La segunda exposición del PGOU recibe más quejas que la primera. Marbella (LA OPINION)

P. SÁNCHEZ. MARBELLA Bate su propio récord. El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella ha recibido más alegaciones durante su segunda fase de exposición pública que en la primera. En total, 8.676 quejas frente a las 8.537 registradas inicialmente.
La clave. Estas cifras evidencian, en opinión del PSOE, que los ciudadanos están frontalmente en contra de los cambios introducidos por el PP en el documento elaborado por el gabinete de arquitectos que encabeza Manuel Fustegueras y que seleccionó la Junta de Andalucía cuando poseía las competencias urbanísticas de la localidad.

"La solución planteada por el Ayuntamiento no ha puesto fin a la normalización de las viviendas irregulares", según el concejal socialista Javier De Luis, que se fundamenta en el hecho de que las quejas contra el proceso de regularización se han elevado en esta segunda fase hasta las 1.526. "Los cambios realizados por el PP de forma unilateral, a puerta cerrada y sin consenso han generado este aluvión", concluyó el edil.

El Supremo reactiva el proceso de independencia de San Pedro. Marbella (LA OPINION)

El TS dice que el órgano competente para pronunciarse sobre la separación es el Consejo de Gobierno de la Junta y no la Consejería de Gobernación.

P. SÁNCHEZ / J. A. SAU. MARBELLA El Tribunal Supremo ha dado alas a las aspiraciones independentistas de San Pedro Alcántara. En una histórica resolución, el Alto Tribunal ordena retrotraer el expediente de segregación al 16 de septiembre de 1994, cuando el director general de Administración Local y Justicia de la Junta declaró su caducidad y archivo.

La comisión pro independencia de San Pedro interpuso una demanda ante el TSJA después de que la Consejería de Gobernación desestimara sus pretensiones por silencio administrativo en 1992. Además, pidieron ampliar el contencioso contra la decisión de la Dirección General de Administración Local, que en septiembre del 94 acordó archivar el expediente de segregación, amparado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal andaluz.

Los independentistas sostienen que la resolución de 1994 es nula de pleno derecho y que el Consejo de Gobierno es el que debería haberse pronunciado. Ahora, el Supremo declara que la Sala del TSJA debería haber admitido la ampliación del recurso contra esa resolución y pronunciarse sobre la declaración de caducidad del expediente.

"La citada resolución declaró indebidamente el archivo del expediente, ya que lo hizo examinando la concurrencia de requisitos de fondo sobre la procedencia o no de la segregación, amparándose en la supuesta falta documentos", añade la Sala. Lo cierto es que se aportaron documentos de que entre Marbella y San Pedro hay 7.500 metros cuadrados de suelo no urbanizable, requisito básico para otorgar la independencia, pero el director general de Administración Local y Justicia no lo tuvo en cuenta.

Los magistrados consideran que la Consejería de Gobernación no era la competente para pronunciarse sobre el fondo del asunto, lo que hizo el director general usando el paraguas de un defecto de forma. "Dicha decisión correspondía al órgano competente para acceder o denegar la segregación, no al órgano instructor del expediente", reflexiona el tribunal.
Además, los magistrados declaran probado que se vulneró la Ley de Procedimiento Administrativo, ya que se hace pasar una denegación de segregación como archivo del expediente; vulneración que luego repetirá el TSJA al apoyar las tesis de la Junta en su sentencia.

La decisión de la Dirección General "es nula de pleno derecho por haber sido dictada por órgano manifiestamente incompetente". El competente es el Consejo de Gobierno.
Por tanto, se anula el fallo del TSJA en el que se rechazaba la ampliación del recurso contra la resolución autonómica y se declara nula de pleno derecho. El expediente es reabierto y vuelve al mismo estado que en septiembre de 1994.

Reacciones. El presidente de la Asociación Pro-Independencia de San Pedro, Manuel Fernández Valdivia, afirmó ayer que la decisión del Supremo es un "gran revés" a la Junta, pero no ha sido suficiente. "No han entrado en el fondo de la cuestión -lamentó Fernández Valdivia-. La Junta declaró indebidamente la caducidad del expediente y el Tribunal no estudia el fondo de la solicitud de segregación, con todos los datos que se aportaban y que eran favorables para conseguirla", subrayó. Los partidarios de que San Pedro sea el municipio 102 no actuarán hasta saber qué va a hacer la Junta. "Ya nos han hecho perder muchos años para demostrar que la supuesta caducidad no ha existido".

El mal está hecho, pero aún queda la posibilidad de enmendarlo y, para el presidente de los sampedreños favorables a la autonomía, "la ultima palabra siempre la tendrá el pueblo".
Por su parte, la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, también manifestó que estudiará con detenimiento el fallo del Supremo, que devuelve el expediente a manos de la Junta de Andalucía.

La Fiscalía investiga un centenar de irregularidades urbanísticas. (LA OPINION)

El 80% de estos delitos contra la ordenación territorial está relacionado con autoconstrucciones en pueblos del interior. La falta de medios es la principal carencia que arrastran los municipios.

JOSÉ ANTONIO SAU. MÁLAGA La sección de Medio Ambiente de la Fiscalía de Málaga investiga actualmente alrededor de un centenar de supuestas irregularidades urbanísticas en la provincia. El volumen de trabajo es enorme y los medios son pocos, ya que estas cien causas están catalogadas como diligencias de investigación, lo que quiere decir que son los propios acusadores públicos los que desarrollan las pesquisas. Si hay indicios de ilegalidad, se presenta después la correspondiente denuncia o querella ante el juzgado de instrucción.

