jueves, 10 de septiembre de 2009

Residentes extranjeros piden a la Junta una solución urgente a las viviendas ilegales en la comarca. Nerja (SUR)

La asociación Save Our Homes pide reunirse con el consejero y critica la falta de posicionamiento político del gobierno andaluz

«Tenemos una situación donde la Junta está procediendo a la impugnación de licencias, las cuales han sido legalmente otorgadas por los ayuntamientos. Al mismo tiempo, esto no va a solucionar el problema, ya que se están descubriendo nuevas casas ilegales. Por lo tanto, con la ayuda de los ayuntamientos se forman equipos de inspección, los cuales crean un archivo de cada casa inspeccionada para compararla con una plantilla de especificaciones, consideradas necesarias para legalizarlas. Como alternativa, se podría declarar una aministía, lo cual sería el curso de acción con más sentido».
Éste es el diagnóstico que realiza el presidente de la asociación Save Our Homes Axarquía-Salvemos Nuestras Casas (SOHA), Philip Smalley, en una carta que ha remitido al consejero de Vivienda de la Junta, Juan Espadas, en la que le reclama una solución «urgente» a la problemática de las viviendas ilegales en la comarca.
En su escrito, al que ha tenido acceso este periódico, el representante de este colectivo, que agrupa a más de un centenar de residentes extranjeros que han comprado viviendas en diferentes localidades de la comarca en los últimos años, y que ahora ven como muchas de ellas son declaradas ilegales por la Administración andaluza, reclama «un mayor posicionamiento político» al Gobierno andaluz.
«Tenemos a la Junta, a la Diputación, los fiscales, los ayuntamiento, el Seprona de la Guardia Civil. Todos involucrados en este asunto, pero, ¿qué pasa? Nada. Mientras tanto la economía de Andalucía empeora cada día. La prensa extranjera en Inglaterra publica todas las semanas reportajes de la injusticia que está ocurriendo en España», continúa el presidente de SOHA, quien asegura que esta situación de incertidumbre en torno al futuro de sus inmuebles ha generado «un gran daño moral, físico y mental en estas familias».
«La depresión, la frustración y la angustia de poder perder sus casas es enorme. Algunas de estas personas son mayores, con patologías cardiacas», añade Smalley, quien concluye su escrito pidiéndole una reunión «urgente» al consejero de Vivienda, Juan Espadas, y lanzándole una pregunta: «¿Dónde se posiciona la Junta en la lucha por una solución a las viviendas ilegales?».

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