miércoles, 29 de julio de 2009

El Ayuntamiento aprobará hoy el PGOU con el respaldo del PP y el PSOE. Marbella (SUR)

El concejal de IU emitirá el único voto en contra del documento, que será remitido a la Junta para que pueda entrar en vigor en otoño
El Ayuntamiento aprobará hoy el PGOU con el respaldo del PP y el PSOE
La ciudad volverá a tener un documento de ordenación 23 años después. /JOSELE-LANZA
El nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella no parece convencer de forma íntegra a nadie, pero su segunda aprobación provisional será respaldada hoy en pleno por el PP y el PSOE. No habrá, sin embargo, unanimidad a la hora de la votación, porque el concejal de IU rechazará la aprobación del documento. El interés general resume el argumento de los tres grupos representados en el Ayuntamiento para determinar su postura ante el texto urbanístico, que será remitido a la Junta de Andalucía para su aprobación definitiva, aunque los criterios de cada formación para determinar su posición ante el Plan son absolutamente dispares.
El PGOU que se llevará hoy a pleno no se corresponde con el documento que hubiera querido aprobar el Ejecutivo local. Así lo ha asegurado la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, cuyo equipo de Gobierno ha dado marcha atrás en los últimos días a las modificaciones que pretendía incorporar respecto a la legalización de edificaciones irregulares que se encuentran habitadas. Los populares, según la regidora, se han visto obligados a dejar fuera de ordenación cerca de medio millar de viviendas repartidas entre el edificio Banana Beach y dos promociones en La Víbora y Río Real ante la advertencia de la Administración autonómica de que no daría luz verde al nuevo Plan en estos términos.
A pesar de ello, el Gobierno municipal aprobará el documento al considerar que presenta un importante número de beneficios para la ciudad. El primero de ellos, que ofrecerá seguridad jurídica y urbanística a los propietarios de las cerca de 17.000 viviendas ilegales que se normalizan mediante un sistema de compensaciones que deberán asumir los promotores, así como a los inversores que decidan apostar por Marbella. Entre los aspectos positivos del nuevo PGOU, el Ejecutivo local destaca también la recuperación de espacios libres y equipamientos, cuya ratio de metros cuadrados por habitante se multiplicará respecto a los límites establecidos por la normativa.
El PSOE, por su parte, respaldará hoy la aprobación provisional del Plan por «responsabilidad política». La formación coincide con el equipo de Gobierno en que el nuevo planeamiento dotará al municipio de la seguridad jurídica y urbanística de la que «le despojaron durante quince años un grupo de corruptos», según aseguró ayer la portavoz de los socialistas en el Ayuntamiento marbellí, Susana Radío. Otras de las razones concurrentes entre los dos partidos mayoritarios es que el documento aporta una base legal a las miles de familias que ocupan viviendas ilegales y que permitirá a los inversores contar con garantías para reactivar el desarrollo económico.
Discrepancias
Las discrepancias se enmarcan, según el PSOE, en la ausencia de participación ciudadana a la hora de tramitar el plan, en la reducción de compensaciones a los promotores de viviendas ilegales acometidas por el Ejecutivo local y en la falta de dotaciones de carácter social, así como en la cuestión de los lindes con los municipios limítrofes. «Es un Plan que no nos gusta», afirmó ayer el secretario de los socialistas en Marbella, José Bernal.
Respecto a la decisión del equipo de Gobierno de renunciar a la incorporación de cerca de 500 viviendas ilegales habitadas al proceso de normalización, Radío destacó que los populares «no han hecho nada durante dos años para buscar acomodo a estas promociones». Según la portavoz socialista, la actuación de la alcaldesa en los últimos días de cara a buscar un acuerdo consensuado con la Junta de Andalucía para legalizar los inmuebles ocupados que quedan fuera de ordenación «ha sido puro teatro».
A pesar del respaldo del PSOE, en la sesión plenaria de hoy no habrá foto de todos los ediles de la Corporación respaldando la aprobación provisional del PGOU. El concejal de IU en el Ayuntamiento, Enrique Monterroso, anunció ayer a este periódico que su formación votará en contra del documento al considerar que se trata de un Plan «legal, pero inmoral». El portavoz de la coalición de izquierdas aseguró que el texto urbanístico no plantea un modelo de ciudad, sino que se limita a «intentar arreglar los desmanes del pasado», y presenta un sistema de compensaciones injusto.
Cifras irreales
Para Monterroso, las cifras de equipamiento y espacios libres que contempla el documento son irreales, dado que están basadas en unos datos de población falsos, mientras que la gestión del nuevo PGOU es irrealizable porque una gran parte de los criterios fijados en el texto urbanístico no podrán llevarse a cabo. En este sentido, el edil destacó que, según algunos expertos, el Plan que se aprobará hoy sólo podrá ejecutarse en un 20 por ciento. «Se trata de un pacto entre la Junta y el Ayuntamiento de Marbella para dar carpetazo al pasado de la ciudad», aseveró el concejal de IU, que censuró además que la tramitación del PGOU se ha llevado a cabo de espaldas a la ciudadanía.
El nuevo texto urbanístico no cuenta con el beneplácito de la coalición de izquierdas, pero sí de los empresarios de la ciudad. El Centro de Iniciativas Turísticas (CIT) sostiene también que es un Plan que no satisface a todos, pero destaca la necesidad de su aprobación, puesto que constituye una herramienta económica vital para el municipio. El presidente del colectivo, Miguel Gómez y Molina, asegura que la decisión del equipo de Gobierno de no incorporar modificaciones que hubieran supuesto un conflicto con la Administración autonómica ha sido acertada.
Lo contrario hubiera bloqueado un instrumento que Marbella demanda con urgencia, a juicio del empresario. «La alcaldesa ha sido pragmática y no se debe considerar este hecho como una concesión del Ayuntamiento o un triunfo de la Junta», señaló Gómez y Molina, que solicitó al Gobierno regional que cumpla su compromiso de acortar los plazos para la aprobación definitiva y la entrada en vigor del nuevo PGOU.

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