Ocho de cada diez diligencias de investigación son relativas a autoconstrucciones efectuadas por propietarios de suelos rústicos o no urbanizables en municipios del interior de la provincia, un problema especialmente grave en la Axarquía, donde estas pequeñas casas se han multiplicado contaminando el horizonte de la comarca.

Las diligencias de investigación arrancan de las denuncias que particulares o colectivos hacen a la propia Fiscalía. En cierto modo, el fiscal ejerce como instructor antes de que un juez se haga con la investigación. El Ministerio público filtra aquello que encierra indicios claros de ilegalidad.
Sólo en los tres primeros meses del año han entrado más de cuarenta causas de este tipo y en lo que va de mes se han puesto diez denuncias y una querella, lo que da una idea del volumen de trabajo que soporta la Fiscalía de Málaga.

En 2008 se incoaron unas 400 diligencias de investigación, lo que quiere decir que este año podría igualarse el número del pasado ejercicio. En muchos casos, son los propios ayuntamientos los que denuncian a sus vecinos, aunque el verdadero problema estriba en que los pequeños consistorios no tienen en muchas ocasiones ni siquiera un funcionario dedicado al urbanismo. La falta de medios materiales y humanos, especialmente en el interior, es la principal carencia de estas administraciones públicas.

A estas cien investigaciones propias que tramita la Fiscalía -alguna parecida desembocó en el caso de Alcaucín-, hay que unir las que se tramitan en los juzgados de Instrucción, cuyo volumen no pudo ser confirmado por las fuentes consultadas.
Una tendencia preocupante es la seguida por los municipios del interior, como reconocía hace escasas fechas Juan Calvo-Rubio, coordinador de la sección: "El interior gana terreno. En la Costa del Sol eran las grandes urbanizaciones y en el interior son las pequeñas casitas. Muchas veces se piensa que eso no hace daño, el problema es que todos queremos hacernos una pequeña vivienda y cuando salimos al campo no es lo mismo".

Falta de medios. En relación a la falta de medios de las administraciones locales, Calvo-Rubio aseguró a este periódico que los dos consistorios más colaboradores son sin duda Málaga y Vélez Málaga. "El resto no es que no colaboren, sino que casi siempre lo hacen a requerimiento de la Fiscalía", dice.
El propio acusador público reconoce que el ministerio fiscal prácticamente está presente en causas urbanísticas relativas a todos los municipios de la provincia. "No sé a cuántos se investiga, pero sí puedo asegurar que a la mayoría", aclara. En este caso hay que diferenciar entre los asuntos que se abren por delitos urbanísticos cometidos por particulares y aquellos casos en los que se investiga a una corporación, que son los menos.

Salen a concurso las obras del puerto deportivo de San Andrés. Málaga (LA OPINION)

LA OPINIÓN. MÁLAGA La Autoridad Portuaria de Málaga ha sacado a concurso la concesión administrativa para la construcción y posterior explotación del futuro puerto deportivo de San Andrés, según publicó ayer el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Según el pliego de condiciones, el puerto tendrá 600 puntos de atraque. La empresa que se haga con el contrato de ejecución será la misma que podrá explotar el recinto portuario por un plazo inicial de 35 años. Las obras tendrán un coste aproximado de unos 25 millones de euros y tardarán unos dos años en ejecutarse.

El espacio disponible ronda los 120.000 metros cuadrados de los que 90.000 serán de agua. El resto será para instalaciones como una escuela náutica de vela, aparcamientos, locales comerciales y 10.000 metros de zona de varada, con un puerto seco, talleres y almacenes.
Canon anual. La empresa concesionaria deberá abonar a la Autoridad Portuaria un canon anual de 450.000 euros, mientras duren las obras y de 800.000 euros una vez que el puerto entre en funcionamiento.

El PP asegura que las obras de San Telmo ya han comenzado. Málaga (LA OPINION)

El edil de Urbanismo, Manuel Díaz, responde a las recientes críticas de los socialistas sobre un nuevo retraso en la rehabilitación del monumento

JAVIER GARCÍA RECIO. MÁLAGA El grupo socialista en el Ayuntamiento de Málaga denunció el domingo un "nuevo retraso" en el inicio de las obras de rehabilitación del acueducto de San Telmo, en Ciudad Jardín, después de que se colocara hace cinco meses la primera piedra. Esta última demora se acumularía a los "seis años de espera desde que en 2003 el alcalde anunciara la rehabilitación del monumento", según palabras del portavoz del PSOE, Rafael Fuentes.

Sin embargo ayer, el equipo de gobierno del PP negó que las obras estén paradas. El concejal de Urbanismo, Manuel Díaz, desmintió que las obras de rehabilitación del puente Quintana del acueducto de San Telmo "estén paradas o sin ejecutarse desde que se puso la primera piedra". Además, explicó que en estos meses se ha ejecutado ya la primera fase, centrada en la consolidación de los terrenos que actúan negativamente sobre el acueducto, y que ha consistido en la realización de medidas para frenar los empujes del terreno. Así, indicó que ya están certificadas obras por valor de 226.205 euros, de un total de 665.644.
Por ello, Díaz aseguró: "La crítica del PSOE no hace sino demostrar el desconocimiento que tienen los representantes socialistas sobre el proyecto y sus fases".

Por su parte, el edil socialista Sergio Brenes recordó que su grupo ha presentado tres iniciativas sobre este asunto, siendo la última el pasado mes de septiembre, y en la que se instaba al equipo de gobierno del PP a que "con la mayor urgencia" se acometiera la rehabilitación.

