El Gobierno andaluz aprobó ayer el proyecto de la Ley del Derecho a la Vivienda, que regula el derecho constitucional y estatutario a una vivienda digna y adecuada para todos los andaluces, así como la posibilidad de que los ciudadanos reclamen su cumplimiento ante los tribunales.
El proyecto, que se remitirá al Parlamento andaluz para su aprobación definitiva antes de finales de año, recoge que las administraciones públicas (Junta y ayuntamientos) estarán obligadas a favorecer este derecho de acceso, bien en propiedad o en alquiler, a todas aquellas personas que carezcan de ingresos económicos para acceder a una vivienda del mercado libre en su localidad.
En concreto se dirige a aquellas unidades familiares que ingresan 36.000 euros brutos anuales, tengan vecindad administrativa en algún municipio de la comunidad autónoma (mínima de tres años); no sean titulares ni tengan derechos de disfrute sobre un inmueble ya existente y estén inscritas en el futuro Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida.
La Junta deberá adaptar el Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012 a lo dispuesto en la Ley. Además, los ayuntamientos dispondrán de un plazo máximo de dos años para la aprobación de los planes municipales necesarios.
Tras la aprobación del texto, el presidente del PP de Andalucía, Javier Arenas, aseguró que su partido irá a los tribunales si la Junta obliga a los ayuntamientos a garantizar viviendas gratis. Denunció así los alcaldes van a ser los que tendrán que garantizar las viviendas a todos los ciudadanos.
Compra. Al margen de la nueva ley, el consejero de Vivienda, Juan Espadas, anunció que la Junta comprará a través de la Empresa Pública del Suelo Andaluz (EPSA) viviendas protegidas en las promociones que tienen viabilidad y demandantes, pero que están atascadas por la restricción de los créditos, para ponerlas en alquiler con opción a compra.
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