El concejal de Urbanismo, Manuel Díaz, informó ayer durante la Comisión de Movilidad y Urbanismo, que el martes se firmó la resolución para la orden de desalojo del inmueble número 18 de calle Álvarez por motivos de seguridad y salubridad, y evitar así cualquier perjuicio a sus inquilinos. Díaz explicó que el periodo para dicha medida es de una semana, y que este inmueble -que se encuentra habitado por una inquilina legal y su hijo-, «está dentro del área de rehabilitación concertada del Centro Histórico, área para su expropiación acordada mediante convenio entre la Junta y Ayuntamiento», afirmó.
Así, el edil aseguró que desde el Ayuntamiento se detectó la situación de esta vivienda, pero, según manifestaron, «al estar dentro de la expropiación, es la Junta la que tiene que hacerse cargo de los inquilinos». No obstante, aseguró que al no haberse hecho cargo hasta el momento, desde el Consistorio «se ha ofrecido a los inquilinos legales distintas ayudas que se pueden poner a su disposición desde el ámbito municipal y según el procedimiento reglado», como tramitarles plazas en una residencia o la ayuda de 1.200 euros para el alquiler de una vivienda.
Manuel Díaz explicó que al estar la vivienda dentro del proceso expropiatorio, por ley, al ser la beneficiaria la Junta de dicha expropiación, es la que se tiene que hacer cargo del realojo de los inquilinos.
Sin embargo, fuentes de la Consejería de Vivienda aseguraron que el Gobierno andaluz no puede hacerse cargo aún del realojo de estos vecinos porque el edificio no es todavía de su propiedad. «Está previsto expropiarlo en enero, por lo que hasta entonces no es responsabilidad de la Junta», matizaron las fuentes, que recalcaron que se ayudará al realojo de la familia siempre que tenga un contrato de alquiler legal.
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