Los dos edificios ilegales incluidos en un decreto de demolición firmado por la alcaldesa siguen en pie tras vencer el plazo fijado El desmantelamiento de ambas estructuras forma parte del acuerdo que permitió adelantar la concesión de licencias del nuevo PGOU
ESTRUCTURAS
Las Chapas
Ubicación: Golf Río Real
Promotor: Naviro Inmobiliaria
Infracción según el Plan vigente: Ocupa zona verde.
Situación según el nuevo Plan: El suelo pasa a considerarse de equipamiento público.
Estado: El bloque de planta baja más tres alturas está en fase de revestimiento, inacabado y no habitado.
San Pedro
Ubicación: Calle Boreal, en la urbanización Linda Vista Alta
Promotor: Prosavi
Infracción según el Plan vigente: Ocupa zona verde.
Situación según el nuevo Plan: Se mantiene la calificación de zona verde.
Estado: Enn fase de cimentación y con parte de los muros de contención ejecutados. La demolición de edificios ilegales en Marbella se sige resistiendo. Las promotoras Naviro Inmobiliaria SA, propiedad del empresario granadino José Ávila Rojas, procesado en el 'caso Malaya', y Prosavi han hecho por el momento oídos sordos a la orden dictada por el equipo de gobierno municipal para que derribasen sendos edificios ilegales.
Se trata de dos estructuras, levantadas en la zona de Golf Río Real, en Las Chapas, y en Linda Vista Alta, en San Pedro Alcántara, que cumplen con lo previsto en el acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento de Marbella y la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía para la ejecución anticipada del nuevo planeamiento urbanístico de la ciudad, en tramitación. Ambas administraciones acordaron en septiembre adelantar la concesión de licencias que se ajustaran al futuro PGOU y avanzar en el derribo de estructuras deshabitadas cuya regularización no fuera posible según ese documento.
Pocos días después de alcanzarse este acuerdo, la alcaldesa, Ángeles Muñoz, firmó la orden de derribo de ambos inmuebles, pero el plazo ha concluido sin que las promotoras la ejecutaran. La orden firmada contempla que en el caso de que las órdenes de derribo no sean ejecutadas, el Ayuntamiento se haga cargo y posteriormente repercuta el gasto en las empresas.
Según se prevé en el acuerdo entre ambas administraciones, las dos estructuras están desocupados e inconclusas, se encuentran en situación irregular (al contravenir el Plan de 1986) y son incompatibles con el modelo de ciudad que contempla el nuevo Plan General.
Desde la firma de los decretos de demolición, ambas promotoras disponían de dos meses para acatar la resolución. Este plazo venció el pasado domingo 21 y los dos inmuebles ilegales continúan formando parte del paisaje urbano. El más notorio es el del edificio de planta baja más tres alturas, en fase de revestimiento, y por lo tanto deshabitado, que promueve Ávila Rojas en la zona de Las Chapas. Las obras fueron paralizadas en su día por la comisión gestora del Ayuntamiento por carecer de licencia y están ejecutadas al 60 por ciento de lo presupuestado. El edificio se encuentra en zona verde y aparece contemplado como equipamiento en el nuevo PGOU.
Fuentes municipales aseguran que Naviro Inmobiliaria tiene la intención de presentar en los próximos días el proyecto de demolición, preceptivo para obtener el permiso municipal para llevar a cabo esta actuación. Estas mismas fuentes descartan que está previsto imponer una sanción económica por no acatar la resolución en el plazo estipulado.
La otra estructura que tampoco podrá seguir en pie la promueve Prosavi en una parcela, sita en la calle Boreal en Linda Vista Alta. Se trata de seis viviendas adosadas, también inacabadas, que se levantan en zona verde, cuya calificación se mantendrá en el futuro. A diferencia de la anterior promoción ilegal, esta actuación cuenta con licencia municipal de obras otorgada por el GIL en base al PGOU de 1998, que aprobó de forma unilateral en pleno y que luego anularon los tribunales. Según informaron en su día, el Consistorio llegó a un acuerdo con la mercantil para que derribara la estructura, en fase de cimentación y con parte de los muros de contención ejecutados.
Desde la entidad de conservación de esta comunidad de propietarios, criticaron en su día que en el decreto de Alcaldía se instara a la promotora a demoler tan sólo estas seis viviendas ilegales cuando en la zona, hay otras 45 en pueblo mediterráneo también contrarias al Plan vigente, aún en construcción y «comenzadas al mismo tiempo por la promotora Prosavi». Desde esta comunidad vecinal, aseguraron que esta última promoción de viviendas -que no se verá afectada por la orden de derribo- adolece de la mima irregularidad: «No tener licencia, por no adecuarse las construcciones: pueblo mediterráneo y adosadas, a la tipología de ese suelo según el Plan de 1986: unifamiliar exenta».
Criterios acordados
Desde el pasado mes de agosto, la Consejería de Vivienda viene solicitando al Ayuntamiento de Marbella que derribe inmuebles ilegales que se ajustan a los criterios acordados: no ser posible su legalización de acuerdo al futuro Plan General y que no haya terceros perjudicados más allá de la promotora infractora.
