El PGOU califica como público el suelo ocupado por el Casino. Marbella (La Opinión)

Los presidentes del colectivo reclaman que el Plan reconozca la titularidad privada del suelo, basada en un derecho de propiedad que data de 1926

Histórico. El local que regenta la asociación tiene una larga tradición a sus espaldas. P. S.

PRINCESA SÁNCHEZ. MARBELLA La parcela de 1.500 metros cuadrados que ocupa la centenaria asociación cultural y recreativa Casino de Marbella junto al Parque de la Alameda es pública. Así lo establece el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad en su última versión, pendiente de una segunda aprobación provisional.

Esta calificación no es la misma que reconocía el documento urbanístico en su redacción inicial, en 2007, donde aparecía como zona de Parque y Jardín (PJ), ni la que figuró posteriormente tras la primera aprobación provisional, ya en 2008, en la que se incluía su suelo como un Sistema de Interés Público y Social (SIPS) de carácter privado.

"Es un error y vamos a presentar alegaciones", avanzó a este diario Antonio Rik, el presidente de Casino Marbella quien argumentó que este colectivo social cuenta con un derecho de ocupación de estos terrenos "de por vida, es decir, mientras exista la asociación". Un certificado que data de 1926 y que les permitió contar con sus propias escrituras en la década de los 40.

Sin embargo, el registro de la propiedad les contradice, según recuerdan los grupos políticos de la oposición en el Ayuntamiento de Marbella, PSOE e IU. "Se trata de un suelo de titularidad municipal cuya gestión se otorgó en régimen de concesión administrativa", destacaron. Ambos partidos apoyan la nueva calificación, pero temen que el gobierno municipal del PP la modifique.

Los 19 trabajadores de la cafetería y la pizzería que regenta el Casino en esta parcela también solicitan que los terrenos mantengan su titularidad pública. Es una de sus principales bazas para reclamar su empleo. Actualmente, todos están en paro. Una orden de embargo sobre la subcontrata que los mantiene en nómina, Rusaleda, los desalojó de las instalaciones el pasado 8 de junio.

Error sobre la titularidad. Por su parte, el arquitecto y redactor del Plan, Manuel González Fustegueras, es claro en sus conclusiones sobre este problema. Reconoce que calificarla como un equipamiento privado fue un "error de apreciación sobre la titularidad de la parcela". De esta forma, se mantiene el destino dotacional público ya propuesto para estos terrenos en el Plan General vigente, aprobado en 1986. Fustegueras argumenta que su calificación como SIPS y no como PJ, como solicitaban algunos colectivos, se debe a que "se considera necesaria su implantación para satisfacer las necesidades del entorno". No obstante, deja el balón en el tejado del Ayuntamiento. "El PGOU no es competente para pronunciarse sobre la conveniencia o no de mantener la concesión administrativa sobre la parcela".