El Ayuntamiento y la Fiscalía hablan de intentar "agilizar" el proceso tras la apertura de un expediente sancionador
La lucha contra las viviendas que se levantan de manera irregular, fundamentalmente sobre suelo no urbanizable, en Málaga capital se ha erigido en una de las principales preocupaciones del Ayuntamiento de la ciudad. En esta senda de acción, el concejal de Urbanismo del Consistorio, Manuel Díaz Guirado, mantuvo en la jornada de ayer una reunión con el fiscal delegado de Medio Ambiente y Urbanismo, Juan Calvo-Rubio, para fortalecer los vínculos entre ambos departamentos y acelerar los mecanismos con los que evitar la proliferación de estas construcciones.
Una de las vías de acción apuntada por el edil del PP pasa por "evitar la dilación en el tiempo" de los expedientes sancionadores que se abren contra los responsables de este tipo de edificaciones al margen de la ley, al objeto de intervenir contra las mismas antes de que sean ocupadas. La opción planteada por Díaz Guirado, como ya explicó la pasada semana, pasaría por demoler la construcción "antes de que sea habitada y se convierta en domicilio", puesto que de lo contrario "al problema urbanístico se añadiría un problema social". "Resulta imprescindible frenar las construcciones ilegales cuando se encuentran iniciadas o en estructura", apuntaron ayer desde el Ayuntamiento.
En lo que llevamos de año, la Gerencia de Urbanismo ha abierto y remitido a la Fiscalía una treintena de expedientes sancionadores por irregularidades de este tipo, la inmensa mayoría alusivas al levantamiento de viviendas de autoconstrucción en los Montes, en Carretera de Colmenar, Olías y Puerto de la Torre. A estas iniciativas hay que sumar otros 108 casos en 2008, cifra que supuso el triple que en 2007.
El encuentro con Calvo-Rubio, según informaron desde el Consistorio, sirvió también para reiterar la "predisposición" del Ayuntamiento a cooperar con el Ministerio Fiscal en la tramitación de los expedientes sancionadores abiertos sobre construcciones ilegales y sobre las que, según el concejal de Urbanismo, se ha incrementado la vigilancia. Una labor a la que se destinan cinco inspectores municipales y en la que participan agentes de la Policía Local y del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil.
En la entrevista, agregaron fuentes municipales, se abordó "la posibilidad de articular los mecanismos necesarios que permitan agilizar el proceso que discurre entre la apertura del expediente sancionador por parte del Ayuntamiento y la sentencia judicial".
La lucha contra las viviendas que se levantan de manera irregular, fundamentalmente sobre suelo no urbanizable, en Málaga capital se ha erigido en una de las principales preocupaciones del Ayuntamiento de la ciudad. En esta senda de acción, el concejal de Urbanismo del Consistorio, Manuel Díaz Guirado, mantuvo en la jornada de ayer una reunión con el fiscal delegado de Medio Ambiente y Urbanismo, Juan Calvo-Rubio, para fortalecer los vínculos entre ambos departamentos y acelerar los mecanismos con los que evitar la proliferación de estas construcciones.
Una de las vías de acción apuntada por el edil del PP pasa por "evitar la dilación en el tiempo" de los expedientes sancionadores que se abren contra los responsables de este tipo de edificaciones al margen de la ley, al objeto de intervenir contra las mismas antes de que sean ocupadas. La opción planteada por Díaz Guirado, como ya explicó la pasada semana, pasaría por demoler la construcción "antes de que sea habitada y se convierta en domicilio", puesto que de lo contrario "al problema urbanístico se añadiría un problema social". "Resulta imprescindible frenar las construcciones ilegales cuando se encuentran iniciadas o en estructura", apuntaron ayer desde el Ayuntamiento.
En lo que llevamos de año, la Gerencia de Urbanismo ha abierto y remitido a la Fiscalía una treintena de expedientes sancionadores por irregularidades de este tipo, la inmensa mayoría alusivas al levantamiento de viviendas de autoconstrucción en los Montes, en Carretera de Colmenar, Olías y Puerto de la Torre. A estas iniciativas hay que sumar otros 108 casos en 2008, cifra que supuso el triple que en 2007.
El encuentro con Calvo-Rubio, según informaron desde el Consistorio, sirvió también para reiterar la "predisposición" del Ayuntamiento a cooperar con el Ministerio Fiscal en la tramitación de los expedientes sancionadores abiertos sobre construcciones ilegales y sobre las que, según el concejal de Urbanismo, se ha incrementado la vigilancia. Una labor a la que se destinan cinco inspectores municipales y en la que participan agentes de la Policía Local y del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil.
En la entrevista, agregaron fuentes municipales, se abordó "la posibilidad de articular los mecanismos necesarios que permitan agilizar el proceso que discurre entre la apertura del expediente sancionador por parte del Ayuntamiento y la sentencia judicial".
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