El acuerdo también preveía la revisión de las licencias ilegales concedidas por los gobiernos del GIL, pero el equipo de Ángeles Muñoz ha anunciado que no lo hará hasta la aprobación del PGOU.
ESTRUCTURAS
Las Chapas
Ubicación: Golf Río Real
Promotor: Naviro Inmobiliaria
Infracción según el Plan vigente: Ocupa zona verde.
Situación según el nuevo Plan: El suelo pasa a considerarse de equipamiento público.
Estado: El bloque de planta baja más tres alturas está en fase de revestimiento, inacabado y no habitado.
San Pedro
Ubicación: Calle Boreal, en la urbanización Linda Vista Alta
Promotor: Prosavi
Infracción según el Plan vigente: Ocupa zona verde.
Situación según el nuevo Plan: Se mantiene la calificación de zona verde.
Estado: Enn fase de cimentación y con parte de los muros de contención ejecutados. La demolición de edificios ilegales en Marbella se sige resistiendo. Las promotoras Naviro Inmobiliaria SA, propiedad del empresario granadino José Ávila Rojas, procesado en el 'caso Malaya', y Prosavi han hecho por el momento oídos sordos a la orden dictada por el equipo de gobierno municipal para que derribasen sendos edificios ilegales.
Se trata de dos estructuras, levantadas en la zona de Golf Río Real, en Las Chapas, y en Linda Vista Alta, en San Pedro Alcántara, que cumplen con lo previsto en el acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento de Marbella y la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía para la ejecución anticipada del nuevo planeamiento urbanístico de la ciudad, en tramitación. Ambas administraciones acordaron en septiembre adelantar la concesión de licencias que se ajustaran al futuro PGOU y avanzar en el derribo de estructuras deshabitadas cuya regularización no fuera posible según ese documento.
Pocos días después de alcanzarse este acuerdo, la alcaldesa, Ángeles Muñoz, firmó la orden de derribo de ambos inmuebles, pero el plazo ha concluido sin que las promotoras la ejecutaran. La orden firmada contempla que en el caso de que las órdenes de derribo no sean ejecutadas, el Ayuntamiento se haga cargo y posteriormente repercuta el gasto en las empresas.
Según se prevé en el acuerdo entre ambas administraciones, las dos estructuras están desocupados e inconclusas, se encuentran en situación irregular (al contravenir el Plan de 1986) y son incompatibles con el modelo de ciudad que contempla el nuevo Plan General.
Desde la firma de los decretos de demolición, ambas promotoras disponían de dos meses para acatar la resolución. Este plazo venció el pasado domingo 21 y los dos inmuebles ilegales continúan formando parte del paisaje urbano. El más notorio es el del edificio de planta baja más tres alturas, en fase de revestimiento, y por lo tanto deshabitado, que promueve Ávila Rojas en la zona de Las Chapas. Las obras fueron paralizadas en su día por la comisión gestora del Ayuntamiento por carecer de licencia y están ejecutadas al 60 por ciento de lo presupuestado. El edificio se encuentra en zona verde y aparece contemplado como equipamiento en el nuevo PGOU.
Fuentes municipales aseguran que Naviro Inmobiliaria tiene la intención de presentar en los próximos días el proyecto de demolición, preceptivo para obtener el permiso municipal para llevar a cabo esta actuación. Estas mismas fuentes descartan que está previsto imponer una sanción económica por no acatar la resolución en el plazo estipulado.
La otra estructura que tampoco podrá seguir en pie la promueve Prosavi en una parcela, sita en la calle Boreal en Linda Vista Alta. Se trata de seis viviendas adosadas, también inacabadas, que se levantan en zona verde, cuya calificación se mantendrá en el futuro. A diferencia de la anterior promoción ilegal, esta actuación cuenta con licencia municipal de obras otorgada por el GIL en base al PGOU de 1998, que aprobó de forma unilateral en pleno y que luego anularon los tribunales. Según informaron en su día, el Consistorio llegó a un acuerdo con la mercantil para que derribara la estructura, en fase de cimentación y con parte de los muros de contención ejecutados.
Desde la entidad de conservación de esta comunidad de propietarios, criticaron en su día que en el decreto de Alcaldía se instara a la promotora a demoler tan sólo estas seis viviendas ilegales cuando en la zona, hay otras 45 en pueblo mediterráneo también contrarias al Plan vigente, aún en construcción y «comenzadas al mismo tiempo por la promotora Prosavi». Desde esta comunidad vecinal, aseguraron que esta última promoción de viviendas -que no se verá afectada por la orden de derribo- adolece de la mima irregularidad: «No tener licencia, por no adecuarse las construcciones: pueblo mediterráneo y adosadas, a la tipología de ese suelo según el Plan de 1986: unifamiliar exenta».
Criterios acordados
Desde el pasado mes de agosto, la Consejería de Vivienda viene solicitando al Ayuntamiento de Marbella que derribe inmuebles ilegales que se ajustan a los criterios acordados: no ser posible su legalización de acuerdo al futuro Plan General y que no haya terceros perjudicados más allá de la promotora infractora.
El acuerdo también preveía la revisión de las licencias ilegales concedidas por los gobiernos del GIL, pero el equipo de Ángeles Muñoz ha anunciado que no lo hará hasta la aprobación del PGOU.
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