Presentar recursos administrativos es el primer paso, aunque hay afectados a los cuales les ha vencido el plazo
"Intentar buscar soluciones para nuestras viviendas sólo es posible tras la paralización de los expedientes", afirmó Juan Antonio Blanco, presidente de la asociación de afectados por las viviendas ilegales al comienzo de la reunión mantenida con un grupo de afectados. "Queremos que todos recurran por vía judicial antes de que se acaben los plazos que dicta la Ley para paralizar estos expedientes". Son muchos los afectados por las viviendas ilegales que estos días tratan de resolver la situación legal de su vivienda. La plataforma creada para la regularización de estos hogares organiza hasta mañana reuniones informativas ya que, según el abogado que tramita los expedientes, el plazo para interponer un recurso contencioso administrativo es de dos meses tras recibir la resolución del expediente. En algunos casos, dicha resolución data de hace mucho más tiempo por lo que ya no se pueden recurrir.Ricardo Santandreu, el abogado con el que ha contactado la plataforma para realizar las gestiones necesarias, afirmó ayer que "a quienes se le haya cumplido ese plazo de dos meses en teoría sólo pueden recurrir por vía penal, y la solución es bastante complicada".En Mijas son unos 3.000 los expedientes sancionadores que se han tramitado por construcciones ilegales, 300 de ellos tienen además un expediente de demolición. Para muchos de los vecinos esta situación "es una completa ruina" asegura Andrés, uno de los afectados: "Si tengo que pagar 150.000 euros de multa en un año y encima me echan la casa abajo, no sé dónde vamos a vivir mi familia y yo". Esta misma pregunta se realizan cada uno de los afectados todas las noches antes de intentar conciliar el sueño.Las casas ilegales construidas en suelo rústico siembran el término municipal de Mijas. Hay afectados por todos los diseminados, en Valtocado, La Alquería, Osunillas o El Hornillo. La mayoría tiene una casa pequeña donde residen habitualmente y aseguran que en su día hablaron con el concejal de Urbanismo quien, aunque no les dio permiso legal, les decía "si no tienes otro sitio, tira para adelante con la obra".
"Intentar buscar soluciones para nuestras viviendas sólo es posible tras la paralización de los expedientes", afirmó Juan Antonio Blanco, presidente de la asociación de afectados por las viviendas ilegales al comienzo de la reunión mantenida con un grupo de afectados. "Queremos que todos recurran por vía judicial antes de que se acaben los plazos que dicta la Ley para paralizar estos expedientes". Son muchos los afectados por las viviendas ilegales que estos días tratan de resolver la situación legal de su vivienda. La plataforma creada para la regularización de estos hogares organiza hasta mañana reuniones informativas ya que, según el abogado que tramita los expedientes, el plazo para interponer un recurso contencioso administrativo es de dos meses tras recibir la resolución del expediente. En algunos casos, dicha resolución data de hace mucho más tiempo por lo que ya no se pueden recurrir.Ricardo Santandreu, el abogado con el que ha contactado la plataforma para realizar las gestiones necesarias, afirmó ayer que "a quienes se le haya cumplido ese plazo de dos meses en teoría sólo pueden recurrir por vía penal, y la solución es bastante complicada".En Mijas son unos 3.000 los expedientes sancionadores que se han tramitado por construcciones ilegales, 300 de ellos tienen además un expediente de demolición. Para muchos de los vecinos esta situación "es una completa ruina" asegura Andrés, uno de los afectados: "Si tengo que pagar 150.000 euros de multa en un año y encima me echan la casa abajo, no sé dónde vamos a vivir mi familia y yo". Esta misma pregunta se realizan cada uno de los afectados todas las noches antes de intentar conciliar el sueño.Las casas ilegales construidas en suelo rústico siembran el término municipal de Mijas. Hay afectados por todos los diseminados, en Valtocado, La Alquería, Osunillas o El Hornillo. La mayoría tiene una casa pequeña donde residen habitualmente y aseguran que en su día hablaron con el concejal de Urbanismo quien, aunque no les dio permiso legal, les decía "si no tienes otro sitio, tira para adelante con la obra".
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