La confrontación entre el Ayuntamiento de Málaga y la Junta de Andalucía vuelve a estar servida. El escenario que se dibuja para este verano está salpicado por otra disputa, que podría llegar a ser jurídica, con el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) como eje. Todo ello después de que el equipo de gobierno del PP se sirviese de su mayoría absoluta para aprobar en Pleno el planeamiento, al que se incorporan 168 subsanaciones, pero en el que se mantienen los proyectos que la Administración autonómica rechaza: la ocupación de Arraijanal, el salto de ronda, la construcción en las márgenes del río Campanillas, el puerto deportivo en El Morlaco y la edificación en la Sierra de Churriana, entre otros.
Tras la ratificación de las citadas variaciones, el documento pasará a manos de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, a la que compete aprobar o desestimarlo. La idea es que la Junta se pronuncie a finales de julio, dejando en suspenso las propuestas con las que discrepa.
La aprobación del PGOU, no obstante, no estuvo exenta de crítica, ya que tanto PSOE como IU votaron en contra, al entender que incluye un modelo "inviable" y destinado a "hacer caja" mediante convenios urbanísticos. La de ayer fue la tercera ocasión en la tramitación del PGOU en que el PP se queda solo en su aprobación. A pesar de ello, el concejal de Urbanismo, Manuel Díaz Guirado, insistió en el "consenso" existente en torno a los futuros desarrollos y defendió que vienen a "mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, hacen una ciudad moderna, de vanguardia y de futuro, apuestan por las VPO y consolida el liderazgo económico de Málaga en Andalucía".
Sobre los grandes desencuentros con el Gobierno autonómico, insistió en que no se alteran las previsiones en Arraijanal o el salto de la ronda, entre otros, porque "su viabilidad y beneficio se han puesto de manifiesto". "Son declarados inviables por cuestiones de oportunidad y no de legalidad, habiéndose extralimitado la Junta en sus competencias", apostilló, al tiempo que dijo que si ciertos políticos de esta institución "no se hubiesen inmiscuido en las reuniones técnicas seguro que se hubiese llegado a más acuerdos".
Para los grupos de la oposición, la insistencia en estas acciones derivará en una nueva confrontación política e institucional. El portavoz de IU, Pedro Moreno Brenes, criticó que al equipo de gobierno le dé igual que la Administración que tiene que decidir sobre el documento "le haya dicho no". "¿En qué embrollo jurídico y político nos van a meter?", se preguntó. A su juicio, el acuerdo de ayer es el "preámbulo de una confrontación, que puede acabar en los tribunales", al tiempo que comentó que el Plan General necesario era "el de los equipamientos, el de los espacios libres, el de la VPO, el de los ciudadanos".
El portavoz del PSOE, Rafael Fuentes, acusó al alcalde de ser "el único que piensa que los informes sectoriales están para que los cumplan otros" y de mantener "la política de confrontación". Para Fuentes, la directriz que marca es la de: "Hay que construir para conseguir dinero". "Su modelo es el de la venta de Málaga, de todo lo que queda libre en la ciudad. Le ponen un precio a nuestra ciudad", sentenció.
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