El alcalde asegura que hará todo lo posible para normalizar la situación, aunque no descarta que haya derribos
En su mayoría, se trata de propietarios de pequeñas parcelas que un día decidieron construirse una casa sin tener en cuenta el desarrollo urbanístico de la zona. Ahora, se encuentran con que incumplen la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), lo que conlleva sanciones económicas y, en el peor de los casos, un expediente que les obliga a demoler sus viviendas.Fuentes consultadas por este periódico cifraron en unos 3.000 los expedientes sancionadores abiertos por el Departamento de Infracciones Urbanísticas por incumplir la normativa vigente. De ellos, unos 300 son decretos firmes de demolición que están pendientes de ejecución, casi todos en diseminados como La Alberquilla, Entrerríos, La Alquería o Valtocado. Una situación que ha llevado a un grupo de vecinos afectados a constituir una plataforma y a convocar una reunión el próximo domingo a las 12.00 horas en el Auditorio Municipal.Mientras, el alcalde de Mijas, Antonio Sánchez, anunció ayer su intención de presentar en el próximo pleno municipal que el Ayuntamiento emplee, «como ya está haciendo», todos los medios legales de planeamiento y gestión para intentar normalizar la situación de estas viviendas construidas de forma irregular, «para las que exista alguna posibilidad de ser legalizadas».
Una situación difícil
Desde el equipo de gobierno aseguran «comprender y compartir» la preocupación de estas familias, especialmente aquellas en las que se trata de su única vivienda, porque «se verían en una situación muy difícil si en cumplimiento de la normativa actual tuvieran que demoler lo edificado, cuando en un futuro sus casas podrían ser legalizables» .No obstante, el alcalde quiso dejar claro que no se puede hablar de «borrón y cuenta nueva para todos». En este sentido, recordó que el Ayuntamiento está obligado a hacer cumplir la ley en aquellos casos en los que sea imposible la regularización y haya que restablecer la situación urbanística, como donde exista una ocupación de dominio público o la construcción en espacios rústicos con algún tipo de protección. De cualquier forma, una posible regularización no eximiría a los propietarios de las obligaciones urbanísticas que en su día no cumplieron, así como de las sanciones pertinentes.Por su parte, el PP culpó de esta situación a los sucesivos equipos de gobierno socialistas, a los que a acusó de «haber mirado para otro lado durante años». Su portavoz, Ángel Nozal, instó al alcalde a no esperar a la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y a acometer cuanto antes un plan de regularización similar al que se hizo con las viviendas autoconstruidas de Campanillas o Puerto de la Torre, en Málaga capital.
No hay comentarios:
Publicar un comentario