jueves, 19 de febrero de 2009

El PP lleva a los tribunales la asunción de los aparcamientos de Balmoral y Le Corbusier por parte del Ayuntamiento. Benalmádena (SUR)

El PP ha decidido pasar de las palabras a los hechos en su negativa a que el Ayuntamiento asuma la gestión de los aparcamientos de Balmoral y Le Corbusier (éste aún sin construir) después de que la empresa municipal Provise haya sido incapaz de sacarlos adelante. Tras las críticas vertidas contra esta decisión aprobada por el Pleno de la Corporación a mediados del pasado mes de diciembre, el grupo municipal popular ha presentado un recurso contencioso administrativo a través del cual exige la anulación de este acuerdo plenario. Para ello, se escudan en una serie de supuestas irregularidades, como la ausencia de un informe exhaustivo de la Sección Interdepartamental y Patrimonio. «El mismo secretario municipal señaló en el Pleno que se había omitido este informe», recordó ayer el portavoz del PP, Enrique Moya, quien también recriminó al equipo de gobierno que se haya realizado la transmisión de la deuda de 6 millones «sin el imprescindible consentimiento de todos los acreedores».
Al margen de estos argumentos jurídicos, Moya también insistió en que la asunción por parte del Ayuntamiento de estos dos aparcamientos «gravarán las arcas municipales en 10,5 millones de euros, contemplados en los presupuestos de 2009 sin que se haya garantizado su financiación». En este sentido, desde el PP pusieron en duda que en este año se pueda construir el aparcamiento de Le Corbusier y vender todas sus plazas, «con lo que aumentará la carga financiera». Por ello, Moya aseguró no entender cómo antes de pasar al Ayuntamiento la responsabilidad de ambos aparcamientos no se haya efectuado una licitación pública que posibilitara la apertura de Balmoral y la edificación de Le Corbusier.
Rápida respuesta
Por su parte, desde el equipo de gobierno acusaron a los populares de «mentir», porque «todo el proceso se ajusta a la legalidad». Además, destacaron que si alguien debe presentar un contencioso-administrativo «ése es el Ayuntamiento contra el anterior equipo de gobierno -del que formaba parte el propio Enrique Moya- para que se aclaren las circunstancias en las que se adjudicaron dos proyectos planteados sin estudios económicos previos». En cuanto al lastre que esta decisión supone para las arcas públicas, recordaron que se trata de «un problema heredado» de la anterior Corporación. En este punto, cabe recordar que de los 17,2 millones de euros destinados a inversiones en los presupuestos de este año, 10,5 irán a parar a «solucionar el desaguisado creado por el gobierno anterior», como subrayó el alcalde, Javier Carnero, durante el debate de las cuentas municipales el pasado 12 de enero.

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