Continuación. Brenes aseguró que la ejecución de las obras era ya necesaria, "para acabar de una vez por todas con la sensación de inseguridad que este descampado provoca entre alumnos y residentes de la zona, y cuyo aspecto degradado se agrava con constantes vertidos de residuos".
El PSOE pretende también que se arregle el entorno con zonas verdes, parques infantiles destinados a los ciudadanos de Ciudad Jardín, "algo que no se contempla en el proyecto actual".
También plantean que una vez rehabilitado "pueda contar con iluminación y se incluya en las rutas turísticas de la ciudad de Málaga".

El concejal de Urbanismo avanzó que una vez que se terminen las obras de consolidación se procederá a la construcción de un sistema de drenaje, la eliminación de la estructura metálica que constituye el apuntalamiento y la ejecución de un acerado perimetral. También se contempla la limpieza y erradicación de la vegetación parásita arraigada en las fábricas, la eliminación de morteros no originales, así como la consolidación de los revestimientos y fábricas originales, junto con la reparación y reconstrucción de las de ladrillo y mampostería.

De la Torre reclama a Blanco la tercera ronda. Málaga (LA OPINION)

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre (PP), ha demandado al nuevo ministro de Fomento, José Blanco, una tercera ronda oeste de circunvalación de la capital y reprocha al nuevo vicepresidente tercero y ministro de Cooperación Territorial, Manuel Chaves, que no hubiera descentralización local en Andalucía.

EFE El mandatario malagueño ha asegurado hoy a Efe que entre sus peticiones para el sucesor de Magdalena Álvarez en Fomento están también actuaciones ferroviarias en la Costa del Sol y ha añadido que los malagueños "saben que quedan cosas por hacer como el eje litoral" o la conexión de la ronda oeste con el vial sobre el ferrocarril.

Sobre la tercera ronda, ha explicado que serviría para articular el área metropolitana y espera poder plantear directamente todas estas cuestiones al nuevo ministro.

Respecto al nuevo cargo de Chaves, ha dicho que durante su mandato como presidente de la Junta de Andalucía la labor en descentralización local ha sido "cero" y que ha existido "poca sensibilidad local", por lo que considera que "queda mucho por hacer".

En este sentido, considera "urgente" la descentralización de competencias a favor de los Ayuntamientos.

En relación con Álvarez, ha señalado que su sustitución había sido "anunciada tanto" que no ha sido sorpresa, a diferencia de lo sucedido con Manuel Chaves.

Ha aludido a los "fallos" en la gestión de la ex ministra y ha comentado en su balance respecto a Málaga que "ha hecho las cosas programadas como el aeropuerto y las actuaciones ferroviarias", mientras que respecto a la segunda ronda "no se ha hecho lo previsto y en vez de estar lista en 2007, será en 2010 sin saber en que mes".

Al respecto ha indicado que se cambió el esquema planteado por el PP "y se ha retrasado más de tres años", además de añadir que se podía haber ahorrado el dinero invertido si la obra la hubiera ejecutado la empresa concesionaria de la autopista.

Sin embargo, reconoce la labor desarrollada en torno a los talleres de Renfe en la zona de Los Prados.

Alhaurín el Grande invierte medio millón de euros en rehabilitar el casco histórico. Alhaurín el grande (SUR)

El casco antiguo de Alhaurín el Grande ha sido objeto de un lavado de cara con la remodelación de tres calles emblemáticas que han sido inauguradas el pasado fin de semana en un acto presidido por el alcalde, Juan Martín Serón, y los hermanos mayores de los Verdes y los Moraos, ya que las vías forman parte de los recorridos oficiales de las procesiones en Semana Santa.

Las obras han supuesto una inversión de medio millón de euros y han afectado a las calles Amargura, Piedras y Callejoncillo. Las actuaciones forman parte de un plan de revitalización del centro que emprendió el Ayuntamiento hace unos años y que ya ha servido para reformar cuatro plazas y una decena de calles.

El regidor aprovechó el acto para anunciar el próximo acondicionamiento de otros rincones del casco urbano como la calle Convento (última fase) y un tramo de Gerald Brenan, una de las principales avenidas del municipio.

El PP de Antequera critica que faltan tomos del PGOU en la información que les han facilitado. Antequerra (SUR)

A tan sólo unos días de que el 16 de abril se vote en el pleno de Antequera la aprobación provisional del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), el PP registró ayer en el Ayuntamiento un escrito en el que dejaba constancia de que no tenían toda la información necesaria sobre el nuevo planeamiento.

Así el portavoz de los populares, Manuel Barón, apuntó que el viernes les entregaron en el Ayuntamiento un cd en el que faltaban los tomos de la memoria informativa, la de ordenación, las fichas urbanísticas, la síntesis del estudio de impacto ambiental, el estudio de impacto ambiental y el estudio económico-financiero; además de los anexos sobre el estudio de movilidad urbana y el informe de alegaciones. El viernes les informaron también de que el lunes recibirían otro cd con estudios «que por errores informáticos» no habían quedado grabados. Además, el PP criticó que en la información que les han facilitado de los Presupuestos no está el informe del interventor.

Málaga, provincia andaluza en la que más obra pública se ha licitado en enero y febrero. málaga (SUR)

Las obras licitadas por parte de las distintas administraciones públicas durante los dos primeros meses del año en Andalucía sumaron un importe de 1.203,9 millones de euros, lo que supone un incremento del 17,1% en relación con el mismo periodo de 2008. Este aumento ha sido propiciado por el incremento de licitación de obra pública por parte de los ayuntamientos, que se ha multiplicado por cuatro, hasta los 697,5 millones, según datos de la patronal de grandes constructoras, Seopan. Málaga concentró la mayor parte del volumen licitado en los dos primeros meses de 2009 en Andalucía, con un total de 349 millones de euros; seguida de Sevilla, con 158,2 millones; y Granada, con 149,1 millones de euros licitados.

