La Sociedad Pública de Alquiler los arrendará a bajo precio a colectivos desfavorecidos
Hasta ahora, los subastaba quedando desiertos en 2008 más del 82% de los inmuebles
Hasta ahora, los subastaba quedando desiertos en 2008 más del 82% de los inmuebles
El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, ha apuntado hacia una de las soluciones para acabar con 'stock' de pisos vacíos con los que cuenta el Ministerio de Trabajo. La idea del Gobierno es ir entregando a la Sociedad Pública de Alquiler (SPA) estas viviendas vacías propiedad de la Seguridad Social para ponerlas en el mercado. Según los últimos datos publicados, este organismo, desde enero a octubre de 2008, tan sólo adjudicó 463 de los 2.614 que sacó a la puja.
Durante su intervención en la Comisión de Trabajo e Inmigración, Granado afirmó que se ha pactado una solución con el Ministerio de Vivienda para que la SPA intermediase. Explicó que la SPA paga un canon a la Seguridad Social y ésta los alquila pero no a precio de mercado, sino más bajo y dirigido a colectivos con dificultades económicas.
"Preferimos encomendarlos a la Sociedad Pública de Alquiler y entregar todas las viviendas vacías antes que subastarlos", insistió Granado. Ante las críticas del Partido Popular, que señalaban a que el Gobierno ha podido poner en peligro el patrimonio inmobiliario de la Seguridad Social vendiendo a precios más bajos que el mercado, Granado explicó que, aún así, los precios han sido elevados, incluso 10 veces más caros de lo que se vendieron en el año 1996 o 1997.
Granado, que compareció ante la Comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso para explicar la política de enajenación de inmuebles de su departamento, explicó que entre 1996 y 2008 la institución que dirige enajenó 1.556 inmuebles con unos ingresos de 207 millones de euros, de los que 976 fueron viviendas, que generaron 108,5 millones de euros.
En su 'Informe de Fiscalización de la Contratación' celebrada durante el ejercicio 2005 el Tribunal de Cuentas ha detectado "falta de transparencia" en la fijación de los precios de venta de inmuebles por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social "muy inferiores" a los precios de mercado a favor de sus arrendatarios, llegando a suponer un 29% de los precios libres.
Granado ha asegurado que las pujas hechas no han perjudicado de ninguna manera a las arcas de la Seguridad Social
--------------------------------------------------------------------------------
El secretario de Estado aportó datos de venta de viviendas que se remontan hasta 1996, año en que las ventas se produjeron a un precio de 39.154 euros por vivienda. En 2005, año fiscalizado por el Tribunal Constitucional, el precio fue de 157.368 euros. Este dato contrasta con el de dos años antes, 2003, cuando el precio medio fue 3.005 euros. En este sentido, aseguró que estas operaciones no han perjudicado de ninguna manera a las arcas de la Seguridad Social.
Las subastas libres no benefician a la Administración
Según el Ministerio de Trabajo e Inmigración, al seguir las instrucciones del Tribunal de Cuentas de enajenar los inmuebles a "precios de mercado", el porcentaje de adjudicaciones desiertas en las subastas se elevó desde el 55,36% en 2006 al 82,28% en 2008. Además, este año se registró una caída de la recaudación de 21 millones de euros, lo que a juicio de Granado demuestra que "no siempre se beneficia a la administración".
En este sentido, Granado ha defendido en varias ocasiones que las enajenaciones se dan a precios "naturalmente más bajo que si las viviendas estuvieran vacías". Según éste, el organismo ha "preferido" destinarlas a sus arrendatarios, que pagan un "precio muy módico" y tenían derecho a "todas las transmisiones legales" de herencia con una expectativa de periodos de ocupación dilatados "antes que desahuciarlas" y venderlas más caras.
Durante su intervención en la Comisión de Trabajo e Inmigración, Granado afirmó que se ha pactado una solución con el Ministerio de Vivienda para que la SPA intermediase. Explicó que la SPA paga un canon a la Seguridad Social y ésta los alquila pero no a precio de mercado, sino más bajo y dirigido a colectivos con dificultades económicas.
"Preferimos encomendarlos a la Sociedad Pública de Alquiler y entregar todas las viviendas vacías antes que subastarlos", insistió Granado. Ante las críticas del Partido Popular, que señalaban a que el Gobierno ha podido poner en peligro el patrimonio inmobiliario de la Seguridad Social vendiendo a precios más bajos que el mercado, Granado explicó que, aún así, los precios han sido elevados, incluso 10 veces más caros de lo que se vendieron en el año 1996 o 1997.
Granado, que compareció ante la Comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso para explicar la política de enajenación de inmuebles de su departamento, explicó que entre 1996 y 2008 la institución que dirige enajenó 1.556 inmuebles con unos ingresos de 207 millones de euros, de los que 976 fueron viviendas, que generaron 108,5 millones de euros.
En su 'Informe de Fiscalización de la Contratación' celebrada durante el ejercicio 2005 el Tribunal de Cuentas ha detectado "falta de transparencia" en la fijación de los precios de venta de inmuebles por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social "muy inferiores" a los precios de mercado a favor de sus arrendatarios, llegando a suponer un 29% de los precios libres.
Granado ha asegurado que las pujas hechas no han perjudicado de ninguna manera a las arcas de la Seguridad Social
--------------------------------------------------------------------------------
El secretario de Estado aportó datos de venta de viviendas que se remontan hasta 1996, año en que las ventas se produjeron a un precio de 39.154 euros por vivienda. En 2005, año fiscalizado por el Tribunal Constitucional, el precio fue de 157.368 euros. Este dato contrasta con el de dos años antes, 2003, cuando el precio medio fue 3.005 euros. En este sentido, aseguró que estas operaciones no han perjudicado de ninguna manera a las arcas de la Seguridad Social.
Las subastas libres no benefician a la Administración
Según el Ministerio de Trabajo e Inmigración, al seguir las instrucciones del Tribunal de Cuentas de enajenar los inmuebles a "precios de mercado", el porcentaje de adjudicaciones desiertas en las subastas se elevó desde el 55,36% en 2006 al 82,28% en 2008. Además, este año se registró una caída de la recaudación de 21 millones de euros, lo que a juicio de Granado demuestra que "no siempre se beneficia a la administración".
En este sentido, Granado ha defendido en varias ocasiones que las enajenaciones se dan a precios "naturalmente más bajo que si las viviendas estuvieran vacías". Según éste, el organismo ha "preferido" destinarlas a sus arrendatarios, que pagan un "precio muy módico" y tenían derecho a "todas las transmisiones legales" de herencia con una expectativa de periodos de ocupación dilatados "antes que desahuciarlas" y venderlas más caras.
No hay comentarios:
Publicar un comentario