Unas 300.000 personas podrán acceder a una vivienda pública (La Opinión)

El Consejo de Gobierno aprueba el anteproyecto de la ley de Derecho a la Vivienda. Podrán pedirla quienes no superen los 3.100 euros brutos al mes
LA OPINIÓN. SEVILLA.

Un total de 300.000 andaluces podrán acceder a una vivienda pública en régimen de compra o alquiler, de los cuales más de 130.000 lo harán hasta 2012, una vez sea aprobada la ley de Derecho a la Vivienda, cuyo anteproyecto fue aprobado ayer por el Consejo de Gobierno andaluz.

Según el calendario previsto por la Junta, este proyecto de ley será definitivamente aprobado a principios del próximo año para su remisión al Parlamento andaluz y en el mismo se garantizará un piso público digno a las familias de rentas bajas y medias cuyos ingresos brutos mensuales no superen los 3.100 euros.Con seis títulos y 25 artículos, el texto atiende al concepto de vivienda de calidad y sostenibilidad, y fue calificado por el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, de histórico, ya que Andalucía pasará a contar con el primer texto legal de España en esta materia.

El anteproyecto de ley, que cuenta con el consenso de los ayuntamientos, hace posible el derecho a la vivienda como una responsabilidad compartida entre las administraciones autonómica y municipal. Las administraciones estarán obligadas a favorecer el ejercicio del derecho a todas aquellas personas que carezcan de ingresos económicos para acceder a una vivienda del mercado libre en su localidad y no sean titulares ni tengan derechos de disfrute sobre otro inmueble.

También deberán estar inscritas en el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, que cada localidad andaluza mayor de 5.000 habitantes deberá elaborar y mantener. Este registro, explicó Espadas, determinará el número real de la demanda de vivienda protegida, aunque la futura ley obligará tanto a la Junta como a los ayuntamientos a diseñar y aprobar planes de vivienda. En caso de incumplimiento por las administraciones, los ciudadanos podrán exigir esta obligación por vía judicial.Planes. Los ayuntamientos dispondrán de un plazo máximo de dos años para la aprobación de los planes municipales, mientras que la Junta deberá adaptar el Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012 a lo regulado en la ley. En el caso de los municipios que no dispongan de suelo, será la Junta la que haga la reserva de suelo en base a los planes subregionales. Espadas aseveró que la futura ley tendrá "completamente garantizada" su financiación a través de los planes de vivienda. Así, agregó que el actual Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012 ya recoge esta disponibilidad presupuestaria, con unas inversiones públicas y privadas que superan los 11.000 millones.

Tras conocer estos datos, el líder del PP-A, Javier Arenas, acusó al presidente de la Junta, Manuel Chaves, de engañar a los andaluces, pues "ya no habla de viviendas gratis, sino de precios asequibles", a la vez que denunció que la Ley del Derecho a la Vivienda es un nuevo incumplimiento, ya que no llegará al Parlamento antes de fin de año.