Arriate proyecta duplicar sus viviendas con el nuevo PGOU. (LA OPINION)

Los ecologistas afirman que se han previsto terrenos para situar un campo de golf. El dominio público del cementerio se cataloga como suelo residencial.

BLAS GIL. ARRIATE Ecologistas en Acción ha denunciado públicamente que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Arriate, que ha sido aprobado inicialmente, contempla duplicar el número de viviendas que hay actualmente en el municipio, y además prevé el uso de terrenos para la posible ubicación un campo de golf dentro de su término municipal.
Concretamente, los ecologistas, en las alegaciones que han presentado al PGOU, afirman que en este documento se propone "casi duplicar la zona urbanizable", ya que a las más de 1.100 viviendas que hay actualmente en el pueblo se sumarían otras mil, según el planeamiento previsto.

Según informó el portavoz de los ecologistas, Alejandro Moreno, "ni siquiera se respeta el dominio público del cementerio, llegando a calificar el área donde se ubica como zona residencial". También expresó su preocupación por la creación de núcleos de viviendas aislados del casco urbano, como ´Los Picachos 2´.

Campo de golf. En cuanto a la construcción del campo de golf (extremo que ha sido rotundamente negado por el Ayuntamiento arriateño), los ecologistas señalan que "estaba en el avance y no se especifica su ubicación". Además, recuerdan que el alcalde de Arriate, Bernardino Gaona (IU), se ha manifestado en reiteradas ocasiones en contra de los complejos urbanísticos ligados a campos de golf planificados en el término de Ronda, en los parajes de Los Merinos y la Parchite.

Pese a que el propio PGOU se reconoce que en la localidad existen 240 viviendas vacías, los conservacionistas denuncian que el documento propone como aptos para la construcción un total de 570.000 metros cuadrados de terreno, superando en un 80 por ciento el suelo urbano existente. "Un proyecto inviable y fuera de toda lógica" para esta organización ecologista, que recuerda que el POTA del Gobierno autónomo no permite crecimientos superiores al 40 por ciento, teniendo en cuenta además que la población de Arriate permanece estancada en 4.000 personas.

Otro aspecto llamativo que se recoge en las alegaciones de los ecologistas se refiere a que la futura depuradora de aguas residuales se situará dentro del término municipal de Ronda.
En este sentido, destacan con ironía que existan terrenos disponibles para la urbanización masiva y sin embargo no se programe suelo dentro de Arriate para infraestructuras de interés general. Moreno apunta, por último, que pese a que el sector de la construcción destruye empleos y sufre los efectos de la crisis, "aún haya alcaldes en la Serranía que sigan apostando por el ladrillo como única solución para dinamizar la economía de los pueblos. El cemento y el ladrillo no son la solución".

Cementerio. Mientras, el primer teniente de alcalde, Salvador Cabrera, desmintió que se haya previsto construir en Arriate un campo de golf, ya que señaló que en los 9 kilómetros que tiene el término municipal es imposible situar esta instalación.
Sobre el incremento de viviendas, especificó: "Nos ajustamos a los parámetros que marca la Junta de Andalucía en este sentido", al tiempo que agregó, sobre las edificaciones que se situarán en las proximidades del cementerio: "Nos ajustaremos a las líneas que marque la Consejería de Salud".

Finalmente, sobre la futura construcción de la estación depuradora dentro del término municipal de Ronda, el primer teniente de alcalde apuntó que ha sido la Junta de Andalucía la que ha establecido los parámetros para situar la planta, que "debe estar cerca del río".

El Supremo admite el recurso sobre la independencia de San Pedro y remite el caso a la Junta. Marbella. (SUR)

La Sala de lo Contencioso-Administrativo mantiene que no puede ser ella la que resuelva directamente el fondo del asunto pero remite las actuaciones administrativas "al momento anterior a que se dictó el acto de declaración de caducidad"

La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha admitido a trámite el recurso de casación interpuesto por los independentistas de San Pedro Alcántara contra el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en el que ratificaba la caducidad y el archivo de la petición de constituirse en municipio segregándose así de Marbella.

En una sentencia hecha pública hoy, el Supremo también admite parcialmente el recurso contencioso administrativo y retrotrae las actuaciones administrativas a la Junta de Andalucía, a la Dirección General de Administración Local y Justicia, de la Consejería de Gobernación, que declaró la caducidad del procedimiento de segregación, para que el expediente continúe por los trámites legalmente previstos.

Los independentistas sanpedreños presentaron en 1992 el expediente de segregación de San Pedro Alcántara de Marbella pero dos años más tarde, la Dirección General de la Administración Autonómica dio por zanjado el mismo al considerar que había caducado. Sin embargo, el alto tribunal da ahora la razón a los primeros al considerar que esa resolución declaró "indebidamente la caducidad del expediente".

Considera que lo hizo examinando la concurrencia de requisitos de fondo sobre la procedencia o no de la independencia, amparándose sin embargo, en la supuesta falta de aportación de documentos por parte de quienes la solicitaban.

El Supremo cree que la caducidad del expediente que se acordó era materialmente una denegación de segregación por incumplimiento de requisitos, por lo que se aplicó de forma equivocada dos artículos de la Ley de Procedimiento Administrativo. El Alto Tribunal cree así que el TSJA debió admitir la ampliación del recuso contra la resolución administrativa que demandaban los independentistas.

Además, mantiene que el tribunal andaluz no entró en el fondo del asunto planteado en el recurso contencioso administrativo contra la denegación de la solicitud de segregación. Según reza en el fallo del alto tribunal, "no es sólo" que la Administración no se pronunció de manera plena sobre la cuestión sino que "ni siquiera" el expediente de independencia se completó de forma regular al "acordarse indebida".

