jueves, 7 de febrero de 2008

Condenan a Muñoz a un año de cárcel por otra licencia ilegal. Marbella (SUR)


La sentencia castiga también a la ex edil Marisa Alcalá y absuelve a otros cuatro de un delito contra el territorio
El ex alcalde de Marbella Julián Muñoz, que cumple actualmente condena por dos causas urbanísticas, y la que fuera edil en esta ciudad Marisa Alcalá han sido condenados a un año de prisión y nueve años de inhabilitación para cargo público por un delito urbanístico al otorgar una licencia para construir 108 viviendas en suelo clasificado como zona deportiva. La sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico, fue dictada ayer por el Juzgado de lo Penal número 7 de Málaga y absuelve a los ex ediles de Marbella Mario Jiménez Notario, Rafael González Carrasco, Manuel Calle Arcal y Dolores Zurdo, que habían sido acusados por la Fiscalía de un delito continuado contra la ordenación del territorio.Muñoz y Alcalá formaban parte de la comisión de gobierno del Ayuntamiento de Marbella celebrada el 27 de marzo de 1998 que aprobó el proyecto de ejecución correspondiente a una licencia de obras concedida a las entidades Jotsa y Promotora Uno SA para la construcción de un edificio de 108 viviendas, locales comerciales y aparcamientos en San Pedro Alcántara. En la resolución judicial, que una vez firme deberá remitirse al Ayuntamiento de Marbella, se declara asimismo la nulidad de las licencias de obra mayor concedidas a ambas entidades promotoras.No obstante, señala que la anulación no conllevará la demolición del edificio porque en el procedimiento no figuran como responsables civiles los titulares de las licencias, y debido a la actual calificación urbanística que otorga al terreno el actual Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad de Marbella.La defensa del ex alcalde ha planteado un incidente de nulidad respecto de la sentencia. Estas fuentes explicaron que se le condena por el delito contra la ordenación del territorio en su modalidad de prevaricación urbanística «que no existía» en el momento en el que presuntamente se cometió el mismo, pues se le castiga por una comisión de gobierno de mayo de 1995. Rehusaron valorar la decisión del juez, porque entendieron que «el derecho tiene soluciones para corregir este tipo de situaciones que ya se han planteado».

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