Urbanismo estima que a 31 de diciembre, fecha tope, serán poco más de mil los bloques que habrán cumplido con la ordenanza, lo que supone el 43% del total
A menos de una semana para que concluya el plazo abierto por el Ayuntamiento de Málaga para que los propietarios de edificios protegidos o de una antigüedad superior a los cien años efectúen la inspección técnica de estos inmuebles, los datos de los que dispone la Gerencia de Urbanismo siguen mostrando un porcentaje de incumplimiento bastante elevado. Desde el departamento de Arquitectura de este organismo informaron de que la previsión de la que disponen indica que a partir del próximo 31 de diciembre, fecha tope para superar este examen, habrá unas 1.200 construcciones en Málaga que serán objeto de expedientes sancionadores y sobre las que podrían recaer multas de entre 600 y 60.000 euros por no cumplir con las exigencias de la ordenanza municipal.
Pero aunque la norma es muy clara en este sentido, la posición inicial del Consistorio es la de suavizar en la medida de lo posible el impacto. En este sentido, se asume la imposibilidad de iniciar de una vez todos estos procesos sancionadores, dada la limitación de los servicios de los que dispone el departamento. Por ello, se analiza la opción de fijar una alternativa con la que diferenciar el tipo de infracción que se cometa.
La idea que se maneja en estos momentos, según el jefe del departamento de Arquitectura, Javier Pérez de la Fuente, pasa por incidir especialmente sobre el medio centenar de edificios en situación de ruina que ha contabilizado Urbanismo; a los que seguirían las construcciones protegidas, de las que no hay una cifra cerrada, y finalmente, el resto de los edificios.
Conforme a la tramitación de sanciones contemplada por el Ayuntamiento, se abre un espacio de tiempo en el que algunos de los incumplidores podrían impulsar la revisión de sus instalaciones, eludiendo de este modo la amenaza de la sanción económica. "Hemos tratado de hacer entender a las comunidades de propietarios y a los dueños de los edificios que la cuantía de una multa siempre será mayor que lo que les puede costar la inspección técnica", expuso Pérez de la Fuente, quien admitió, además, que en la mayoría de los casos la cuantía de las multas rondará "las capas más bajas" previstas en la norma.
Según los augurios más recientes de los técnicos municipales, poco más de un millar de las 2.300 edificaciones con obligación de ser inspeccionadas antes de que acabe el año, lo habrá hecho. Pérez de la Fuente explicó que entre las edificaciones que han superado este filtro administrativo se incluyen 325 inmuebles cuyos dueños han acreditado la ejecución de obras de rehabilitación integral en los últimos años, con lo que su particular contador de edad se pone a cero y eluden esta primera fase de inspección. En el caso de las otras 700, alrededor de un 70% de los informes presentados son favorables, mientras que en un 30% los técnicos encargados de supervisar las instalaciones y elementos de la construcción han detectado deficiencias y apuntan la necesidad de efectuar reparaciones.
"La previsión es que podamos alcanzar las 700 inspecciones técnicas de edificios, que es precisamente el número que teníamos en mente", comentó el responsable de Arquitectura, que se mostró satisfecho por el cumplimiento que se alcanzará. El dato supone un aumento significativo respecto al que tenía Urbanismo a finales de octubre, cuando la cifra era de 167, a los que había que sumar 300 construcciones objeto de restauración, con lo que sólo se alcanzaba el 20%.
La escasa respuesta por parte de los propietarios de los edificios en ese momento llevó al equipo de gobierno del PP a aprobar una ampliación del plazo de presentación de los informes hasta el 31 de diciembre, un mes más de lo inicialmente contemplado. Tras esta medida, muchos parecen haberse puesto las pilas ante la amenaza de ser sancionados.
Aunque bajo, el dato de cumplimiento en Málaga es muy superior al registrado en otras ciudades en las que se puso en marcha la inspección técnica con varios años de antelación. Es el caso de Sevilla, donde la normativa entró en vigor en una primera fase en 2000, periodo en el que sólo pasaron la ITE 23 de las 4.000 edificaciones que estaban obligadas. Estos datos llevó al Ayuntamiento de la ciudad hispalense a rehacer la ordenanza y volver a sacarla adelante. Tras la nueva aplicación, el porcentaje de bloques que acataron la medida se elevó hasta el 38%.
