El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Fuengirola dio ayer un importante paso hacia su aprobación definitiva con la incorporación de las modificaciones y correcciones exigidas en los últimos informes sectoriales emitidos por distintos organismos públicos competentes (las consejerías de Medio Ambiente, y Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía; la Agencia Andaluza del Agua; el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif); y los ministerios de Fomento y Medio Ambiente).
El Pleno de la Corporación acordó ayer con el único voto en contra del PA darle el visto bueno a todos los condicionantes exigidos, así como su inmediato envío para que cada una de estas administraciones vuelvan a pronunciarse. En caso de que todas las respuestas fueran favorables, el siguiente paso sería ponerlo en conocimiento de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio para que dé luz verde al PGOU, último trámite para su aprobación definitiva.
La necesidad, a juicio de la Agencia del Agua, de incorporar un plan de infraestructuras y un estudio de inundabilidad de los cauces de arroyos y ríos de la ciudad; la compatibilidad del PGOU con la línea que delimita el dominio público marítimo-terrestre marcada por el Ministerio de Medio Ambiente o la previsión de que el desarrollo urbanístico se adelante a proyectos futuros del Ministerio de Fomento en materia de carreteras son algunas de las cuestiones que el Ayuntamiento ha tenido que solventar para desbloquear la tramitación.
Retraso
En este punto, la alcaldesa de la ciudad, Esperanza Oña, lamentó el retraso de las distintas administraciones en pronunciarse sobre «un documento que puede dar algo de vida y progreso a la ciudad, paralizada por las administraciones gobernadas por el PSOE». En este sentido, la concejala de Urbanismo, Ana Mula, citó como ejemplo que «después de un año y medio esperando, hace unos días ha llegado el informe de Fomento».
Además, la edil mostró su desacuerdo con los requerimientos de Fomento y, en especial, con los criterios a la hora de marcar el dominio marítimo-terrestre -«en toda la ciudad la línea avanza por la ribera y al llegar a Carvajal, afecta a una docena de edificios», criticó-, aunque dejó claro que «estas cuestiones no se negocian ni se consensúan, sino que se aceptan, se aceptan o se aceptan».
Todas las indicaciones incorporadas contaron con el respaldo del PSOE, a pesar de que su viceportavoz, Javier García León, recalcó que el PGOU «podría ser mejor con otras formas y otros criterios de hacer ciudad». Quien sí que se opuso fue el edil de Grupo Andalucista, Cristóbal González, aunque sólo en uno de los puntos, el relativo al desarrollo de la finca de La Rosaleda (al norte de Las Salinas), donde la parcela se dedicará por completo a la construcción de VPO. «Perjudica a los propietarios del suelo porque tienen menos valor y, además, supone una concentración excesiva y exclusiva de VPO que podría provocar la creación de guetos», aseguró.
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