Así las cosas, la Sala de lo Contencioso-Administrativo mantiene que no puede ser ella la que resuelva directamente el fondo del asunto tal y como solicitan los independentistas pero sí acuerda la estimación parcial del recurso y remite las actuaciones administrativas "al momento anterior a que se dictó el acto de declaración de caducidad" para que la Dirección General continúe con la tramitación del expediente "en la forma legal prevista" y la resolución sobre la solicitud de segregación.

El expediente de independencia de San Pedro de Alcántara comenzó a gestarse a finales de los ochenta basándose en la Ley de Demarcación Territorial de 1985 y en que, según sus promotores, el núcleo de población tenía el número de habitantes necesario y la solvencia económica requerida.

El proyecto fue presentado al Ayuntamiento de Marbella a principio de la década de los 90 pero cuando Jesús Gil llegó a la alcaldía no lo remitió a la Junta de Andalucía, como era su obligación, sino que fueron los independentistas los que lo hicieron, en 1992.

Ante la falta de respuesta de la Administración Autonómica, éstos formularon una demanda ante el TSJA y éste consideró que no cumplía con la nueva ley de Demarcación Territorial que había entrado en vigor en 1993.

Costas insiste en que no habrá imposiciones en la negociación sobre los chiringuitos. Provincia (SUR)

El jefe de la Demarcación de Costas de Málaga, Francisco Javier Hermoso, reconoció que la solución a la situación de los chiringuitos en la provincia malagueña es «compleja», pero aseguró que no será una imposición por parte del Ministerio de Medio Ambiente, sino fruto de la negociación que se está llevando a cabo actualmente tanto con los ayuntamientos del litoral como con los propios empresarios de playas.

Así, precisó en una entrevista concedida a Europa Press que en el ánimo de su departamento está dar una solución «estable» a una situación que actualmente «no lo es». Precisó que puede que se haya acelerado la búsqueda de una salida tanto por el interés de Costas como del propio sector «que ha demandado estar dentro de una situación jurídica reglada».

«Hemos dicho que hay que dar una solución y consensuar una foto final de cómo queremos el litoral, pero no la que nosotros impongamos sino la que creemos que puede hacerse dentro del marco de la ley, del que no nos podemos salir, y de acuerdo con los ayuntamientos y empresarios», expuso Hermoso.

El PSOE reclama a De la Torre que "deje de hipotecar" a los malagueños con Arraijanal. (MALAGA HOY)

Fuentes cree "una provocación" que se apruebe la ordenación de la parcela a pesar del no de la Junta.

El PSOE en el Ayuntamiento de Málaga reclamó ayer al alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, que "deje de hipotecar el futuro de los malagueños" y retire el proyecto de urbanización de los suelos de Arraijanal, al que se opone la Junta de Andalucía. El portavoz de esta formación, Rafael Fuentes, acusó al regidor del PP de seguir instalado en la "confrontación institucional", al avanzar en la aprobación del plan de sectorización de este espacio en "en pro de los intereses privados".

Fuentes estimó una "provocación" este nuevo paso, más aún después de que el jueves la comisión de redacción del Potaum aprobara establecer una franja de 500 metros para proteger este suelo. "Hasta ahora han mostrado su desacuerdo con el proyecto asociaciones de vecinos, grupos políticos y la Administración autonómica, excepto el alcalde que sigue defendiéndolo a capa y espada", añadió.

Costas dice que nunca se ha planteado quitar los chiringuitos de la arena. Málaga (EL MUNDO)

El jefe de la Demarcación de Costas de Málaga, Francisco Javier Hermoso, ha reconocido que la solución a la situación de los chiringuitos en la provincia malagueña es "compleja" pero aseguró que no será una imposición por parte del Ministerio de Medio Ambiente, sino fruto de la negociación que se está llevando a cabo actualmente tanto con los ayuntamientos del litoral como con los propios empresarios de playas.

Así, precisó en una entrevista concedida a Europa Press que "nunca" se han planteado cerrar estos restaurantes playeros "ni quitarlos" y detalló que en el ánimo de su departamento está dar una solución "estable" a una situación que actualmente "no lo es". Precisó que puede que se haya acelerado la búsqueda de una salida tanto por el interés de Costas como del propio sector "que ha demandado estar dentro de una situación jurídica reglada".

"Hemos dicho que hay que dar una solución y consensuar una foto final de cómo queremos el litoral, pero no la que nosotros impongamos sino la que creemos que puede hacerse dentro del marco de la ley, del que no nos podemos salir, y de acuerdo con los ayuntamientos y empresarios", expuso.

Según el máximo responsable de Costas en Málaga, el Ministerio es también "el primer interesado en que se dé una solución". "Nos sentamos y no nos levantamos hasta que no lo solucionemos", apostilló, y añadió que se están manteniendo infinidad de reuniones con responsables municipales y empresaria les.

A su juicio, el asunto de los chiringuitos se debe abordar de manera individual y aclaró que "nunca" se han planteado cerrar estos restaurantes playeros "ni quitarlos". "No hay nada de eso, nada más lejos de nuestra intención", aclaró.

Analizar cada caso

Hermoso, que eludió hablar de flexibilidad, manifestó que lo que ha de hacerse es "encuadrar en el marco legal todo lo que piden y creo que es compatible". Así, apuntó que la legislación tiene unos mecanismos y hay que "sentarse, trabajar y analizar caso a caso, playa a playa e instalación a instalación".

Reconoció que no se han puesto plazos para una solución pero "es un punto sin retorno y hay que solucionarlo sí o sí y llegar a un marco legal estable" que, según señaló, beneficiaría a los empresarios porque supondría "la regularización de las instalaciones a un sistema concesional que da una garantía estable durante años".