A menos de una semana para que concluya el plazo abierto por el Ayuntamiento de Málaga para que los propietarios de edificios protegidos o de una antigüedad superior a los cien años efectúen la inspección técnica de estos inmuebles, los datos de los que dispone la Gerencia de Urbanismo siguen mostrando un porcentaje de incumplimiento bastante elevado. Desde el departamento de Arquitectura de este organismo informaron de que la previsión de la que disponen indica que a partir del próximo 31 de diciembre, fecha tope para superar este examen, habrá unas 1.200 construcciones en Málaga que serán objeto de expedientes sancionadores y sobre las que podrían recaer multas de entre 600 y 60.000 euros por no cumplir con las exigencias de la ordenanza municipal.
Pero aunque la norma es muy clara en este sentido, la posición inicial del Consistorio es la de suavizar en la medida de lo posible el impacto. En este sentido, se asume la imposibilidad de iniciar de una vez todos estos procesos sancionadores, dada la limitación de los servicios de los que dispone el departamento. Por ello, se analiza la opción de fijar una alternativa con la que diferenciar el tipo de infracción que se cometa.
La idea que se maneja en estos momentos, según el jefe del departamento de Arquitectura, Javier Pérez de la Fuente, pasa por incidir especialmente sobre el medio centenar de edificios en situación de ruina que ha contabilizado Urbanismo; a los que seguirían las construcciones protegidas, de las que no hay una cifra cerrada, y finalmente, el resto de los edificios.
Conforme a la tramitación de sanciones contemplada por el Ayuntamiento, se abre un espacio de tiempo en el que algunos de los incumplidores podrían impulsar la revisión de sus instalaciones, eludiendo de este modo la amenaza de la sanción económica. "Hemos tratado de hacer entender a las comunidades de propietarios y a los dueños de los edificios que la cuantía de una multa siempre será mayor que lo que les puede costar la inspección técnica", expuso Pérez de la Fuente, quien admitió, además, que en la mayoría de los casos la cuantía de las multas rondará "las capas más bajas" previstas en la norma.
Según los augurios más recientes de los técnicos municipales, poco más de un millar de las 2.300 edificaciones con obligación de ser inspeccionadas antes de que acabe el año, lo habrá hecho. Pérez de la Fuente explicó que entre las edificaciones que han superado este filtro administrativo se incluyen 325 inmuebles cuyos dueños han acreditado la ejecución de obras de rehabilitación integral en los últimos años, con lo que su particular contador de edad se pone a cero y eluden esta primera fase de inspección. En el caso de las otras 700, alrededor de un 70% de los informes presentados son favorables, mientras que en un 30% los técnicos encargados de supervisar las instalaciones y elementos de la construcción han detectado deficiencias y apuntan la necesidad de efectuar reparaciones.
"La previsión es que podamos alcanzar las 700 inspecciones técnicas de edificios, que es precisamente el número que teníamos en mente", comentó el responsable de Arquitectura, que se mostró satisfecho por el cumplimiento que se alcanzará. El dato supone un aumento significativo respecto al que tenía Urbanismo a finales de octubre, cuando la cifra era de 167, a los que había que sumar 300 construcciones objeto de restauración, con lo que sólo se alcanzaba el 20%.
La escasa respuesta por parte de los propietarios de los edificios en ese momento llevó al equipo de gobierno del PP a aprobar una ampliación del plazo de presentación de los informes hasta el 31 de diciembre, un mes más de lo inicialmente contemplado. Tras esta medida, muchos parecen haberse puesto las pilas ante la amenaza de ser sancionados.
Aunque bajo, el dato de cumplimiento en Málaga es muy superior al registrado en otras ciudades en las que se puso en marcha la inspección técnica con varios años de antelación. Es el caso de Sevilla, donde la normativa entró en vigor en una primera fase en 2000, periodo en el que sólo pasaron la ITE 23 de las 4.000 edificaciones que estaban obligadas. Estos datos llevó al Ayuntamiento de la ciudad hispalense a rehacer la ordenanza y volver a sacarla adelante. Tras la nueva aplicación, el porcentaje de bloques que acataron la medida se elevó hasta el 38%.
