El TSJA aplaza la ejecución de sentencias de demolición hasta la aprobación final del PGOU. Marbella (SUR)

La resolución afecta a cinco promociones ilegales, pero fija un criterio para el resto de las resoluciones firmes. El tribunal vala la tesis defendida por Ayuntamiento
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) se ha posicionado sobre la posible demolición de viviendas ilegales en Marbella, después de que el Ayuntamiento haya sido requerido para ejecutar al menos 38 sentencias que anulan otras tantas licencias urbanísticas concedidas por el GIL y que afectan a más de 1.000 viviendas. En un auto, al que ha tenido acceso este periódico, el alto tribunal andaluz da un nuevo balón de oxígeno a los propietarios de estas promociones ilegales, ya que, ha acordado aplazar la ejecución de la sentencia firme que declara ilegal la construcción de una nave industrial, conocida como La Juanita, «hasta el momento de la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que se encuentra tan sólo aprobado inicialmente». La propuesta parte de la propia Administración autonómica, que ha solicitado que el pronunciamiento definitivo del TSJA sobre posibles demoliciones «se realice una vez publicado el Plan actualmente en tramitación». Se trata, por el momento, del único auto que ha recibido el Consistorio marbellí en este sentido, pero hay otros cinco que ya han sido emitidos con idéntica resolución. Entre ellos figuran las seis viviendas pareadas, autorizadas a la promotora Moansa en noviembre de 1997, en la avenida Huerta Belón en zona verde, así como la construcción de varios garajes y locales; todos ellos amparados en licencias ilegales que fueron aprobadas en la 'era GIL' pero que luego han sido anuladas por los tribunales.

Repercusión

Dicha resolución judicial sobre la nave La Juanita arroja luz en este asunto, ya que, este mismo criterio se aplicará al resto de sentencias firmes cuya ejecución ha solicitado la Junta. De este modo, el TSJA avala la tesis que ha defendido tanto la comisión gestora que dirigió el Ayuntamiento, tras la disolución de la corporación presidida por Marisol Yagüe, como el actual equipo de gobierno. El primero remitió informes al alto tribunal andaluz en relación con la ejecución de sentencias firmes de anulación de licencias de obras en los que planteaba a los tribunales que difieriese de la ejecución de las sentencias hasta que se diera luz verde al nuevo planeamiento urbanístico. Por su parte, la alcaldesa Ángeles Muñoz ha anunciado que defenderá ante el TSJA la imposibilidad de ejecutar algunas de estas resoluciones, ya que, más de 1.000 pisos con sentencia firme en contra quedarían legalizados en el nuevo Plan si se acogen al sistema de compensaciones previsto.