Lamentó que se haya dado una imagen "catastrofista" pero ahondó en que se están manteniendo conversaciones diarias con los representantes de los chiringuitos y municipales para ir solventando una situación "que se lleva años arrastrando". "No queramos solucionar en unos meses lo que llevamos intentando años", sentenció el responsable de Costas, quien auguró una "negociación larga".

Ecologistas denuncian que Arriate recalifica hasta el suelo del cementerio. (MALAGA HOY)

Silvema denuncia que el PGOU prevé un aumento de las zonas urbanizables del municipio superior al 80%.

La organización Ecologistas en Acción Silvema Serranía de Ronda criticó que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio malagueño de Arriate, en fase de aprobación inicial, prevé un aumento de las zonas urbanizables superior al 80%. El coordinador de Silvema, Alejandro Moreno, explicó que el citado planeamiento urbanístico "ni siquiera respeta el dominio público del cementerio, llegando a calificar el área donde se ubica como residencial".

Moreno lamentó "lo poco respetuoso que es este documento con el medio ambiente, porque apuesta por la creación de nuevos núcleos poblacionales alejados del casco urbano del municipio". Además, criticó que se catalogan como suelos urbanos no consolidados varios núcleos de viviendas diseminadas que "no cuentan con servicios básicos como evacuación de aguas residuales o canalizaciones de agua potable".

Por otro lado, Moreno resaltó que en el planeamiento el Consistorio arriateño prevé entre los usos del suelo, actividades vinculadas al golf en el término municipal. Desde Ecologistas en Acción criticaron que "mientras IU rechaza en el Ayuntamiento de Ronda, en la Diputación y en el Parlamento andaluz la creación de campos de golf con fines urbanísticos, en Arriate deja la puerta abierta a un proyecto".

A juicio de Moreno, "lo que Arriate necesita no son más casas, sino iniciativas que, desde lo público, incentiven la creación de pequeñas y medianas empresas, aprovechando la proximidad del municipio con Ronda".

Por otro lado, resaltó que en el propio PGOU se reconoce que en la localidad existen 240 viviendas vacías, por lo que criticó que el documento propone como aptos para la construcción 570.000 metros cuadrados de terreno, superando en un 80% el suelo urbano existente.

Además, consideró "injustificada" esa previsión de viviendas, ya que el número de habitantes de Arriate "permanece estable en torno a las 4.000 personas". Por otro lado, la organización afirma que el planeamiento urbanístico ubica la depuradora de aguas residuales de la localidad, en el término municipal de Ronda.

Un tramo de 400 metros en el ojo del huracán. Málaga. (MALAGA HOY)

Costas dice que culminará el Paseo Marítimo de Poniente tras la bronca que protagonizaron Heredia y Villalobos.

Hace unos días el Congreso asistió con estupor a un cruce de descalificaciones entre el diputado socialista Miguel Ángel Heredia y su homóloga popular Celia Villalobos. El motivo, un cartel que el Consistorio malagueño ha colocado en el Paseo Marítimo de Poniente en el que reza: "El Ayuntamiento quiere hasta aquí, pero el Ministerio sólo hace hasta aquí". La Demarcación de Costas no entiende la polémica y asegura que el tramo que queda para terminar la infraestructura, apenas 400 metros, ya se está estudiando para determinar cómo hacerlo.

No hay plazos ni presupuesto fijado de momento, pero el jefe del organismo dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, Francisco Javier Hermoso, insiste en que se está trabajando desde hace tiempo para conseguir la terminación del paseo marítimo de la zona oeste de la ciudad desde el espigón de la Térmica hasta el final de Sacaba Beach.

Primero, Costas tendrá que reunirse con el Ayuntamiento de Málaga para determinar el trazado de los últimos 400 metros que quedan y "ver cómo podemos adecuarlo al entorno y que aparezca recogido en el Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad".

Hasta ahora, esta infraestructura sólo llegaba hasta la calle Almonte. Pero hace unos meses la Demarcación de Costas inició el último tramo de este paseo marítimo y cuya obra terminará este verano. En concreto, este tramo del paseo marítimo, que permitirá dar continuidad a la parte ya ejecutada entre 2001 y 2003, tendrá 420 metros de longitud y 27 metros de ancho. Pero sólo llegará hasta el espigón de la Térmica. Las obras empezaron a finales del pasado mes de octubre y tenía un plazo de ejecución de cinco meses, que ya se ha incumplido.

El secretario general del PSOE en Málaga, Miguel Ángel Heredia, que el pasado miércoles acusó al alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, de gastarse 5.000 euros en colocar el cartel de la discordia, aseguró el viernes que las obras del Paseo Marítimo de Poniente podrían haber empezado en 2005, pero que el Ayuntamiento de Málaga "retrasó este proyecto por no conseguir los terrenos hasta 2007". Heredia, al que Villalobos llamó "ladrón" e "indigno" en la sesión plenaria y por lo que un día después pidió perdón, reclamó al alcalde "a que abandone la demagogia barata y quite la valla en favor del consenso institucional".

Sobre la diputada nacional del PP y ex alcaldesa de Málaga, Celia Villalobos, dijo que "en los 13 años que lleva en el Congreso no había visto nunca una actuación tan lamentable, por lo que todo esto no dice mucho de su talante".

La Junta abre la vía a edificar al norte de la autovía en Rincón pero no en Málaga. Provincia. (MALAGA HOY)

El Potaum califica parte de los suelos rinconeros como zona de transición, en la que se posibilita continuar el desarrollo del municipio · El Ayuntamiento de la localidad prevé unas 3.800 viviendas en esta zona.

