El Consejo de Gobierno de la Junta dio ayer el visto bueno a la tramitación de la futura Ley de Derecho a la Vivienda, paralizada en primavera por la convocatoria electoral. La iniciativa, pionera en España, ha sido retomada por el equipo del consejero de Vivienda, Juan Espadas, que explicó su contenido en rueda de prensa. La principal novedad está en que los futuros inquilinos, en propiedad o alquiler, deberán inscribirse previamente en un registro municipal de demandantes.
Precio asequible
La normativa, fruto del doble mandato constitucional y estatutario, garantizará el derecho a una vivienda protegida, digna, adecuada y a un precio más asequible que las del mercado libre para todos los andaluces que cumplan una serie de requisitos, el principal de ellos que los ingresos familiares no superen los 3.100 euros brutos mensuales. Se calcula que podrían ser más de 300.000 los beneficiarios.
Al margen del imperativo económico, otras condiciones serían: estar empadronados en algún municipio andaluz; no ser titulares ni disfrutar de un inmueble ya existente y estar inscrito en el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, que cada localidad andaluza mayor de 5.000 habitantes deberá elaborar. mantener y actualizar periódicamente.
El registro permitirá determinar el número de solicitantes de vivienda protegida; conocer de manera exacta cuántos inmuebles y de qué tipologías se necesitan en cada municipio, y pasar así de estimaciones a datos reales de demanda en los que se basarán las distintas políticas e iniciativas de las administraciones.
Destacó Espadas que como instrumentos efectivos se contará con planes municipales y autonómicos de vivienda. Si por cualquier circunstancia no se elaboran en los plazos establecidos, los vecinos tendrán la posibilidad de exigir esta obligación ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
Los ayuntamientos tendrán dos años como máximo para la aprobación de los planes municipales, mientras que la Junta de Andalucía deberá adaptar el Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012 a lo regulado en la Ley. Según el consejero, la financiación de los planes viviendas necesarios para asegurar el cumplimiento de la Ley está garantizada,
Aludió finalmente Espadas a que durante la elaboración del anteproyecto, el Consejo Consultivo, a petición de la Junta, emitió un informe que, en esencia, establece que el Estatuto de Autonomía andaluz no garantiza la titularidad de una vivienda, pero sí que las administraciones quedan obligadas a favorecer el acceso a la misma mediante la política de promoción pública, la adopción de medidas urbanísticas y la concesión de ayudas financieras y fiscales a través de la planificación.
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