El PP aprueba en Pleno cambios en el documento, en el que mantiene la construcción en Arraijanal y el salto de la ronda. La Administración autonómica dejará en suspenso los grandes proyectos por entenderlos inviables.
Casi cinco años después de que diese los primeros pasos en la revisión del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Málaga, el equipo de gobierno del PP aprobará hoy en solitario, con el voto negativo de PSOE e IU, el documento que finalmente será tramitado ante la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, órgano al que compete darle el aval definitivo. Este último trámite en el ámbito local supone la aprobación en Pleno de un importante número de variaciones de escasa importancia en su contenido, entre las que no se incluye modificación alguna en los proyectos de mayor envergadura, caso de la construcción al norte de la ronda este, la ocupación de Arraijanal y de las márgenes del río Campanillas y el diseño de un puerto deportivo en El Morlaco, entre otros, rechazados de manera reiterada por la Administración autonómica.
La posición de confrontación que ambas instituciones mantienen en este asunto, prolongada desde casi el mismo origen del nuevo Plan General, hace prever que el informe que hoy verá la luz tendrá poco que ver con el que finalmente entre en vigor, presumiblemente antes de finales del próximo mes de julio. Así lo expuso la pasada semana a este periódico la delegada provincial de Vivienda y Ordenación del Territorio, Josefa López, quien indicó que si el Ayuntamiento insiste en mantener las intervenciones vetadas por la Junta tanto en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) como en el Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración Urbana de Málaga (Potaum), éstas quedarán en suspenso. O dicho de otro modo, la Junta aprobará el PGOU en su conjunto pero invalidará todas las actuaciones antes reseñadas.
En este escenario, no es de descartar que el asunto acabe en los tribunales, una vía apuntada en varias ocasiones por el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, al ser cuestionado por la acción autonómica. Incluso, en el documento de modificaciones que hoy se debate se denuncia que "la viabilidad y beneficio para la ciudad" de estos proyectos "se ha puesto de manifiesto ante las distintas administraciones que las han declarado inviables no por cuestiones de legalidad".
La única rectificación que sí se hace en el Plan General es la relativa a las alturas de buena parte de las torres dibujadas en el documento, que tendrá que ser severamente recortada en los cuatro edificios previstos en Torre del Río y Nereo (junto a la Térmica), varios inmuebles de Camino de San Rafael y de la antigua parcela de Repsol conforme a las limitaciones impuestas por Aviación Civil. De acuerdo con el mismo, por ejemplo, el gran rascacielos proyectado en Repsol, de 186 metros, tendrá 50 metros menos.
La propuesta que hoy lleva a Pleno el equipo de gobierno del PP incluye 162 ajustes y subsanaciones. De ellas, 49 son cambios por errores materiales, 92 por consideraciones de la Junta (38 modificaciones ante los informes sectoriales y 54 tras las reuniones mantenidas por los técnicos de las dos administraciones) y otros 21 ajustes derivados de los informes del Estado.
Frente a la posición del equipo de gobierno, PSOE e IU insistieron ayer en que votarán en contra del documento. El portavoz socialista, Rafael Fuentes, dijo que pedirá al regidor que aclare "los intereses" de insistir en llevar adelante proyectos que cuentan con informes contrarios, al tiempo que estimó que De la Torre apuesta "únicamente por defender los intereses privados en detrimento de los de los ciudadanos". Incluso, en alusión al informe de justificación apuntó que incluye párrafos que parecen más "los de un hooligan del PP y de los de propietarios privados de algunos suelos".
En la misma línea, el portavoz de IU, Pedro Moreno Brenes, estimó que se trata de un plan "inviable", que se hace "saltándose los límites legales" a base de convenios con las constructoras, de recalificar suelos rústicos y "a costa de territorios ya saturados". Asimismo, confió en que la Junta "impugne y rechace" los planes urbanísticos "inviables e insostenibles".
La posición de confrontación que ambas instituciones mantienen en este asunto, prolongada desde casi el mismo origen del nuevo Plan General, hace prever que el informe que hoy verá la luz tendrá poco que ver con el que finalmente entre en vigor, presumiblemente antes de finales del próximo mes de julio. Así lo expuso la pasada semana a este periódico la delegada provincial de Vivienda y Ordenación del Territorio, Josefa López, quien indicó que si el Ayuntamiento insiste en mantener las intervenciones vetadas por la Junta tanto en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) como en el Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración Urbana de Málaga (Potaum), éstas quedarán en suspenso. O dicho de otro modo, la Junta aprobará el PGOU en su conjunto pero invalidará todas las actuaciones antes reseñadas.
En este escenario, no es de descartar que el asunto acabe en los tribunales, una vía apuntada en varias ocasiones por el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, al ser cuestionado por la acción autonómica. Incluso, en el documento de modificaciones que hoy se debate se denuncia que "la viabilidad y beneficio para la ciudad" de estos proyectos "se ha puesto de manifiesto ante las distintas administraciones que las han declarado inviables no por cuestiones de legalidad".
La única rectificación que sí se hace en el Plan General es la relativa a las alturas de buena parte de las torres dibujadas en el documento, que tendrá que ser severamente recortada en los cuatro edificios previstos en Torre del Río y Nereo (junto a la Térmica), varios inmuebles de Camino de San Rafael y de la antigua parcela de Repsol conforme a las limitaciones impuestas por Aviación Civil. De acuerdo con el mismo, por ejemplo, el gran rascacielos proyectado en Repsol, de 186 metros, tendrá 50 metros menos.
La propuesta que hoy lleva a Pleno el equipo de gobierno del PP incluye 162 ajustes y subsanaciones. De ellas, 49 son cambios por errores materiales, 92 por consideraciones de la Junta (38 modificaciones ante los informes sectoriales y 54 tras las reuniones mantenidas por los técnicos de las dos administraciones) y otros 21 ajustes derivados de los informes del Estado.
Frente a la posición del equipo de gobierno, PSOE e IU insistieron ayer en que votarán en contra del documento. El portavoz socialista, Rafael Fuentes, dijo que pedirá al regidor que aclare "los intereses" de insistir en llevar adelante proyectos que cuentan con informes contrarios, al tiempo que estimó que De la Torre apuesta "únicamente por defender los intereses privados en detrimento de los de los ciudadanos". Incluso, en alusión al informe de justificación apuntó que incluye párrafos que parecen más "los de un hooligan del PP y de los de propietarios privados de algunos suelos".
En la misma línea, el portavoz de IU, Pedro Moreno Brenes, estimó que se trata de un plan "inviable", que se hace "saltándose los límites legales" a base de convenios con las constructoras, de recalificar suelos rústicos y "a costa de territorios ya saturados". Asimismo, confió en que la Junta "impugne y rechace" los planes urbanísticos "inviables e insostenibles".
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