miércoles, 24 de diciembre de 2008

Junta y Consistorio se enzarzan por las familias desahuciadas (Málaga Hoy)

Ambas administraciones se imputan una a otra la obligación para realojar a los vecinos desalojados del inmueble de la calle Calvo, expropiado en 2006
La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga acaban de abrir una nueva vía de confrontación en sus ya delicadas relaciones. Aunque en esta ocasión, a diferencia de lo sucedido con el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) o los Fondos Feder, ambas administraciones utilizan como objeto de disputa a las seis familias malagueñas que fueron desahuciadas la pasada semana del edificio de calle Calvo, 21, declarado en ruina y demolido por orden del alcalde, Francisco de la Torre.

Mientras a los 21 inquilinos de este inmueble no les quedó más remedio que recoger sus enseres y buscar un lugar en el que pasar los días, los gobiernos regional y municipal se imputaban uno a otro la responsabilidad sobre su realojo. Un nuevo paso en esta línea de enfrentamiento se produjo ayer, cuando la Junta remitió un comunicado en el que apuntaba que es el equipo de gobierno del PP el que ha de asumir la reubicación de los afectados, cosa que niega el Consistorio.

Los responsables autonómicos esgrimen como argumento el convenio del Plan Trinidad-Perchel suscrito en 1995 por el entonces alcalde de Málaga, Pedro Aparicio, y el consejero de Obras Públicas, Francisco Vallejo. A este respecto, precisaron que la estipulación sexta del acuerdo señala que será el Ayuntamiento, a través del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV), el que "realizará los trabajos necesarios para liberar y dejar el terreno en disposición de ser utilizado para fines edificatorios, lo que incluye el desalojo de las actuales construcciones y la demolición de las mismas, así como el realojo temporal de sus legítimos ocupantes".

No obstante, el artículo también indica que el realojo "definitivo" de los inquilinos se realizará en las viviendas que vaya ejecutando Obras Públicas, punto al que se agarra el ejecutivo municipal para defender su posición. A pesar de ello, la delegada de Vivienda y Ordenación del Territorio, Josefa López, dijo que el Consistorio, en el momento en que acabó las expropiaciones de la zona, que en el caso de calle Calvo sitúa en 2006, "debió haber adoptado las medidas adecuadas para cumplir lo estipulado, como el derribo de las construcciones y soluciones para los ocupantes".

Ante las críticas que ha recibido desde que se produjo el desahucio y la demolición del bloque en el que vivían estas seis familias, el alcalde mantuvo ayer una reunión con los damnificados. En la misma, según informaron desde el Ayuntamiento, se alcanzó el compromiso para que el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) realoje de manera "temporal" a cinco de las seis familias, que son las que han podido demostrar mediante contratos de arrendamiento y certificados de empadronamiento que eran inquilinos del edificio antes de que se produjese el proceso de expropiación, cuya tramitación se inició en 1997, pero que no se llevó a efecto hasta 2006. En el caso de la otra familia, que llegó al bloque en 2000, Bienestar Social solucionará su situación.

No obstante, desde el equipo de gobierno se insistió en que el realojo "definitivo" de estos vecinos corresponde a la Delegación de Vivienda y Ordenación del Territorio, de acuerdo, indicaron, con el mismo artículo del convenio que utiliza la Junta para defender su postura.

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