Una práctica favorecida por los años del ´boom´ del ladrillo (La Opinión)

Comisiones Obreras calcula que la cifra de alojamientos legales en la provincia, 38.952, es "muy inferior" a la de inmuebles que se alquilan sin un control oficial

Ladrillo. Vista aérea de una zona del litoral de la provincia de Málaga, con la primera línea plagada de construcciones. La Opinión

J. TORRES. MÁLAGA Los sindicatos, que han sido parte negociadora en la creación del nuevo decreto, también dieron su punto de vista a La Opinión de Málaga respecto a la necesidad de una nueva regulación en el alquiler de apartamentos turísticos.

Es el caso de CCOO que, a través de su secretario regional de Comercio, Hostelería y Turismo, Gonzalo Fuentes, considera esta temática como un fenómeno de toda la vida que se ha incrementado gracias a la bonanza los últimos años. "La burbuja del ladrillo sirvió para que muchas personas compraran apartamentos y, por tanto, la especulación también ha llegado a los propietarios que deciden alquilarlos para sacar rendimiento a sus inmuebles", apunta Fuentes. No obstante, los cálculos de este sindicato estiman que en la provincia hay 38.952 apartamentos reglados, "por lo que es fácil deducir que hay muchos más que se usan de forma irregular", dice Fuentes.

A esto hay que sumar los métodos de difusión, ya que el alquiler irregular se hace a través del boca a boca, de la familia, de un conocido o de internet, donde la oferta es abrumadora.

Empleo irregular. Y el negocio es redondo. Según Fuentes, este tipo de alquiler representa prácticamente toda la oferta extrahotelera de la Costa del Sol y no hace frente a las obligaciones a las que se enfrentan los apartamentos regulados. "Hablamos de alquileres alegales que no hacen frente a la Seguridad Social ni Hacienda y que forman parte de la economía sumergida", abunda el sindicalista, quien destaca que también fomenta el trabajo de personas de forma irregular. No menos importancia le da el sindicato al daño que este tipo de actividad puede causar sobre la imagen de la Costa del Sol. Fuentes se refiere al hecho de que esta opción suponga un ahorro económico del consumidor con el riesgo de que le den "gato por liebre". "Este tipo de alquiler tiene unos riesgos en los que el cliente puede quedar indefenso a la hora de reclamar. No siempre el apartamento es como lo pintan ni se encuentra a pie de playa como lo anuncian", explica Fuentes. Además, existe el agravante de que casi siempre se exige buena parte del pago por adelantado.

Ante esta situación, la propuesta de CCOO se basa en la necesidad de cambiar la ley de arrendamiento urbano, así como en "una voluntad política real que fomente las inspecciones y los medios para fomentar la legalidad de estos arrendamientos".