Manuel Chaves firmó ayer con los presidentes de las ocho diputaciones un convenio para la reserva de suelo
La Junta de Andalucía y la Diputación de Málaga promoverán la construcción de un total de 8.475 viviendas protegidas en los municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia. El presidente andaluz, Manuel Chaves, firmó ayer con los presidentes de las ocho diputaciones provinciales un protocolo de colaboración para la aportación de suelos destinados a la construcción de un total de 96.572 VPO en los municipios pequeños de toda la comunidad andaluza. Con el protocolo firmado ayer, el Gobierno autonómico pretende dar un impulso al Pacto por la Vivienda en Andalucía firmado el pasado diciembre, por el que se pretende construir 300.000 viviendas protegidas en la comunidad en un periodo de diez años.La oferta de estas 8.475 viviendas se cubrirá con la demanda de distintos colectivos, como menores de 35 años, mayores de 65, personas con discapacidad o dependientes, familias numerosas o monoparentales o emigrantes.El objetivo del protocolo firmado con la Diputación de Málaga -al igual que el resto de instituciones provinciales- es facilitar la construcción de las viviendas protegidas, dos tercios de las cuales tendrán como destinatarias a familias cuyos ingresos no superen en 2,5 veces el indicador de renta IPREM, que es el índice de referencia en España para el cálculo del umbral de ingresos.En cuanto a los inmuebles que se construirán, se trata de pisos con una superficie de entre 70 y 80 metros cuadrados y con un precio no superior a los 80.000 euros, según informó la Junta. Los suelos para estas viviendas se obtendrán en el proceso de adaptación de los planeamientos urbanísticos a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), y con la agilización de los procesos de gestión de los suelos calificados actualmente como urbanos o urbanizables. De esta forma, la administración confía en promover de forma inmediata o a corto plazo una "amplia oferta" de VPO. La Consejería de Obras Públicas aportará una ayuda de 3.000 euros por cada vivienda que se ponga en el mercado, para que se destine a las obras de urbanización.Las diputaciones deberán remitir a la Consejería la programación específica de viviendas para los próximos cuatro años, para elaborar el mapa de suelo residencial de viviendas protegidas en el periodo 2008-2012.
La Junta de Andalucía y la Diputación de Málaga promoverán la construcción de un total de 8.475 viviendas protegidas en los municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia. El presidente andaluz, Manuel Chaves, firmó ayer con los presidentes de las ocho diputaciones provinciales un protocolo de colaboración para la aportación de suelos destinados a la construcción de un total de 96.572 VPO en los municipios pequeños de toda la comunidad andaluza. Con el protocolo firmado ayer, el Gobierno autonómico pretende dar un impulso al Pacto por la Vivienda en Andalucía firmado el pasado diciembre, por el que se pretende construir 300.000 viviendas protegidas en la comunidad en un periodo de diez años.La oferta de estas 8.475 viviendas se cubrirá con la demanda de distintos colectivos, como menores de 35 años, mayores de 65, personas con discapacidad o dependientes, familias numerosas o monoparentales o emigrantes.El objetivo del protocolo firmado con la Diputación de Málaga -al igual que el resto de instituciones provinciales- es facilitar la construcción de las viviendas protegidas, dos tercios de las cuales tendrán como destinatarias a familias cuyos ingresos no superen en 2,5 veces el indicador de renta IPREM, que es el índice de referencia en España para el cálculo del umbral de ingresos.En cuanto a los inmuebles que se construirán, se trata de pisos con una superficie de entre 70 y 80 metros cuadrados y con un precio no superior a los 80.000 euros, según informó la Junta. Los suelos para estas viviendas se obtendrán en el proceso de adaptación de los planeamientos urbanísticos a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), y con la agilización de los procesos de gestión de los suelos calificados actualmente como urbanos o urbanizables. De esta forma, la administración confía en promover de forma inmediata o a corto plazo una "amplia oferta" de VPO. La Consejería de Obras Públicas aportará una ayuda de 3.000 euros por cada vivienda que se ponga en el mercado, para que se destine a las obras de urbanización.Las diputaciones deberán remitir a la Consejería la programación específica de viviendas para los próximos cuatro años, para elaborar el mapa de suelo residencial de viviendas protegidas en el periodo 2008-2012.
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