El Consistorio va a estudiar la construcción del restaurante La Pesquera y la adjudicación de la cafetería del Palacio de Ferias
El Ayuntamiento de Marbella no puede pasar por alto lo sucedido con los intereses municipales durante la era GIL. La prueba es que ayer el gobierno de Ángeles Muñoz (PP) acordó iniciar la revisión de oficio de dos concesiones que se adjudicaron en el pasado sin que se respetasen los procedimientos fijados por la ley, según explicó el portavoz popular, Félix Romero.
En primer lugar, el Consistorio va a estudiar a fondo el acuerdo que consintió la construcción del restaurante La Pesquera en una parcela municipal de 2.600 metros cuadrados en el Paseo Marítimo de San Pedro Alcántara. La adjudicación, que tuvo lugar el 2 de abril de 2001, se produjo sin que se hubiese celebrado ningún concurso público y sin que estuviese acreditada la contraprestación que recibía el Consistorio, por lo que el trámite contiene "defectos insalvables", según indicó Romero.
Por otra parte, la asesoría técnica y jurídica estudiará los pormenores de la adjudicación de la cafetería anexa al Palacio de Ferias y Congresos, ya que se calcula que ésta supone un perjuicio anual de 77.000 euros a las arcas municipales. En concreto, la sociedad que explota el local de estas dependencias públicas tan sólo abona 6.000 euros de alquiler al año cuando los tasadores del Ayuntamiento estiman que debería rondar los 7.000 euros mensuales.
Además, el equipo de gobierno dispone de informes técnicos que advierten que el inmueble no cumple con las condiciones higiénicas básicas y que éste ha sido a su vez subarrendado a empresas terceras para su explotación.
Romero indicó que una vez que concluya la revisión de oficio el Ayuntamiento dará audiencia a los responsables de las sociedades que recibieron las adjudicaciones para que aporten los datos o documentos que consideren oportunos. Posteriormente, el equipo de gobierno trasladará los informes de ambas partes al Consejo Consultivo de Andalucía (CCA) para que determine si procede la anulación de las dos concesiones.
El portavoz de los populares quiso dejar claro que, aunque la resolución del CCA no es vinculante, respetará sin discusión lo que decida para así evitar suspicacias.
En ese sentido, el responsable municipal señaló que recientemente el órgano autonómico les ha dado la razón en la resolución del contrato de arrendamiento del restaurante El Picadero, debido a que considera que se trataba de una concesión "ilegal". No son los únicos casos con los que tienen que lidiar los dirigentes locales. Romero recordó que durante 2008 se ha iniciado la revisión de oficio de más de un centenar de adjudicaciones que, supuestamente, se concedieron sin respeto a la legalidad vigente.
En primer lugar, el Consistorio va a estudiar a fondo el acuerdo que consintió la construcción del restaurante La Pesquera en una parcela municipal de 2.600 metros cuadrados en el Paseo Marítimo de San Pedro Alcántara. La adjudicación, que tuvo lugar el 2 de abril de 2001, se produjo sin que se hubiese celebrado ningún concurso público y sin que estuviese acreditada la contraprestación que recibía el Consistorio, por lo que el trámite contiene "defectos insalvables", según indicó Romero.
Por otra parte, la asesoría técnica y jurídica estudiará los pormenores de la adjudicación de la cafetería anexa al Palacio de Ferias y Congresos, ya que se calcula que ésta supone un perjuicio anual de 77.000 euros a las arcas municipales. En concreto, la sociedad que explota el local de estas dependencias públicas tan sólo abona 6.000 euros de alquiler al año cuando los tasadores del Ayuntamiento estiman que debería rondar los 7.000 euros mensuales.
Además, el equipo de gobierno dispone de informes técnicos que advierten que el inmueble no cumple con las condiciones higiénicas básicas y que éste ha sido a su vez subarrendado a empresas terceras para su explotación.
Romero indicó que una vez que concluya la revisión de oficio el Ayuntamiento dará audiencia a los responsables de las sociedades que recibieron las adjudicaciones para que aporten los datos o documentos que consideren oportunos. Posteriormente, el equipo de gobierno trasladará los informes de ambas partes al Consejo Consultivo de Andalucía (CCA) para que determine si procede la anulación de las dos concesiones.
El portavoz de los populares quiso dejar claro que, aunque la resolución del CCA no es vinculante, respetará sin discusión lo que decida para así evitar suspicacias.
En ese sentido, el responsable municipal señaló que recientemente el órgano autonómico les ha dado la razón en la resolución del contrato de arrendamiento del restaurante El Picadero, debido a que considera que se trataba de una concesión "ilegal". No son los únicos casos con los que tienen que lidiar los dirigentes locales. Romero recordó que durante 2008 se ha iniciado la revisión de oficio de más de un centenar de adjudicaciones que, supuestamente, se concedieron sin respeto a la legalidad vigente.
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