El protocolo agilizará los trámites para la construcción de viviendas protegidas en los próximos cuatro años Primarán los jóvenes y las familias con menos recursos
El protocolo firmado el viernes con la Junta de Andalucía para agilizar la construcción de viviendas de protección oficial (VPO) en Mijas y Benalmádena ha tenido diferentes lecturas en cada municipio. Mientras el alcalde mijeño, Antonio Sánchez, se muestra convencido de poder superar, si es necesario, los 2.076 inmuebles establecidos en el convenio, su homólogo en Benalmádena, el también socialista Javier Carnero, reconoce dificultades a la hora de alcanzar las 1.746 y rebaja la previsión para los próximos cuatro años hasta el millar.«El compromiso es de 2.076 viviendas protegidas, pero esperamos tener suelo para más y así solicitar a la Junta de Andalucía una ampliación del protocolo». Así de optimista se expresaba ayer el alcalde de Mijas, Antonio Sánchez. No en vano, el Ayuntamiento ya dispone de suelo para 1.800 viviendas gracias a los acuerdos alcanzados con los propietarios de 19 sectores. La agilización de los trámites urbanísticos que propicia el convenio con Obras Públicas hará que se obtenga más suelo rápidamente e incluso que se puedan elegir solares mejor situados con respecto a los cascos urbanos. La intención es que en unos seis meses se esté en condiciones de empezar a tramitar las primeras adjudicaciones de obras a los promotores que las llevarán a cabo. En cuanto a su ubicación, el regidor no se atrevió a concretar, aunque sí que dejó claro que se contemplan VPO en los tres núcleos urbanos del municipio y que se construirán en parcelas en las que también habrá inmuebles de renta libre. Sánchez definió la salida al mercado de este parque de viviendas protegidas como «uno de los mayores proyectos de política social de toda la Costa del Sol», puesto que beneficiará a los vecinos que no pueden pagar por un piso los precios que actualmente hay en el mercado, y también tendrá una influencia muy positiva en el sector de la construcción y sus industrias auxiliares, «que tienen en las VPO una clara oportunidad para relanzar su actividad».
Un millar hasta 2012
En el caso de Benalmádena, Javier Carnero explicó que, según los cálculos efectuados por los técnicos municipales de Urbanismo, la localidad cuenta con suelo disponible para la construcción de un millar de VPO hasta 2012. Esta cifra rebaja en 746 la aportada por el Instituto Andaluz de Estudios Avanzados, que cifró en 1.746 el déficit de viviendas sociales en la localidad. «Después del gran número de casas de renta libre que se han construido en los últimos años, llega el momento de que los promotores apuesten por las VPO», valoró el alcalde, quien mostró su satisfacción por el protocolo firmado para agilizar los trámites de construcción de estas viviendas protegidas. Así, explicó que, en lugar de revisar el PGOU, lo que se hace es adaptarlo a la legislación andaluza (la LOUA), con el añadido de que se facilitan y agilizan los trámites para que los promotores construyan viviendas protegidas. El alcalde apuntó que los informes técnicos señalan tres zonas como posibles ubicaciones para las VPO: Santangelo Norte, Doña María Sur y Olmedo. «Alrededor de 500 se podrían empezar a construir de forma inmediata», añadió Carnero. El Ayuntamiento tiene previsto ahora abrir un registro de demandantes de este tipo de viviendas. En cualquier, caso, según el edil de Vivienda, Francisco Artacho, contempló colectivos como menores de 35 años, mayores de 65, minusválidos, familias monoparentales o numerosas e inmigrantes. Este protocolo se enmarca dentro de los acuerdos recogidos en el Pacto de la Vivienda en Andalucía, suscrito en diciembre pasado. Las dos terceras partes de estas VPO tendrán como destinatarios a familias cuyos ingresos no superen en 2,5 veces el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM) -unos 1.500 euros mensuales. En este caso, se trata de inmuebles de entre 70 y 80 metros cuadrados y con un precio inferior a los 90.000 euros. El tercio restante se reservará a aquellos con ingresos de hasta 5,5 veces el IPREM (entre 2.500 y 3.000 euros al mes).Durante el primer semestre de 2008, los ayuntamientos remitirán a Obras Públicas la programación de viviendas para los próximos cuatro años para que la Junta pueda elaborar una información sistematizada y asequible a todos los ciudadanos de cómo queda definido el mapa de suelo residencial para el período 2008-2012.
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