La Junta tendrá que facilitarles la vivienda definitiva, según el convenio
El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, se reunió ayer con los vecinos de calle Calvo, 21 para informarles de que tras la entrega de documentación en el Instituto Municipal de la Vivienda, entre el lunes y el martes por los vecinos (contratos de arrendamiento, certificados de empadronamiento, escritos diversos, actas de constitución de la Comunidad del inmueble, recibos de pago de la luz, agua, etc.), y una vez analizada la misma de forma conjunta por técnicos de la Gerencia de Urbanismo y del IMV, se ha concluido que, cinco de las seis familias tienen derecho a realojo en una vivienda de protección pública. La sexta familia no tiene derecho a esta prestación por residir allí desde 2000 cuando la expropiación es del año 97, pero el área de Bienestar Social se compromete a solucionar su situación.
Este, no obstante, es un realojo temporal, ya que el definitivo corresponde a la Delegación de Vivienda, según se recoge en el convenio suscrito entre el Ayuntamiento y la Junta el 6 de junio de 1995, según indica el Ayuntamiento en un comunicado.
Respecto al conflicto, la Junta aseguró ayer que el realojo temporal corresponde al Ayuntamiento y que cuando el Consistorio finalizó las expropiaciones de la zona, debió haber adoptado medidas para cumplir lo estipulado, así como buscar soluciones para los ocupantes. Asimismo, desde Vivienda se desmintió también que técnicos del IMV se hubieran reunido con responsables de EPSA para estudiar la situación de las personas desalojadas.
El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, se reunió ayer con los vecinos de calle Calvo, 21 para informarles de que tras la entrega de documentación en el Instituto Municipal de la Vivienda, entre el lunes y el martes por los vecinos (contratos de arrendamiento, certificados de empadronamiento, escritos diversos, actas de constitución de la Comunidad del inmueble, recibos de pago de la luz, agua, etc.), y una vez analizada la misma de forma conjunta por técnicos de la Gerencia de Urbanismo y del IMV, se ha concluido que, cinco de las seis familias tienen derecho a realojo en una vivienda de protección pública. La sexta familia no tiene derecho a esta prestación por residir allí desde 2000 cuando la expropiación es del año 97, pero el área de Bienestar Social se compromete a solucionar su situación.
Este, no obstante, es un realojo temporal, ya que el definitivo corresponde a la Delegación de Vivienda, según se recoge en el convenio suscrito entre el Ayuntamiento y la Junta el 6 de junio de 1995, según indica el Ayuntamiento en un comunicado.
Respecto al conflicto, la Junta aseguró ayer que el realojo temporal corresponde al Ayuntamiento y que cuando el Consistorio finalizó las expropiaciones de la zona, debió haber adoptado medidas para cumplir lo estipulado, así como buscar soluciones para los ocupantes. Asimismo, desde Vivienda se desmintió también que técnicos del IMV se hubieran reunido con responsables de EPSA para estudiar la situación de las personas desalojadas.
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