La Junta de Andalucía va a permitir hacer en Rincón de la Victoria lo que rechaza en Málaga capital: la construcción de viviendas por encima de la autovía. De acuerdo con los parámetros marcados en el Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración Urbana de la capital (Potaum), el municipio rinconero podrá extender su desarrollo urbanístico, como ha hecho en los últimos años en la zona de Parque Victoria, por una importante franja de terrenos localizada al norte de esta vía de circulación, que inicialmente se contemplaba como espacio a proteger.

Ésta es una de las variaciones sustanciales que sufre el documento que ordena los crecimientos y el desarrollo de las 13 localidades integradas en el área metropolitana de la capital, en un horizonte de 15 años, y que el pasado jueves fue aprobado con el apoyo de diez de los ayuntamientos (entre ellos Rincón), el rechazo de Málaga y Torremolinos y la abstención de Alhaurín de la Torre.

La comparativa de este plan respecto al diseñado antes de que se abriese el periodo de información pública y los municipios presentasen sus alegaciones muestra cómo la protección medioambiental que se fijaba sobre los suelos situados al norte de la autovía en Málaga capital y Rincón sufren una llamativa rebaja en esta última localización.

Aunque en ambos casos el espacio se mantiene bajo el paraguas de la denominada protección territorial, la afección de la misma no es similar. El Potaum aplica a las parcelas de Rincón la calificación de área de transición, que, según el propio documento, "se clasificarán por los instrumentos de planeamiento general como suelo no urbanizable de especial protección por planificación territorial, excepto cuando quede acreditada la necesidad de incorporar los suelos al crecimiento urbanístico natural de la ciudad".

Esta es la vía que abre, a medio y largo plazo, la posibilidad de desarrollar y urbanizar estos suelos. No obstante, cualquier paso en este sentido estará condicionado a que los suelos estén en una posición colindante "con terrenos que merezcan la clasificación como suelos urbanos conforme a las propuestas del planeamiento general objeto de revisión" y que "sean precisos para satisfacer las necesidades de crecimiento natural de la población del municipio, especialmente si resultan necesarios para satisfacer las demandas de viviendas sometidas a algún régimen de protección".

El concejal de Urbanismo de Rincón, José Domínguez Palma, se mostró satisfecho con el cambio introducido en el Potaum tras las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento. "La protección que se pone ahora no implica que no se pueda crecer en el futuro", comenta. Uno de los efectos inmediatos que tiene esta variación en el documento supramunicipal es que el equipo de gobierno rinconero puede mantener en el nuevo PGOU actuaciones residenciales en estos suelos que en 2006 quedaban eliminadas. "La situación en la que queda el Potaum nos permite que en determinadas condiciones podamos crecer al norte de la autovía, cosa que en la primera previsión no estaba claro", precisa. Domínguez Palma se refiere con ello a al menos tres actuaciones privadas que supondrán la construcción de unas 3.800 viviendas.

Situación bien distinta es la de los terrenos localizados al norte de la ronda este de Málaga capital y donde el equipo de gobierno del PP proyecta medio millar de viviendas. A diferencia de lo que sucede en Rincón, el plan supramunicipal no rebaja el nivel de protección y exige que el planeamiento municipal clasifique este suelo como "no urbanizable de especial protección por planificación territorial". Asimismo, apunta que deberá establecer "las disposiciones oportunas que aseguren su preservación y mantenimiento de su condición natural".

El Miramar retrasa sus obras dos años y no abrirá hasta 2012. Málaga. (LA OPINION)

Las previsiones iniciales de la empresa adjudicataria, el Grupo Promur, pronosticaban la inauguración en 2010. La ejecución del proyecto comenzará a mediados del próximo año. El equipo arquitectónico acaba de concluir la radiografía interior y exterior del edificio
LUCAS MARTÍN. MÁLAGA

El Palacio de Miramar, desalojado hace alrededor de catorce meses, no recuperará su actividad hotelera hasta el próximo 2012, lo que supone dos años de retraso con respecto a las previsiones iniciales de la empresa adjudicataria del proyecto, el Grupo Promur. Según informó el arquitecto encargado de la rehabilitación, José Seguí, el equipo técnico acaba de concluir la radiografía del edificio y no solicitará la concesión del permiso de obra hasta finales de 2009.

A pesar de que las expectativas se avienen a lo pactado con la Junta de Andalucía, que estableció un plazo máximo de cinco años para la reapertura del hotel, el proyecto se aleja de los plazos difundidos en primera instancia, que fijaron el compromiso de inaugurar el hotel antes de la conclusión de 2010. Un periodo que, si bien no permitirá alojar a los primeros turistas, servirá para dar el pistoletazo de salida a la reforma, con la llegada de alrededor de doscientos albañiles.Hasta ese momento, el edificio permanecerá desocupado. Serán, en conjunto, más de dos años sin actividad, a excepción de las visitas de los promotores y del equipo técnico. Una demora que suscita incertidumbre en el sector turístico y en los negocios del entorno, que han reducido drásticamente las ventas desde el traslado de la actividad judicial.

