PP y PSOE aplauden la suspensión de las demoliciones hasta que haya un PGOU y ambos se atribuyen el mérito. La plataforma de afectados celebra que la Justicia y las administraciones «comiencen a dar soluciones»
LAS CLAVES
¿Qué dice el TSJA?: Tras la petición del Ayuntamiento, en época de la gestora, de dejar en suspenso la ejecución de la sentencia de derribo de una construcción -opinión a la que se sumó posteriormente la Junta como administración que denunció las licencias- el alto tribunal andaluz emite varios autos en los que acepta esperar a que el nuevo PGOU esté en vigor para decidir sobre el derribo.
¿A quién afecta?: Las resoluciones son sobre la nave de La Juanita, un bloque en Trapiche y seis viviendas en Miraflores, sobre los que pesa una sentencia firme anulando la licencia, pero la tesis será la misma en los posteriores incidentes de ejecución presentados por el Consistorio.
¿Cuántas viviendas se encuentran en esta situación?: Actualmente el TSJA tramita procedimientos de ejecución de más de 40 sentencias firmes que anulan otras tantas licencias. Afectan a un millar de viviendas.
¿Cuál será el siguiente paso?: Cuando esté aprobado el nuevo Plan, el Ayuntamiento tendrá que informar al TSJA de las viviendas que se regularicen, la mayoría, y de la imposibilidad de ejecutar la sentencia en esos casos y el tribunal decidirá en consecuencia.
Los propietarios de las mil viviendas ilegales sobre las que pesan una sentencia firme de derribo respiran desde ayer algo más tranquilos. Las últimas resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en las que se suspende la ejecución de órdenes de demolición hasta que el nuevo PGOU esté en vigor, han dado un balón de oxígeno a los dueños de estos inmuebles, que desde hace meses veían pender sobre su cabeza, como una auténtica espada de Damocles, la dinamita. «Va a dar mucha tranquilidad a muchas familias que estaban con la desazón de no saber por dónde van las cosas», señaló ayer José Ortiz, portavoz de la plataforma contra los derribos, tras conocer la postura de los jueces, acorde con los intereses que defienden. Tras meses de demandas para que se clarificara el futuro de estos inmuebles, construidos merced a licencias ilegales otorgadas durante el gilismo y que en la mayoría de los casos encontrarán acomodo en el nuevo planeamiento mediante el sistema de compensaciones, Ortiz cree que se está poniendo algo de cordura a la situación. «Las cosas poco a poco se tienen que ir arreglando y tanto la Junta como el Ayuntamiento y los jueces tienen que dar salida a esta situación porque nosotros no hemos cometido ningún delito y no se puede ir a las bravas, demoliendo», subraya el portavoz de la plataforma, a su vez propietario de un inmueble con sentencia firme de derribo sobre la mesa: el edificio Banana Beach.
Solicitud de la gestora
Pero no sólo los afectados valoraron ayer los últimos autos del TSJA. El propio ex presidente de la comisión gestora y comisionado de la Junta en la Costa del Sol, Diego Martín Reyes, recordó que fue él mismo y el que fuera vocal de Urbanismo de la gestora, Rafael Duarte, quienes solicitaron al alto tribunal andaluz que se dilatara la orden de demolición hasta que el planeamiento estuviera aprobado. «La decisión más razonable era no adoptar ninguna decisión», valoró. Explicó que en ningún caso la Junta, al pedir que se suspenda la demolición, ha cambiado de postura. «Planteamos en cinco sentencias un incidente de ejecución pidiendo que se suspendiera y el TSJA lo remitió al Gobierno andaluz, que como denunciante de las licencias tenía que solicitar la ejecución, para que se pronunciara», abundó. La postura, a la luz de los citados autos, fue respaldar la tesis de la gestora. Matizó, con todo, que el juez no entra a valorar si se demolerá o no, sino que «le parece bien esperar». «Ahora siento que aquella decisión que tomamos fue la adecuada. Teníamos la intranquilidad de haber acertado y ahora la tranquilidad de que sí», afirmó, al tiempo que puntualizó que siempre que se cumplan las compensaciones para regularizar las viviendas ilegales «no habrá amnistía, aunque el problema es que creo que el Ayuntamiento no quiere que haya compensaciones». En este caso, dijo, sí se invitaría a la infracción.PSOE y PP coincidieron ayer por su parte en celebrar los fallos del TSJA, aunque entraron en un cruce de declaraciones para atribuirse el mérito de las resoluciones. El concejal socialista Javier de Luis criticó a la alcaldesa, Ángeles Muñoz, por afirmar que ha sido el único partido en defender esa postura, «algo rotundamente falso». Puso el acento en que fue el vocal de Urbanismo Rafael Duarte (PSOE), en época de la gestora, el que introdujo este elemento en la petición del alto tribunal andaluz para que se ejecutaran las sentencias. Mientras, la alcaldesa mostró una «gran satisfacción» por lo que calificó como una «vuelta al sentido común». Además de informar de que en las últimas horas se habían recibido en el Ayuntamiento dos autos similares que posponen la ejecución del derribo de un bloque en Trapiche y seis viviendas en Miraflores, que se suman al primero de la nave de La Juanita, insistió en que la tesis que siempre ha defendido el Ayuntamiento «era esperar a pedir las demoliciones hasta que no se viera si de verdad van a quedar fuera de ordenación esas viviendas, que han estado en situación de irregularidad».Enrique Monterroso, concejal y portavoz de Izquierda Unida fue el único que se salió de la valoración positiva y confesó tener una sensación «agridulce» con la resolución judicial. «Creemos que las sentencias tienen que ser cumplidas porque si no se pone en cuestión el propio ordenamiento jurídico», expuso el edil de la coalición de izquierdas. Confió en que sea sólo un aplazamiento de la decisión «porque esto no no se aclara la posición de la judicatura».
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