacho, quien confió en que todos los grupos apoyen la creación de la comisión.
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