El inmueble, de más de 18.000 metros cuadrados, luce en la actualidad un aspecto moderadamente antipático, ajeno a todo tipo de trasiego y con la única presencia de un equipo de seguridad, que se ha tenido que enfrentar a más de un capítulo vandálico. De acuerdo con los vecinos, los jardines del edificio han sido ocupados en más de una ocasión por pandillas de jóvenes, lo que ha propiciado la intervención de los vigilantes.Pero más allá de la situación del edificio, los agentes turísticos manifiestan su inquietud respecto a la ejecución del proyecto. Especialmente, porque la empresa logró alzarse con la concesión por la celeridad que imprimía al proyecto, ya que su oferta económica, 21, 5 millones, era menor a la presentada por otros interesados.Gonzalo Fuentes, responsable autonómico del sector en CCOO, asevera que, por el momento, no se disipan las dudas. Incluso, las de orden económico. En este sentido, reflexiona acerca de la viabilidad de un proyecto que promete la puesta en circulación de más de doscientas habitaciones de lujo en un contexto poco afín a los grandes gastos. "Ya se verá si es viable o no. Por lo pronto, Málaga no llena sus plazas todos los días del año. Tendrá que haber también cambios en el entorno", sostiene.La reconversión en hotel del Palacio de Miramar fue adjudicada a Promur, perteneciente a la familia Sánchez Tejedor, en una puja en la que otras cuatro firmas también presentaron proyecto. El edificio fue entregado el pasado mes de julio a sus nuevos propietarios, que se comprometieron a mantener la actividad turística por un plazo mínimo de treinta años. La firma, de origen inmobiliario, acumula una experiencia de más de cuarenta años en el sector a través de su división hotelera, Hoteles Santos, que ya ha asumido proyectos similares en otras ciudades.

El Consistorio pide a Costas que haga ya el paseo marítimo. Málaga. (LA OPINION)

La concejala de Playas, Teresa Porras, declara que nada impide al Gobierno la conclusión del tramo de Poniente.

ALFONSO VÁZQUEZ. MÁLAGA Las declaraciones en La Opinión de Francisco Javier Hermoso, jefe de la Demarcación de Costas en Málaga, asegurando que su departamento nunca se ha negado "a prolongar el paseo marítimo" de Poniente, fueron contestadas ayer por la concejala de Playas, Teresa Porras, que pidió a la Administración central, en nombre del Ayuntamiento, "que lo haga ya y empiece a trabajar".Teresa Porras señaló además que Costas ha tenido tiempo suficiente como para iniciar las tramitaciones del tramo del paseo marítimo entre el Espigón de la Térmicay la calle Almonte. "El expediente es el mismo para el comienzo que para el final del paseo marítimo, así lo tienen ellos anunciado en su cartela. Si antes de 2007 pudieron licitar y si tenían preparado el proyecto, cómo es que de 2007 a 2009 no les ha dado tiempo a concluirlo. Ya podían tener lista la licitación porque estamos hablando de la misma pastilla de terreno", subrayó. La concejala recordó que el tramo de la prolongación estuvo expropiado por Hacienda y hubo un litigio con los propietarios de los terrenos. "El Ayuntamiento tuvo que meterse en el procedimiento de litigio, porque nos lo pidieron, y el 6 de marzo de 2007 le dijimos a Costas que el proyecto del paseo marítimo en el tramo Espigón de la Térmica-calle Almonte lo tenían disponible".La concejala calificó la actuación de Costas de "desidia total" e indicó que en cuanto la administración central "mueva un papel", el Ayuntamiento retirará la valla del paseo marítimo de Poniente que denuncia la falta de compromiso del Gobierno. Por último, lamentó que las últimas obras del paseo marítimo no hayan incluido un merendero, "que se ha quedado a unos 200 metros". "Ya podían haber hecho un modificado y no dejar un chiringuito lleno de escombros".

Reclaman la legalización de las casas de El Palo y Pedregalejo, Malaga (LA OPINION)

La Federación de vecinos ´Unidad´ y las asociaciones de los dos barrios envían varias cartas al Ayuntamiento, la Junta y el Gobierno central exigiendo la medida
ALFONSO VÁZQUEZ. MÁLAGA Las promesas políticas siguen sin hacerse realidad con la legalización de las casas de las playas del Palo y Pedregalejo, de ahí que la Federación de Asociación de Vecinos ´Unidad´ y las asociaciones de vecinos de los dos barrios hayan enviado hace unos días un escrito a la ministra de Medio Ambiente, el jefe de la Demarcación de Costas, el alcalde de Málaga, la concejala de Málaga Este y la delegada del Gobierno de la Junta, entre otros cargos, reclamando una solución urgente.La carta realiza un repaso a este largo conflicto, que comenzó en 1977 cuando se plantea construir una autovía a Vélez Málaga por el trazado del antiguo ferrocarril, que al final terminó en la supresión del proyecto, a cambio de la creación de los dos carriles actuales (calle Bolivia y la avenida Juan Sebastián Elcano), además de con el compromiso de recoger jurídicamente la existencia de los barrios de las playas de Pedregalejo, Las Acacias, El Palo y El Deo.Los firmantes de la carta lamentan que desde la Ley de Costas de 1988, el actual Ministerio de Medio Ambiente no ha impulsado "ninguna iniciativa para resolver la situación de provisionalidad de las casas".La última iniciativa, recuerda la carta, se produjo en febrero de 2008, cuando las asociaciones vecinales, Costas y el Subdelegado del Gobierno se reunieron en la Aduana, exponiéndose actuaciones de ordenación y adecuación de las playas y paseos marítimos "y en la información facilitada por la Dirección General de Costas quedó claro que ninguna casa se vería afectada por las actuaciones". "No son legales". Sin embargo, la misiva muestra su preocupación por el informe de la Demarcación de Costas sobre el nuevo PGOU, que fue aprobado provisionalmente en agosto de 2008, y que a juicio de las entidades "causa desasosiego al conjunto de los vecinos", al declarar que las casas junto a las playas "no son legales, y que el Gobierno propone la programación de actuaciones a medio y largo plazo para derribar edificaciones en la zona de dominio público". Además, Costas recrimina al Ayuntamiento que la zona no haya sido objeto de protección para que no sea derribada. Ante esta último informe, los vecinos reclaman al Ministerio de Medio Ambiente, Costas, el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, "los acuerdos en las distintas fases que sean necesarios para resolver definitivamente este viejo contencioso", contando con la participación de los colectivos vecinales.