Ya se ha producido una reunión entre el concejal de Urbanismo y el fiscal de Medio Ambiente para reforzar la cooperación contra las edificaciones ilegales
JAVIER GARCÍA RECIO. MÁLAGA El concejal de Urbanismo, Manuel Díaz, y el fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo, Juan Calvo Rubio, se comprometieron ayer a reforzar la colaboración y a trabajar en común para "agilizar" las denuncias que se presentan por las construcciones ilegales en suelo no urbanizable que se levantan en la capital, según informó un portavoz municipal tras la reunión mantenida por ambos en la mañana de ayer.
De hecho, en la reunión, uno de los aspectos que se tocó "con mayor preocupación" fue el de intensificar la cooperación para evitar en lo posible "la dilación en el tiempo de este tipo de expedientes", ya que, a juicio de ambas partes, resulta imprescindible frenar las construcciones ilegales cuando se encuentran iniciadas o en construcción, es decir, antes de que sean habitadas y se conviertan en un domicilio, "pues en ese caso al problema urbanístico se añadiría el problema social".
En este sentido, el concejal de Urbanismo reiteró "la predisposición a cooperar con la Fiscalía en la tramitación de los expedientes sancionadores", mientras que ésta trabajará para intentar "agilizar" el proceso que discurre entre la apertura del expediente sancionador por parte del Ayuntamiento y la sentencia judicial tras la intervención de oficio de la Fiscalía.
La entrevista de ayer se inscribe en el interés de ambas instituciones por reforzar las medidas contra la proliferación de construcciones ilegales una vez que la reforma de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) endureció la legislación sobre estas actuaciones que están calificadas como infracción penal.
Por ello, los datos del Ayuntamiento señalan que Urbanismo ha abierto cerca de una treintena de expedientes sancionadores desde comienzos de 2009 por construir en suelo no urbanizable, en una tarea en la que están implicados los inspectores de la Gerencia de Urbanismo, el grupo de Medio Ambiente de la Policía Local y la Guardia Civil, a través del Seprona.
Esta actividad persecutoria ya se reforzó durante el año pasado, tiempo en que Urbanismo remitió un total de 108 infracciones urbanísticas ilegales para su investigación judicial.
Esta cifra cuadruplicó a la de 2007, cuando se enviaron apenas 30 expedientes a Fiscalía, según los datos de la propia Gerencia de Urbanismo.
La gran mayoría de estas infracciones tienen como protagonistas a ciudadanos que son propietarios de un suelo o parcela en el campo y, por medio de la autoconstrucción, edifican una vivienda sin permiso y en suelo no permitido.
JAVIER GARCÍA RECIO. MÁLAGA El concejal de Urbanismo, Manuel Díaz, y el fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo, Juan Calvo Rubio, se comprometieron ayer a reforzar la colaboración y a trabajar en común para "agilizar" las denuncias que se presentan por las construcciones ilegales en suelo no urbanizable que se levantan en la capital, según informó un portavoz municipal tras la reunión mantenida por ambos en la mañana de ayer.
De hecho, en la reunión, uno de los aspectos que se tocó "con mayor preocupación" fue el de intensificar la cooperación para evitar en lo posible "la dilación en el tiempo de este tipo de expedientes", ya que, a juicio de ambas partes, resulta imprescindible frenar las construcciones ilegales cuando se encuentran iniciadas o en construcción, es decir, antes de que sean habitadas y se conviertan en un domicilio, "pues en ese caso al problema urbanístico se añadiría el problema social".
En este sentido, el concejal de Urbanismo reiteró "la predisposición a cooperar con la Fiscalía en la tramitación de los expedientes sancionadores", mientras que ésta trabajará para intentar "agilizar" el proceso que discurre entre la apertura del expediente sancionador por parte del Ayuntamiento y la sentencia judicial tras la intervención de oficio de la Fiscalía.
La entrevista de ayer se inscribe en el interés de ambas instituciones por reforzar las medidas contra la proliferación de construcciones ilegales una vez que la reforma de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) endureció la legislación sobre estas actuaciones que están calificadas como infracción penal.
Por ello, los datos del Ayuntamiento señalan que Urbanismo ha abierto cerca de una treintena de expedientes sancionadores desde comienzos de 2009 por construir en suelo no urbanizable, en una tarea en la que están implicados los inspectores de la Gerencia de Urbanismo, el grupo de Medio Ambiente de la Policía Local y la Guardia Civil, a través del Seprona.
Esta actividad persecutoria ya se reforzó durante el año pasado, tiempo en que Urbanismo remitió un total de 108 infracciones urbanísticas ilegales para su investigación judicial.
Esta cifra cuadruplicó a la de 2007, cuando se enviaron apenas 30 expedientes a Fiscalía, según los datos de la propia Gerencia de Urbanismo.
La gran mayoría de estas infracciones tienen como protagonistas a ciudadanos que son propietarios de un suelo o parcela en el campo y, por medio de la autoconstrucción, edifican una vivienda sin permiso y en suelo no permitido.
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